Un eventual juicio político a autoridades de la Judicatura puede poner en entredicho a la función judicial, dice Byron Guillén, juez de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia.
En la Corte Nacional de Justicia (CNJ) hay preocupación por el posible juicio político que se anuncia en la Asamblea Nacional en contra de Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ). El proceso fue planteado por el Partido Social Cristiano (PSC) el 5 de diciembre de 2023. Ese bloque legislativo extendió su solicitud de interpelación al vocal Xavier Muñoz y a la exvocal Ruth Maribel Barreno.
Byron Guillén, juez de la Sala de lo Penal de la CNJ, dice que le corresponde al Parlamento determinar las causales de la interpelación para admitirlo o no, y a los vocales de la Judicatura, defenderse.
Sin embargo, el magistrado consideró que un eventual juicio político podría desgastar la imagen, desacreditar y poner en entredicho a la Función Judicial, ya que la Judicatura es su organismo administrador, de gobierno y disciplinario.
El proceso en la Asamblea se da justo cuando la Judicatura lleva a cabo un concurso de méritos y oposición para llenar siete vacantes de jueces de la CNJ y que también ha sido observado a escala nacional e internacional por existir presuntas irregularidades.
Para Guillén, un juicio político llevaría, además, al escrutinio público a determinar si la Judicatura está actuando de manera correcta o no.
“Por eso, no podemos estar totalmente desconectados o ser indiferente a esa realidad”, señaló al aclarar que la Corte no es responsable de las acciones u omisiones del Consejo de la Judicatura.
Carpetas evaluadas por el Cpccs
Terán asumió el cargo de presidente de la Judicatura en febrero de 2023, luego de ganar un concurso organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) tras analizar y evaluar una terna enviada por el Pleno de la CNJ, que también estaba integrada por los jueces nacionales Luis Rivera y Mercedes Caicedo.
Guillén recordó que (en diciembre de 2022), la Corte envió al Cpccs las carpetas de candidatos “que uno cree pueden representar de mejor manera a la Función Judicial; pero obviamente nos preocupa, desde ese punto de vista, que un delegado nuestro esté sometido en un proceso de juicio político”.
Sin embargo, afirmó que las carpetas también fueron evaluadas por el Cpccs y de las que se eligió, según sus méritos, la que mejor representaba a la Función Judicial.
“Hasta ese momento llega la responsabilidad de la Corte, porque se cumplió con todos los requisitos”, afirmó Guillén.
‘Responsables de sus acciones’
A partir de entonces, los funcionarios públicos son responsables de sus acciones u omisiones; y los vocales del CJ son funcionarios que deben rendir cuentas a la ciudadanía, dijo.
“No es responsabilidad de la Corte Nacional de Justicia, no es responsabilidad de los jueces; cada funcionario público responde por sus actos”, remarcó.
En todo caso, el juez señaló que la CNJ se mantendrá neutral, pero observando cómo transcurre el proceso en la Asamblea, relacionada con las causales, etc, y estará atenta si eventualmente se llega a producir una censura.
Frente a esa eventualidad, señaló Guillén, el vocal Ramiro Román debería asumir momentáneamente la presidencia hasta que la CNJ remita una nueva terna. Esto está dentro de las posibilidades, pero aún es incierto.
“Pero a la Corte no le corresponde, ni es su rol emitir opiniones, ni caer en el ámbito político, ni pronunciarse ni a favor ni en contra, a la Corte no le corresponde, ni atacar, ni defender a la Judicatura. La Corte debe mantenerse en su criterio objetivo de defender la independencia y administrar justicia, nada más”, añadió. (SC)
Delegados del Ejecutivo y de la Fiscalía
Xavier Muñoz también está incurso en una solicitud de juicio llegó a la vocalía del CJ en representación del Ejecutivo (de una terna que fue enviada al Cpccs por el entonces Gobierno de Lenin Moreno). Lo mismo ocurre con la exvocal Maribel Barreno, como delegada de la Fiscalía.
En ese sentido, Guillén opinó que también habría que preguntar a esas funciones del Estado que enviaron sus delegados si tendrían alguna responsabilidad, “pero la respuesta va a ser que no tienen ninguna responsabilidad, más allá de que pueda existir una responsabilidad, no en el plano jurídico, sino personal. Siempre se busca a las mejores personas para que presidan los organismos, pero puede pasar dentro de la esencia humana, que puedan existir errores”, señaló.