Paco Moncayo Gallegos
La existencia del Estado se ha justificado desde la filosofía y ciencia política por la necesidad que tiene la población, su componente más importante, de ser protegida frente a amenazas y riesgos reales y potenciales, de origen externo o interno, que atenten contra su derecho a una vida de paz, bienestar y seguridad. El cuadro de la violencia era de fácil comprensión, cuando provenía de intereses de otros Estados, de grupos políticos internos confrontados, de la delincuencia común y de lacras sociales.
Pero, el contexto de la seguridad en el presente siglo se ha vuelto mucho más complicado. Se lo caracteriza como una situación volátil, incierta, compleja y ambigua, en la cual las amenazas se califican como ‘intermésticas’ (mezcla de internacionales y domésticas) y los enfoques ‘glocales’ (a la vez globales y locales) lo cual, consecuentemente, ha difuminado la frontera entre seguridad y defensa; entre asuntos policiales y militares.
La principal amenaza actual es el crimen organizado, con su eje primordial, el negocio de las drogas que ampara también: tráfico de personas, de órganos, de armas, minería ilegal, delitos ambientales y otras atrocidades. Y, lo insólito, las bandas criminales se han convertido en principales actores geopolíticos y políticos. No combaten al Estado, sino que buscan cooptarlo, gobernar indirectamente a través de políticos, jueces, fiscales, policías, militares, activistas de oenegés, etc.; para lograrlo, emplean el arma del terror, para presionar a los gobiernos a no confrontarlos, lo que configura al Estado mafioso, o para crear un ambiente de violencia generalizada que ponga en duda la capacidad del Gobierno para proteger a la gente. En el segundo caso, pueden participar en el conflicto político interno, en el bando que convenga a sus intereses.
Nuevas realidades requieren nuevos enfoques y distintos paradigmas. El país no puede seguir enfrentado a esta amenaza que afecta sus valores fundamentales e intereses vitales, con políticas públicas probadamente ineficaces ni con un marco jurídico anacrónico. El cambio requiere de una valiente y patriótica actitud de todas las funciones del Estado y del apoyo de la ciudadanía organizada. El futuro de Ecuador depende de ello.