El Gobierno eligió un pésimo momento para iniciar su ofensiva contra aquellos jueces que percibe como cómplices del crimen organizado. Es inevitable que la ciudadanía perciba en ello un intento desesperado del régimen de distraer a la opinión pública tras el rechazo que sufrió en la consulta. Igualmente, el cambio de autoridad en el Consejo de la Judicatura y el proceso de renovación en marcha significaban una buena oportunidad para que el Ejecutivo inaugure una especie de ‘tregua’, en aras de mejorar la situación de la Justicia.
En un clima de hostilidad, el Presidente y su equipo atizaron la pugna de poderes con las recientes denuncias. Cabe esperar reacciones acordes de parte de los jueces, especialmente en un momento en que la crisis que atraviesa el Ejecutivo invita a sus opositores a especular y probar suerte.
Sin embargo, la falta de tino del Gobierno no invalida sus motivos. Ante la actual crisis de seguridad, resultaría pernicioso que la ciudadanía crea que la raíz de la inseguridad yace únicamente en la Policía Nacional, el Ministerio de Gobierno o diferentes instituciones al mando del Ejecutivo, cuando la Justicia es un factor determinante.
La ciudadanía debe conocer las escandalosas arbitrariedades en las que incurren muchos jueces porque sin apoyo popular, cualquier reforma profunda será inviable.
Será necesario esperar a que pase la agitación de la campaña y, luego, con un apropiado esfuerzo de comunicación, permitir que la ciudadanía comprenda verdaderamente lo que pasa en los juzgados.