En cuatro años, la inversión mínima anual sería de $1.200 millones, pero en 2022 se gastará casi tres veces más en subsidios a los combustibles.
Dos semanas de paralizaciones, bloqueos y pérdidas económicas ponen de manifiesto que la inversión en el sector rural y agrícola ha sido la última rueda del choque de todos los gobiernos de turno.
Según Wilson Araque, director del área de Gestión y del Observatorio de Pymes de la Universidad Andina, esa desatención es uno de los principales problemas de fondo detrás de las protestas de las comunidades indígenas.
“Uno de los sectores que ha recibido poca o nula atención por años es el rural. Por ejemplo, solo piense en el tema de la conectividad. Si va a sectores alejados de las grandes ciudades, esa conectividad o no existe o es pésima”, dijo.
El potencial del campo ecuatoriano, según Araque, es enorme, pero siempre hay otros gastos más urgentes. Ni siquiera se ha implementado una política nacional de educación financiera para que los agricultores tengan más herramientas para asociarse y manejar sus recursos. En 2019 se creó una de esas políticas, pero quedó en el olvido.
Pedro Pallanca, agrónomo y economista, puntualizó que la desatención no solo viene del Gobierno central, sino también de los gobiernos locales. “El movimiento indígena, a través de Pachakutik, ha tenido la mayoría de las prefecturas en provincias como Cotopaxi en los últimos 14 años, pero el riesgo tecnificado no llega ni al 40% de los agricultores”, aseveró.
Falta un plan integral
En medio de la actual crisis varios sectores están clamando por la necesidad de un plan integral o una especie de “plan Marshall”, para mejorar las condiciones de vida y la producción en la ruralidad ecuatoriana.
Increíblemente, ni el movimiento indígena ni la izquierda ecuatoriana han esbozado y mucho menos cuantificado cuánto se necesitaría como mínimo para esa empresa. Sin embargo, desde Ecuador Libre, el tanque de pensamiento creado por el actual presidente Guillermo Lasso, se estableció que se necesitan $1.200 millones de inversión anual en un periodo presidencial (4 años), es decir, $4.800 millones como mínimo para sentar las bases para un campo menos pobre y más productivo.
Pallanca puntualizó que, sin embargo, el mismo movimiento indígena presiona por aumentar el subsidio a los combustibles que, solo en 2022, costará más del doble que esa inversión anual necesaria para salvar el campo.
“Lasso, con una caja fiscal quebrada y deudas por todos lados, ha cumplido parcialmente (menos del 20%) con ese plan esbozado por Ecuador Libre en temas como reabrir escuelas rurales, bonos para los primeros 1.000 millones, los créditos al 1%, reducción de aranceles y mejoras en la conectividad”, aseveró.
Ana Luisa Estrella, economista, afirmó que un “plan Marshall” para el campo no da resultados inmediatos y cuesta mucho, por lo que los políticos lo ponen al final de la lista, porque siempre hay cosas más urgentes que resolver.
“Ahora que estalló el descontento se pone en perspectiva la real importancia de invertir con miras a largo plazo. Pero en Ecuador eso es difícil porque casi no hay sector que no pida más dinero del Estado”, añadió. (JS)
Las promesas pendientes de Lasso
Bienestar y equidad para el campo
- Plan de hambre cero en el campo. Consiste en comedores comunitarios con almuerzo gratuito y kits de nutrición para los primeros mil días para mujeres embarazadas y sus hijos hasta los dos años, incluyendo leche y productos lácteos
- Centros de salud con reconocimiento ancestral.
- Incrementar el consumo de productos lácteos en la población mediante la ampliación del programa de desayuno escolar.
- Mejorar los servicios de salud y del seguro de desempleo del Seguro Social Campesino. Eso incluye definir jubilaciones justas para los campesinos.
- Reabrir y fortalecer al menos 900 escuelas rurales en todo el país.
- Fortalecer la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe
- Policía del campo. Crear una división especializada para el campo y la ruralidad, con equipamiento y entrenamiento especializado para la defensa de agricultores, camaroneros, pescadores.
Infraestructura e internet
- Ventas agropecuarias directas en el campo y ruralidad. Rehabilitar carreteras y caminos vecinales en zonas rurales para fomentar la inclusión y competitividad.
- Cobertura del 100% en internet y tablets para el sector rural.
- Agua potable para el campo y la ruralidad.
- Riego parcelario y maquinaria agrícola gratuitas. Facilitar el acceso a infraestructura para el riego por aspersión tecnificado (parcelario) con inversión estatal.
- Construir establos comunitarios en las zonas rurales para la producción de leche y la industrialización de carne vacuna y de ovinos.
Reactivación productiva y empleo
- Semilla de alto rendimiento para el pequeño agricultor, inseminación artificial para el pequeño ganadero y laboratorio tecnológico para el pescador artesanal.
- Impulsar modelos de asociatividad productiva y comercial, a través de ferias permanentes, para mejorar las ganancias de las comunidades indígenas y campesinos.
- $1.000 millones en créditos al 1%. Entregar créditos para el agro hasta 30 años plazo a través de la banca pública con apoyo de los organismos internacionales.
- Promover un seguro agropecuario a través del Banco Nacional de Fomento y Ministerio de Agricultura que proteja a los agricultores de pérdidas por desastres naturales y emergencias.
- Cero aranceles para la importación de bienes de capital, productos intermedios y materias primas para la agricultura.
- Impulsar la producción de carnes de res de leche y sus derivados reduciendo costos y subiendo los estándares de calidad internacional, para mejorar la oferta exportable.