Mediante decreto ejecutivo 224 el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, declaró el estado de excepción en todo el territorio nacional durante 60 días para combatir la «grave conmoción interna» debido al «aumento de la actividad delictiva».
Las cifras son claras, la violencia y delincuencia se han convertido en rasgos preponderantes de nuestro país, no es coincidencia que estemos situados entre los países más peligrosos de Sudamérica.
En 2020, Ecuador cerró ubicándose en el segundo mayor crecimiento en las tasas de homicidios en América Latina y el Caribe, siendo Guayaquil la ciudad más violenta del país. El país cerró el año con 1.357 asesinatos, frente a alrededor de 1.188 en 2019. Entre enero y julio de 2021, ocurrieron 1.229 muertes violentas. En el mismo período de 2019, en cambio, hubo 592 casos. El incremento es del 108%.
El Ministerio de Gobierno ratifica que los escenarios de seguridad no son favorables. La afirmación consta en el proyecto Fortalecimiento de la Policía Nacional para operaciones del orden público y seguridad ciudadana, que se lanzó en plena pandemia y está en ejecución. El Gobierno planteó invertir USD 15,8 millones, ya que la desaceleración económica mundial causaría un incremento en los niveles de pobreza y desempleo. Lo que, a su vez, aumentaría los índices delincuenciales y problemáticas de orden público.
En cuanto a los niveles de inseguridad y violencia interna, Ecuador cierra 2020 con las peores cifras de los últimos seis años. Estos indicadores se miden, principalmente, con la tasa de muertes violentas por cada 100.000 habitantes.
Esta minúscula operación no ha devuelto ni devolverá la paz en las calles del país, es imprescindible poner en marcha un plan nacional de seguridad que contemple la ejecución inmediata de acciones conjuntas de la sociedad y el gobierno, caso contrario estos hechos se seguirán reproduciendo de una manera insostenible.