La Contraloría General del Estado aprobó un informe con indicios de responsabilidad penal, después que se realizó un examen especial a la contratación y ejecución de la obra ‘Vías locales y colectoras III’, proyecto desarrollado por el Municipio de Ambato en la administración del exalcalde Javier Altamirano.
El 3 de abril de 2023, Carlos Riofrío, contralor subrogante, solicitó a la fiscal, Diana Salazar, se inicié el proceso de investigación pre procesal y procesal.
Antecedentes
‘Colectoras III’ es un contrato mediante el cual se pretendía construir 27 vías en Ambato, con una intervención total de 8,5 kilómetros.
Desde el inicio del proceso este contrato ya tuvo problemas, debido a los cuestionamientos por cómo se estaba manejando desde el Municipio la adjudicación de la obra.
Por esta razón en el examen especial que hace la Contraloría incluye el análisis de un primer proceso de contratación denominado LICO-GADMA-007-2019, que fue adjudicado en septiembre de 2019 por un monto de 3 millones 90 mil 416 dólares más IVA y que en enero fue terminado de forma unilateral por el Municipio.
“Los recursos que entregó el Municipio al contratista para que ejecute la obra están debidamente invertidos”.
Javier Altamirano,
Exalcalde de Ambato
En ese entonces el alcalde Javier Altamirano, a través de una rueda de prensa, afirmó que, “después de un análisis técnico profundo, he decidido dar por terminado el contrato denominado vías colectoras III. Los errores que se han identificado en este proceso son netamente de forma, y quiero ser claro, errores de forma. Lo cual no es causal para que ninguna entidad de control emita una sanción”.
Previa a esta decisión, ya existió el cuestionamiento de varios concejales, entre ellos María José López, Alex Valladares y Robinson Loaiza, que conformaban la Comisión de Fiscalización y solicitaron a la Contraloría se realice un examen especial.
A estas observaciones se sumaron las de los otros oferentes, quienes pidieron se suspenda el proceso de contratación, ya que consideraban que fueron perjudicados.
Esta primera adjudicación se dio a la empresa con el costo más alto de la obra, con más de 685 mil dólares de diferencia del oferente que tenía el precio más bajo.
EL DATO En la primera convocatoria para la adjudicación de la obra existieron siete oferentes.
Observaciones al primer contrato
Tomando en cuenta las denuncias de las irregularidades en la adjudicación y terminación unilateral del primero contrato, la Contraloría realizó un examen especial, donde concluyó que existe inconsistencias técnicas, de análisis de precios unitarios e inclusión de equipos en documentos precontractuales.
Otra de las observaciones es que en el proceso de licitación se deshabilitó a seis ofertas por no cumplir con los requisitos exigidos por el Municipio, y se habilitó una oferta que contenía errores similares a las que fueron rechazadas, en lugar de declarar desierto el concurso por incumplimiento de requisitos mínimos.
A esto se suma que la terminación unilateral se dio sin sustento técnico, económico ni legal.
“En el Concejo Municipal la mayoría de concejales no quisieron que estos documentos se envíen a Fiscalía, por lo que decidimos enviar a Contraloría”.
Robinson Loaiza
Exconcejal de Ambato
Segundo contrato
Pero los problemas con ‘Colectoras III’ no concluyeron con la terminación unilateral del primer contrato, al contrario, se profundizaron por la decisión del Municipio de realizar una adjudicación directa y sin licitación en medio del Estado de Excepción por la emergencia sanitaria del Covid-19. Adjudicación que se dio en abril de 2020 por un valor de 2 millones 902 mil 641 más IVA.
Robinson Loaiza, cuando asumía su rol de concejal, realizó las primeras observaciones a este contrato, una de ellas, tenía que ver con el anticipo entregado al contratista. Según la ley estos recursos deberían haber sido depositados en una entidad financiera pública o que tenga participación del Estado, sin embargo, el Municipio hizo el depósito en un banco privado.
Loaiza también solicitó información al Alcalde donde se garantice el buen uso del anticipo que se entregó al contratista, información que no fue entregada al Concejal. “Tuve acceso al manejo de la cuenta donde se depositó el anticipo y pedimos que esos documentos sean tratados en una sesión del Concejo y se envíe a Fiscalía, sin embargo, en el Concejo Municipal la mayoría de concejales no quisieron que estos documentos se envíen a Fiscalía, por lo que decidimos enviar a Contraloría”, afirmó Loaiza.
