La Consulta Popular es de vida o muerte para el Ecuador. Hay que pedirle al presidente que la haga, exclusivamente para suprimir la estructura estatal impuesta el 2008. No hay tiempo para otras preguntas, por importantes que sean, retardaría varios meses la aprobación por parte de la Corte Constitucional.
En la tardanza, el presidente corre peligro que lo destituyan los de «derecha» y los de «izquierda», aliados a los peones del narco-terrorismo que trabajan en su desestabilización, desde que proclamaron el resultado electoral, para recuperar el control de la impunidad en el país.
Es prioritario eliminar las funciones creadas en Montecristi. Y para hacerlo, ciudadanos de Santo Domingo, propusieron el 2019, reforma constitucional parcial, cuyas preguntas ya están aprobadas por la Corte Constitucional en Dictamen 7-19-RC-19. Por tanto, el presidente debe disponer al CNE que convoque a Consulta Popular con las preguntas aprobadas en los acápites 2.5 a 2.13 del Dictamen 7-19-RC-19.
Es irresponsable incluir otras preguntas en la actual circunstancia; máxime, cuando las preguntas que desarman la estructura constitucional narco-comunista, al estar aprobadas por la Corte Constitucional, tienen que ser admitidas sin dilaciones, por el principio «erga omnes». Aquello, es un triunfo para el presidente, porque le impide al narco-terrorismo, maniobrar la Corte Constitucional, donde también tienen aliados. Con el resultado de la Consulta Popular que es de obligatorio e inmediato cumplimiento, el presidente deberá presentar a la Asamblea, la reforma constitucional, perurgiéndola a cumplir el mandato popular surgido de la Consulta. Ahí, asume liderazgo, al desarmar el narco-Estado vigente.
Solo entonces, puede proponer reformas, disponer otra Consulta con todas las preguntas que desee. ¡No amnistía al narco-terrorismo! ¡No amnistía a la guerrilla urbana! ¡No amnistía al vandalismo, saqueo, destrucción e incendios! ¡No tenemos derecho a olvidar el crimen organizado, a sentar un infame precedente!