Los asambleístas se aprestan a llevar a cabo el más drástico ejercicio de poder que les permite la Constitución: destituir al presidente de la República. Los bajísimos índices de aprobación de la Asamblea hacen que este proceso resulte cuestionable, pero los legisladores se aferran al triste pretexto de que si ellos son impopulares, el primer mandatario también lo es. No es momento de que intenten fungir de salvadores del país.
En una democracia, la legitimidad del poder Legislativo no se deriva solo de las elecciones, sino en su facultad de representar a todos los ciudadanos, con intereses diversos y contrapuestos.
Pese a que los asambleístas que mañana estarán en la sesión que se dispone a destituir al presidente de la República, llegaron a sus cargos en un momento de gran vulnerabilidad —enfrentando los efectos de la pandemia y de una década de autoritarismo— no articularon las soluciones urgentes que el país requería: en materia laboral, de seguridad social, de lucha contra el crimen, de fomento económico, de educación, etc. Al contrario, fueron simples instrumentos al servicio de fuerzas más grandes que persiguen el poder total.
Luego, la sucesión de escándalos —corrupción, derroche, insultos, amistades inconfesables y ahora hasta presuntos crímenes sexuales— privó a la mayoría de asambleístas de la legitimidad que debería tener un cargo público; pagado, además, con nuestros impuestos.
No importa cuántas elecciones o ‘muertes cruzadas’ se den, esta debacle continuará mientras las papeletas sigan llenas de improvisados sin preparación ni ética. Recae en los partidos la responsabilidad de postular cuadros de calidad, no sus divisiones menores ni personajes de relleno.