Italo Sotomayor Medina.
En un capítulo más de las ‘vístimas’ del correísmo, les presento hoy a María de los Ángeles Duarte. ¿Cómo dice? ¿No la recuerda? No se preocupe, yo le refresco la memoria. Fue una de las caras más visibles de la década pasada, principalmente por haber sido ministra de Transporte y Obras Públicas, de Desarrollo Urbano y Vivienda, y de Inclusión Económica y Social. Sí, estuvo por todos lados, siendo siempre secundada y aplaudida por el Mashi. ¿Lo último que se supo de ella? Fue sentenciada a 8 años de prisión por el delito de cohecho, dentro de la investigación conocida como “Arroz Verde”.
Pese a la sentencia, Duarte nunca cumplió su condena y desde el 2020, fue recibida como huésped de honor en la Embajada de Argentina en Quito. Ahora, tras más de dos años encerrada en dicha dependencia, el gobierno argentino le ha concedido asilo político. ¡Vaya premio de Alberto Fernández! Pero eso no es todo, pues, con total prepotencia, le dio 48 horas al gobierno ecuatoriano para conceder el salvoconducto para ponerla en un avión hacia su país. ¡Plop!
Sobre lo sucedido, dos cosas. La primera: la Convención de Caracas de 1954 sobre Asilo Político, establece en su tercer artículo, la prohibición de otorgar asilo político a personas que se encuentren condenadas por delitos comunes y que no hayan cumplidos las penas impuestas por tribunales competentes. ¿No es acaso el cohecho un delito común? La segunda, no se dejen confundir. La emisión de un salvoconducto, no es una obligación humanitaria, es una decisión soberana y exclusiva del país que decide concederlo.
A la señora Duarte la investigaron, procesaron y condenaron, incluso, mucho antes de que Guillermo Lasso llegara al poder. Entonces, ¿hay realmente persecución política ante la negativa ecuatoriana? Para nada; es tan solo una más de las pataletas y berrinches del correísmo. ¡Nada más absurdo que pedirle al Estado ecuatoriano que autorice a Duarte a fugarse del país! Como bien ha dicho el Ministerio de Relaciones Exteriores, no es lícito conceder asilo a una persona condenada por hechos de corrupción. Clarísimo.
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