El concurso para la renovación parcial de la CNJ arrancó el 28 de julio de 2023. La Judicatura, a cargo del presidente Wilman Terán, aspira concluir el proceso en febrero de 2024.
Para el 14 de diciembre de 2023, Patricia Segarra, jueza de la Unidad de la Familia (Quito), fijó la audiencia para resolver una acción de protección con medida cautelar que presentó el 29 de noviembre el Colegio de Abogados de Pichincha, y la Federación Nacional de Abogados (FENADE) para que se suspenda el concurso de designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que organiza el Consejo de la Judicatura.
El recurso ingresado a los tribunales por los gremios de abogados pretende que el concurso se suspenda provisionalmente mientras no haya una renovación del Consejo de la Judicatura. Las funciones del actual CJ culminan en enero de 2025
“Este Consejo de la Judicatura realiza el concurso para garantizar impunidad, para acomodar la Corte a sus intereses, para poner jueces a la carta; este Consejo no tiene calidad moral, no goza de la confianza de la opinión pública, hay falta de legitimidad de la autoridad que llama al concurso”, declaró Ciro Guzmán, director del Colegio de Abogados de Pichincha, y secretario de la FENADE.
En la acción de protección planteada se argumenta, según Guzmán, que en el concurso se habrían cometido vicios de ilegalidad que violentarían el debido proceso. En ese sentido, subrayó que el CJ estaría envuelto, no solo en irregularidades administrativas, sino en presuntas irregularidades penales que se ventilan en la CNJ por el cometimiento de supuestos delitos como tráfico de influencias y obstrucción a la justicia.
“Tenemos a unos vocales del Consejo de la Judicatura, impresentables”, subrayó Guzmán, al sostener que no tiene sentido que sean estas autoridades las que desarrollen el concurso cuando, además, los jueces que van a ser nombrados, por el fuero de corte, serán quienes conozcan las acciones que lleguen a la CNJ por los presuntos delitos.
En este caso, para Ciro Guzmán habría conflicto de intereses y falta de legitimidad. Se solicitó un pronunciamiento del Consejo de la Judicatura, y se informó que el pedido está en trámite. (SC)
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