Manuel Castro M.
Un refrán popular dice: “Árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza”. Viene a propósito sobre las actuaciones arbitrarias y ridículas del Consejo de la Judicatura y su presidente, Wilman Terán. Nace de que en el Ecuador no vivimos constitucionalmente un Estado de Derecho sino de derechos. Cada quien hace en el país lo que quiere; hasta los jueces inferiores administran justicia constitucional. El Consejo de la Judicatura pasó de ser un órgano administrativo a tener poder discrecional: nombra los jueces nacionales, los destituye, los prorroga, los somete. Es a consecuencia de la Constitución vigente de 2008, hecha al antojo del correísmo. Anteriormente había la Corte Suprema de Justicia, respetable juez de última instancia. Hoy, la Corte Constitucional puede modificar las resoluciones o sentencias de la Corte Nacional de Justicia, que se ha convertido en una comisaría importante, nada más, pues hasta un juez inferior puede suspender sus resoluciones.
El Consejo de la Judicatura hace caso omiso de las observaciones de organismos internacionales sobre las irregularidades en el concurso para jueces nacionales. No solo eso: prorroga a ciertos jueces nacionales incondicionales suyos sin tener la menor competencia. Mantiene al juez Rivera, quien exige autorización de la Asamblea Nacional para juzgar a un dignatario que ya no lo es. El supuesto pleno de ese Consejo, haciendo escarnio de cualquier principio, toma resoluciones con dos votos, de tres asistentes del Consejo, desde luego con el voto dirimente de Terán. La carencia de ética y conocimientos impiden que se mantenga a dos de los funcionarios de ese organismo. Que, además, a la falta de seriedad, suma cinismo e histrionismo por parte de su presidente.
Construye ha solicitado el enjuiciamiento político, con el apoyo de más de cincuenta asambleístas, contra aquellos dos funcionarios y una ex funcionaria. El trámite del juicio llevará tiempo (12 meses para iniciarse, según Kronfle), además de las rémoras de los interesados, delegados de prófugos y enjuiciados penalmente. El resultado es que el correísmo no dará su voto para sancionarlos. Mientras, se intenta seguir el proceso para la designación de los mencionados jueces. Por suerte el Colegio de Abogados ha logrado por lo pronto suspenderlo. La verdad es que el despelote jurídico y pacto seguirán imperturbables.
León Daudi afirma: “El mayor de todos los males es creer que los males no tienen remedio”. Con criterio y valentía hay que echar al canasto de basura la Constitución de 2008.