El presidente del CJ dijo que, si bien la CNJ le incluyó en una terna, fue el Cpccs que lo designó para el cargo. “Allí se corta el cordón umbilical”, afirmó Terán.
“Los juicios (políticos) no son motivo para alarmarse, al contrario, el juicio es un examen de valor de la verdad y yo estoy dispuesto a mostrarla cueste lo que cueste”, dijo Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ) durante una entrevista en el canal Ecuavisa.
Su declaración se produjo una semana después del anuncio del Partido Social Cristiano (PSC), del Movimiento Construye y Acción Democrática Nacional (ADN) en la Asamblea Nacional, de apoyar un juicio político en su contra; además del vocal Xavier Muñoz, y de la exvocal Ruth Maribel Barreno.
Presuntas irregularidades en el concurso público para designar a siete jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la extensión de los periodos de seis jueces nacionales, y la destitución con dos votos del juez Walter Macías, son las causales para la interpelación.
Terán se defendió y aseguró que el concurso para la designación de jueces ha ido avanzando de manera transparente y publicitándose en medios de comunicación y canales oficiales con alcance a más de 4 millones de personas.
“Si hubiese habido alguna anomalía, si hubiese habido algún perjuicio de derechos ¿no cree que alguno de los postulantes ya hubiese impugnado?, increpó el presidente del CJ en la entrevista.
En todo caso, mencionó que si por su voluntad, el proceso de designación volviera a fojas cero o al inicio (como lo solicitó la veeduría internacional que observa el concurso) implicaría un incumplimiento de funciones.
“Se está vigilando que (en el concurso) haya un acatamiento puro de la ley; estoy dispuesto a acatar lo que la normativa dice, es decir, no es mi gusto ni mi disgusto, lo que dice la ley no tiene efecto de interpretación”, expresó.
Además, aclaró que la normativa que definió las reglas del concurso fue establecida con anterioridad a su gestión como presidente del CJ.
COMITÉ DE EXPERTOS: PRUEBA ESCRITA
Terán también defendió que (Mireya Pazmiño) forme parte del Comité de Expertos que elabora el banco de preguntas para el examen escrito que rendirán los aspirantes a jueces. “Los seres humanos no tienen que ser estigmatizados por ningún concepto”, dijo
Aseguró que la integración del Comité de Expertos no salió de la voluntad de ninguno de los vocales del pleno del CJ, sino que hubo un llamado público en el que se inscribieron académicos y abogados.
Luego, las áreas técnicas del CJ establecieron quiénes cumplían los requisitos, y el informe fue remitido al pleno.
“Mas allá de verificar los nombres, lo que se verificó fue que tengan experiencia académica, título profesional, postgrados; hablamos de conocimiento académico, no de un procedimiento político”.
TERNA PARA SU DESIGNACIÓN
En la entrevista, el presidente de la Judicatura volvió a desestimar la resolución que adoptó la CNJ el 28 de agosto de 2023, cuando le retiró la confianza.
“Yo me debo estrictamente al pueblo, (la CNJ) me puso en la terna, pero me designó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; allí se corta el cordón umbilical”, afirmó.
JUEZ CASO SOBORNOS
Agregó que desde el primer día en funciones se le estigmatizó por una presunta cercanía con el correísmo.
Sin embargo, recordó que él fue el juez en el caso Sobornos y fue quien aplicó una sentencia condenatoria; además, que fue parte de la Comisión de Transparencia en el caso Angostura. “Yo imprimí el informe con el que se removió varios ministros en el régimen correista”, señaló.
Incluso, relató que, cuando fue director nacional de Asesoría Jurídica de Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales (Conagopare) tuvo que dar un paso al costado porque “sentía una invasión correista”.
¿Estigmatizan a las personas porque no las conocen?, cuestionó Terán, y dijo que en su gestión se busca difundir una cultura de inclusión en la que no se discrimine a nadie por su pasado y para que se respete la dignidad humana, y, no por construir plataformas políticas, se pretenda desnaturalizar a una persona.
Detalló que desde el inicio de su gestión (febrero de 2023) se ejecutaron 256 procesos disciplinarios con sanciones a jueces y fiscales; y se destituyeron a 62 servidores judiciales. Aseguró que en las administraciones de sus antecesores María del Carmen Maldonado o Fausto Murillo, no se llegó a ese nivel de decisión. (SC)
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