QUITO,
El gobierno de Ecuador no logró el jueves apaciguar una huelga de trabajadores petroleros que semiparalizaron la producción estatal de crudo, en acciones que han dejado tres heridos y varios detenidos, mientras el descontento social amenazaba con reactivarse con fuerza en los próximos días.
«Creo que en este momento no hay motivos para que se reactive el paro en la Amazonia», dijo en principio el ministro de Gobierno, Alfredo Castillo. Quito dará respuesta a los empleados de empresas tercerizadoras que paralizaron actividades y ocuparon temporalmente varios pozos petroleros, aseguró.
Empero, unos 2.000 trabajadores petroleros subcontratados que declararon la huelga por dos días decidieron prolongar las protestas, cumpliendo el jueves el tercer día consecutivo, pero sin volver a afectar las labores hidrocarburíferas.
Castillo justificó el reclamo de las contratistas a las que la estatal Petroecuador adeuda 180 millones de dólares, según su representante Federico Pérez.
«La protesta fue contra Petroecuador, y en muchos sentidos tiene razón, porque es una empresa que ha sido conducida para su destrucción y a la que no se le reconoce capacidades para acumular recursos para la reinversión», declaró Castillo.
Las acciones de los manifestantes del martes derivó en una caída del 72% de la producción estatal de crudo, generando pérdidas por día de cerca de diez millones de dólares, lo que llevó al Gobierno a declarar el estado de emergencia en las provincias amazónicas de Napo, Orellana y Sucumbíos.
Amparado en la medida de excepción, el presidente Alfredo Palacio militarizó la región y mantiene restringidos algunos derechos constitucionales.
Si bien el estado de emergencia aún no se ha derogado, el Gobierno considera que la protesta está en vías de solucionarse definitivamente con el desembolso a Petroecuador de 20 millones de dólares, según el ministro de Economía, Diego Borja.
Sin embargo, esos recursos sólo pondrían agua tibia a la crisis porque las deudas de la estatal triplican los 51 millones de dólares de los que habló el Gobierno al comienzo de la protesta.
Los obreros, que el miércoles fueran desalojados de los cinco campos petroleros más importantes de la Petroecuador, protestaban en las carreteras de las provincias declaradas en estado de emergencia, donde están los yacimientos.
Un portavoz de la Fuerza Terrestre (Ejército) dijo a la AFP que durante el paro han sido detenidas seis personas por actos de violencia y sabotajes a los servicios públicos, además de que dos soldados resultaron golpeados.
Pero la protesta en la Amazonia no es la única que afecta la estabilidad del gobierno de Palacio, quien asumió el poder en abril de 2005, en reemplazo del coronel retirado Lucio Gutiérrez, destituido por el Congreso durante una revuelta en Quito.
El miércoles, los sindicatos desarrollaron una huelga de 24 horas que obstaculizó el tráfico en varias vías del país y derivó en choques con la Policía que dejaron una profesora herida de gravedad y 40 detenidos, según la dirigencia obrera.
La Policía suministró un reporte que sólo da cuenta de 25 detenidos, entre ellos un líder de las empresas contratistas petroleras, al tiempo que denunció que varios manifestantes atacaron a los uniformados con tacos de dinamita, aunque sin ocasionar heridos.
Las centrales obreras se movilizaron por primera vez contra el Gobierno para exigir una consulta popular previa a la suscripción de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, un incremento salarial de 30 dólares y la expulsión de la petrolera Oxy, acusada de violaciones a la ley interna.
«Esta sólo fue una huelga de carácter preventivo, porque las mayores acciones se realizarán más adelante y en las cuales contaremos con el respaldo de los indígenas, para que el TLC no pase sin una consulta a la población», indicó a la AFP Jaime Arciniegas, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT). AFP