Activistas y opositores señalan que la nueva norma aumenta los tipos delictivos, además de que da cabida a la ambigüedad y permite las arbitrariedades.
Redacción LA HABANA
El nuevo Código Penal de Cuba, aprobado ayer en la Asamblea Nacional, ha suscitado desde el principio los recelos y críticas de la disidencia y el activismo, que temen que asfixie la protesta social y el periodismo independiente.
Sus detractores señalan que aumentan los tipos delictivos, en 37, y que se endurecen las penas (cuatro delitos más con pena de muerte; 10 más con prisión perpetua).
Destacan asimismo que incorpora una ambigüedad calculada que da cabida a la arbitrariedad y consideran la reforma una reacción legal a las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.
Denuncian en este sentido los nuevos tipos delictivos por desórdenes públicos y contra la seguridad del Estado, así como aquellos que penalizan la financiación extranjera de ONG o medios de comunicación y la descripción del delito de espionaje.
Especial atención generan las condenas de cuatro a 10 años a personas –o representantes de ONG– que reciban fondos «con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional».
Lo califican de golpe a la posibilidad de disenso y al ejercicio de un periodismo independiente. (EFE)