Capacitación a jueces, a funcionarios del sistema penitenciario, modernización de la infraestructura, entre otros, forman parte de sus ejes de trabajo.
Con un llamado a las funciones del Estado a coordinar el trabajo en bien de la ciudadanía y la función judicial, Álvaro Román, asumió hoy, 24 de enero de 2023, su despacho en la presidencia del Consejo de la Judicatura (CJ). «Como representantes del Estado tenemos que dar buen ejemplo de no tener malas prácticas porque las malas prácticas son las que nos llevan a actos de corrupción y de eso hay que desligarnos «, señaló Román.
Defendió el fallo de la Corte Constitucional (CC) que, a más de haber dispuesto la destitución de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) por no acatar la sentencia de septiembre de 2022, ordenó que él (Román) asuma el CJ.
«La Corte Constitucional hizo la interpretación correcta y en sentencia les aclaró cómo debían entender la resolución», dijo. En todo caso, espera que se limen (asperezas) para llevar a la práctica las transformaciones que requiere la función judicial.
Román resumió que su gestión estará enfocada en cuatro ejes: Capacitación de los jueces en el ámbito constitucional. Refirió que en los últimos meses y días se han generado problemas en cuanto a la interpretación y la presentación de acciones de constitucionalidad «que genera mucho conflicto y corrupción». Aseguró que en su gestión se buscará prevenir y trabajar sobre sanciones a malos funcionarios que «sí merecen sanciones».
Anticipó que su tarea también estará enfocada en capacitar a los funcionarios del sistema penitenciario en torno a que no toda sentencia de los jueces se debe cumplir «porque no sería orden legítima de autoridad competente; una orden legítima tiene que estar revestida desde el punto de vista constitucional y legal», explicó.
Puso de ejemplo que, si a un funcionario le llega una resolución y observa que existe una desnaturalización de la acción constitucional, el funcionario del sistema penitenciario no debería acatar esa orden. «No es que estamos desacatando una orden constitucional, más bien se estaría creando malos precedentes y malas prácticas porque hay abogados que abusan y buscan estos jueces que tratan de aprovechar esas situaciones», señaló. En todo caso, afirmó que el 80 o 90% de los jueces del país son buenos y hay que respaldarlos.
Román también se comprometió a dar más atención a jueces, fiscales y defensores públicos que son, dijo, la razón de ser de la Función Judicial, y trabajar en la modernización de los expedientes, y agilizar el sistema de citaciones. “Este es uno de los grandes problemas que existen”.
Subrayó que el CJ solo es un complemento administrativo y disciplinario de esta Función.
«Nosotros deberíamos cambiar en el imaginario; no hablar ya del Consejo de la Judicatura como institución insignia, sino hablar de la función judicial; recalco este término, que los funcionarios y jueces entiendan que ellos no pertenecen al Consejo de la Judicatura sino a la función judicial». Una de las funciones del Estado no es el Consejo de la Judicatura; es la Función Judicial, resaltó.
Mencionó también que la Constitución obliga a la construcción de un Estado intercultural para que los ancestros y las comunidades indígenas se sientan incluidos, para evitar seguir con «políticas coloniales». Este también formará parte de su eje de su gestión.
Asimismo profundizará en la sensibilización a los funcionarios judiciales encargados de atender a las víctimas de violencia de género. Para ello, señaló, será necesario revisar la infraestructura de las unidades de flagrancia porque los lugares donde se atienden a estas personas no es amigable, ni sensible frente a los sufrimientos de las víctimas. (SC)