La sorpresiva emisión del decreto ejecutivo de disolución de la Asamblea Nacional por parte del presidente Guillermo Lasso trae varias interrogantes y traza un panorama político bastante incierto.
Ciertamente, la posición previa del presidente respecto a su nula intención de tomar esta decisión para, en sus palabras, afrontar el juicio político y que este llegue a su culminación, daba a entender que no existía oposición al mismo y él, en un sentido democrático, iba a presentar sus descargos para probar su inocencia; sin embargo, luego de su intervención frente al pleno de la Asamblea Nacional, sorprendiendo desarmada a la oposición, decidió activar la “muerte cruzada”, echando abajo el juicio político, ergo, sacudiendo el tablero político e imponiendo un nuevo panorama.
Sin duda que su decisión fue legal ya que esta herramienta democrática está contemplada en la Constitución, pero carece de legitimidad dado que un juicio político en su contra se encontraba sustanciándose. El resultado: no se pudo determinar si existió o no responsabilidad política del presidente frente al presunto delito de peculado por el cual fue interpelado.
En este contexto, fue público que algunos partidos políticos dieron un bandazo en su posición frente al juicio político, generando alianzas privadas de “gobernabilidad” a cambio de espacios en el Estado pero, con este nuevo escenario, el compromiso del presidente con ellos pierde razón de ser, resultando entonces los grandes perdedores de esta nueva coyuntura política.
Lo que se viene: elecciones legislativas y presidenciales anticipadas para terminar el período regular, que deberán convocarse por el Consejo Nacional Electoral y realizarse hasta el 22 de agosto del año en curso como plazo tope.
En fin, empieza la carrera para la generación de alianzas políticas para consolidar candidaturas frente a las elecciones, pero la lección aprendida por los actores políticos será sintonizar con las necesidades de los electores “de a pie” que son seguridad, empleo y salud, y resolverlas. Hacer lo contrario puede generar una crisis política de consecuencias ya previsibles.