Según el exconcejal, al siguiente día de realizado el depósito del anticipo en la cuenta del contratista, hay una transferencia de 200 mil dólares y después de unos días otra de 100 mil dólares a terceras personas, transferencias que nunca se han podido justificar.
CIFRA 2 millones 902 mil 641 más IVA, es el valor que fue adjudicado al contratista por la obra ‘Colectoras III’.
Examen segundo contrato
Después de los cuestionamientos a la adjudicación y manejo del segundo contrato ‘Colectoras III’ la Contraloría realizó un examen especial al proceso de contratación denominado CDTU-GADMA-001-2020, donde concluyó que la oferta adjudicada no contó con las experiencias requeridas, ya que el contratista presentó dos certificados que avalaban su trabajo como residente de obra en el proyecto de ‘Rehabilitación de la carretera eje vial 1 La Avanzada – Saracay, ubicada en la provincia de El Oro’, sin embargo, la empresa constructora y el Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de El Oro, encargado, señalaron que en ningún momento el contratista se desenvolvió como residente de obra ni cumplió otra función, por esta razón la Contraloría en su informe señala que “el oferente al presentar estos documentos, obtuvo el beneficio de que su oferta sea habilitada y valorada por puntaje; y, posteriormente adjudicada, sin haber cumplido con las experiencias requeridas”, se menciona en el informe.
Otra de las observaciones de la Contraloría es que existe diferencias por avance de obra, multas mal aplicadas y anticipo no amortizado.
Y algo que ya lo anticipó Loaiza y lo confirmó la Contraloría, es que el Municipio de Ambato no verificó ni controló el uso del anticipo del proyecto, “a pesar de ser una obligación contractual y contar con la autorización del contratista para levantar el sigilo bancario de la cuenta en la que se depositó el anticipo, además, no verificaron que los movimientos realizados desde su efectivización correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual, imposibilitando conocer si los recursos económicos se utilizaron solo para cubrir los costos de la obra”, se detalla en el informe de la Contraloría.
Fiscalización dentro del Municipio
En entrevista con La Hora, el exalcalde de Ambato, Javier Altamirano, señaló que la responsabilidad penal que establece la Contraloría es en contra del contratista “nada tiene que ver con el proceso y con la obra”, afirmó Altamirano, quien señaló que el contratista para adjudicarse la obra habría presentado un documento falso.
Además, dijo que “la obra se la ha realizado, los recursos que entregó el Municipio al contratista para que ejecute la obra están debidamente invertidos, y en ese sentido la Contraloría ha encontrado en satisfacción que no ha existido ningún tipo de inconvenientes”.
A pesar que la Contraloría señala que los administradores del contrato no verificaron ni controlaron el uso del anticipo, el exalcalde señaló que “hasta lo que conozco, de parte del administrador del contrato y todo el equipo han actuado conforme a derecho y es por esta razón que la Contraloría no ha establecido ningún tipo de indicios en contra de este (administradores del contrato), sino en contra del contratista”.
En relación al depósito del anticipo en una cuenta privada, Altamirano manifestó que después que se detectó ese problema se le informó al contratista que tenía que cambiar de cuenta este dinero.
El exalcalde afirmó que fue él quien pidió dentro del Concejo Municipal que se solicite a la Contraloría para que realice un examen especial del contrato, además, señaló que se les entregó a tiempo todos los documentos solicitados por los concejales.
Otras investigaciones
El exconcejal, Robinson Loaiza, afirmó que existirían otros contratos con irregularidades en la administración de Javier Altamirano, donde estarían vinculados, el exdirector de Planificación, el exdirector de Obras Públicas, el exdirector Administrativo, el responsable de compras públicas, entre otros funcionarios públicos.
“Por ahí existe un abogado contratista que ahora se dedica a hacer aceras, bordillos, muros, esperamos que en estas investigaciones se puedan ir verificando la pertinencia o no se su participación”, afirmó Loaiza. (LH)