Bajo ninguna circunstancia los ecuatorianos podemos acostumbrarnos a estos apagones. Ya hemos aceptado demasiadas faltas de parte del Estado: no tener seguridad, no tener educación pública de calidad, tener hospitales desabastecidos, no tener bibliotecas, no limpiar las aguas que las ciudades alimentan a los ríos, pagar una infinidad de yardas e impuestos, etc. Solo falta que ahora tengamos también, cada año y con cada estiaje, resignarnos a vivir con racionamientos eléctricos.
Las autoridades nos invitan ahora a esperar por la lluvia, mientras la gente muestra ya su capacidad de adaptación. La resiliencia ciudadana es admirable, pero no podemos dejar que nos distraigan de quién es el verdadero responsable. La culpa no es del clima y semejante pretexto no puede ser tolerado. Se advirtió hasta la saciedad sobre esta crisis y las autoridades tuvieron largos meses para contratar barcazas, dar mantenimiento al parque termoeléctrico o avanzar con los proyectos hidroeléctricos y de energías renovables. Así como el Estado ecuatoriano ha insistido, con regulaciones, exclusiones y subsidios, en controlar la generación eléctrica, ahora debe dar respuestas sustentables ante esta crisis.
La ciudadanía está pagando, injustamente, un precio millonario por la incompetencia histórica de las autoridades. En otras ocasiones, ante similares paralizaciones de servicios básicos orquestadas por organizaciones públicas, la gente alzó su voz. No puede ser que ahora, por miedo a favorecer indirectamente a ciertos actores políticos, la población se abstenga de exigir respuestas y acciones a quienes están al frente del país. Los ecuatorianos tenemos voz, y el próximo año tendremos voto, para hacer sentir nuestra indignación.