En el Ecuador, la seguridad y el orden público son derechos que se encuentran constitucionalmente establecidos. Destaco lo prescrito en el artículo 3, numeral 8 “Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción”. Pero, de cara a la realidad nos encontramos con el desbordamiento de la actividad delictiva y una corrupción institucionalizada como cosa normal.
Lo que condiciona nuestra libertad y decisiones diarias. Dónde vivimos, por dónde transitamos, dónde invertimos, en qué y cómo trabajamos. Es decir, la calidad de vida y el bienestar de la población está directamente afectada.
En esta penosa situación, los jóvenes están altamente representados entre las víctimas y victimarios. Sus vivencias revelan patrones de violencia intrafamiliar, drogas y alcohol, la falta de oportunidades e indiferencia del Estado. El crimen es un fenómeno complejo, que requiere de mano dura y soluciones en muchos frentes, priorizando la educación y generación de empleo digno.
En mi opinión, atravesamos una de las peores crisis y requerimos acciones urgentes de liderazgo por parte de las autoridades. No evidenciamos trabajo en la problemática de seguridad por parte de los gobiernos locales, nadie se hace responsable. Esto tiene que cambiar.
Así mismo, de poca utilidad es una policía que está atada de manos, cárceles saturadas que no cumplen en lo absoluto su función de rehabilitación. Y un sistema judicial que no ejecuta como debería. Los Asambleístas tienen la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas para proteger a la ciudadanía y a los funcionarios policiales, a fin de que puedan cumplir con su rol de proteger, sin temor de salir “paradójicamente perjudicados”.