Karla Estrella Mejía
La millonaria deuda que mantiene el Ministerio de Finanzas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados parroquiales, municipales y provinciales; y que corresponde a las alícuotas establecidas dentro del Modelo de Equidad Territorial, parecería no ser suficiente para que estos gobiernos puedan solventar los gastos y necesidades como el pago de sueldos a funcionarios y otras responsabilidades importantes, las cuales dejan de ser atendidas por esta moratoria que viene siendo un problema constante.
Y es que esta política pública, legitimada dentro del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, permite a los gobiernos autónomos del país, participar de las rentas del estado conforme a los ingresos permanentes y no permanentes. Sin embargo, diversas causas han generado el impago de estas alícuotas. Hablando de política pública, es oportuno considerar que quizá la derogada Ley de Plusvalía pudo haber traído al menos a los gobiernos municipales una forma de recaudación justa, que contrarreste a las prácticas de especulación en terrenos que ganan plusvalía por la construcción de obra pública; y es que sin duda, las inversiones públicas en proyectos de vialidad, edificación y mejoras urbanísticas, generan una suerte de aumento en la plusvalía de los bienes inmuebles que se benefician de estos proyectos; por lo tanto, lo más idóneo sería que los municipios puedan fijar tributos a esos inmuebles en consecuencia del desarrollo urbano, y no de forma generalizada a todos los ciudadanos a través de la llamada revalorización de los terrenos.
Pero lamentablemente, los proyectos de política pública suelen ser objeto de manipulación de grupos políticos, que desvalorizando el beneficio que pueda generar una ley, ejercen presión desinformando a la ciudadanía para lograr el rechazo generalizado; esto con la idea de restar capital político a los idearios del proyecto. Es así como se trunca la política pública y se retrasa el desarrollo sostenido.