En un estudio de la Universidad Autónoma de México, se informa, sin ser secreto para nadie, sobre la inconformidad ciudadana frente al desempeño de la administración pública.
Quedaron señalados los motivos para esa intranquilidad y hasta fastidio: ineficacia para cubrir oportunamente las necesidades colectivas, excesivo papeleo que detiene los trámites, pereza crónica de los empleados para atender con la celeridad necesaria los asuntos que allí se ventilan, gravitante mordida o coima para que salgan los trámites, exceso de personal, entre otras causas de desconfianza en el trabajo de las instituciones del sector anotado.
Estas puntualizaciones y otras de preocupante realidad son válidas no solamente para el país azteca sino para América Latina en general, lo que contribuye al subdesarrollo en varios órdenes.
El término ‘burocracia’ se ha convertido en algo peyorativo, ya que entraña gran parte de lo especificado; desde luego, de esta catalogación negativa se debe excluir y reconocer las labores de los servidores que cumplen a cabalidad sus obligaciones, que sí los hay.
En Ecuador, Gabriela Calderón de Burgos, periodista de opinión e investigadora del Cato Institute, asevera que el crecimiento del gasto público y de la burocracia deriva en aumento de la corrupción; recomienda la reducción del tamaño del Estado (y de los ‘burócratas’) si en verdad se anhela combatir el mal indicado. ¿Hasta qué punto es viable esta exhortación en tiempos de pobreza y desempleo, agravados por la pandemia de coronavirus?
El recurso humano bien capacitado, por tanto operativo en el marco de la ética profesional, es lo recomendable, para ello se vuelve imprescindible cambiar la mentalidad obstruccionista y, en no pocos casos, de ‘viveza criolla’, existente también en otras áreas, como las parlamentarias.