Los actuales vocales fueron posesionados el 29 de enero de 2019 para un periodo de seis años.
El pleno de la Asamblea Nacional tiene previsto instalarse este miércoles 31 de agosto de 2022, a partir de las 19:00, para iniciar la interpelación en contra de Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ); de los vocales Juan José Morillo, Maribel Barreno, y María del Carmen Maldonado, expresidenta del organismo.
En la sesión se dará lectura a las ponencias de los legisladores que emitieron sus criterios en la Comisión de Fiscalización. La interpelante Viviana Veloz (UNES) expondrá los elementos de cargo por los que propone la censura y destitución de las autoridades del CJ, quienes también ejercerán su derecho a la defensa. Tras abrirse el debate y escuchar los alegatos, Virgilio Saquicela, presidente del Legislativo, llamará a votación que podría ser el mismo día, o el jueves 1 de septiembre.
Reparto de la Justicia
Las jefaturas de bloque perdieron el control de sus legisladores ante el reparto de la Justicia, y a los vocales del CJ se les complica su permanencia en esta institución.
La oposición agrupada en las bancadas de la Unión por la Esperanza (UNES) y el Partido Social Cristiano (PSC) tendrían 92 votos para destituirlos.
Para la interpelación se aseguraron 87 votos: 47 de UNES, 14 del PSC, 16 de Pachakutik, 9 Independientes, y 1 de la Izquierda Democrática (ID). Los cinco votos que les faltan para completar los 92 requeridos para la destitución, como lo determina el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), estarían definidos.
“Tenga por seguro que habrá una gran votación de al menos 105 o 110 votos; no puedo decir quiénes son, pero esos votos vendrán de la conciencia cívica y ciudadana de los legisladores que lo demostrarán ese día. Aquí debe primar el interés nacional”, dijo Luis Almeida (PSC).
Con esta afirmación no debieran existir dudas. La bancada de la Izquierda Democrática (ID), menospreció la resolución del Consejo Ejecutivo Nacional del partido naranja que instó a sus legisladores abstenerse en la votación respecto al juicio político para “velar por la institucionalidad del Ecuador”.
Sin pronósticos
Wilma Andrade (ID), dijo que el Consejo Ejecutivo tomó la decisión con menos de la mitad de sus integrantes, y rechazó los “términos amenazantes” ante un presunto incumplimiento de la disposición.
Según señaló, aún no han tomado una postura y anunció que lo harán una vez que concluya el proceso y se escuchen los argumentos. “Nosotros somos jueces, no podemos anticipar criterios”. Pero alegó que ya cuentan con un análisis jurídico “profundo” de los incumplimientos constitucionales y las observaciones de la Contraloría General del Estado.
Andrade desconoce de dónde provendrán los cinco votos que la oposición necesita para reunir 92 voluntades, pero recordó que existen 49 abstenciones de la votación del 28 de agosto. “Muchas de esas abstenciones podrían modificar la votación sea a favor o en contra; no hay una certeza de aquello, no me atrevo a dar pronósticos”, dijo.
Consideró que en este proceso no está de por medio la posibilidad de (un retorno del correísmo), pues el CJ es un ente administrativo y disciplinario que no tiene la facultad legal, ni constitucional de revisar fallos o sentencias, caso contrario sería una intromisión a la Justicia.
¿La ID no daría sus votos para el retorno del correísmo? Andrade recordó que desde su bancada han luchado y han mantenido posiciones claras y contundentes frente al correísmo. “Vamos a escuchar cómo se defienden los vocales frente a sus incumplimientos; solo entonces nos pronunciaremos, no vamos a tomar una postura antes de eso”.
Posición de Pachakutik
La jefatura del bloque de Pachakutik, a cargo de Salvador Quishpe, tenía planificado reunirse a las 17:00 del lunes 29 de agosto para definir una postura orgánica para la sesión de hoy, pero Quishpe comentó que algunos de sus compañeros debían cumplir algunas delegaciones en provincias y la cita se canceló para este 30 de agosto. Quishpe es optimista de que en el bloque se mantenga la línea de no destitución. “La línea va por allí, pero de pronto hay sorpresas, espero que no”, subrayó. (SC)
Los triunfos de la oposición
Una eventual destitución de los vocales sería un nuevo triunfo de la mayoría opositora. El 31 de mayo de 2022 destituyeron en el cargo a Guadalupe Llori (PK) de la Presidencia de la Asamblea por presunto incumplimiento de funciones. Dos meses después, el 14 de julio, removieron de la segunda vicepresidencia a Yeseña Guamaní (ID) por la misma causal. El 21 de julio aprobaron un proyecto reformatorio a la Ley Orgánica de Comunicación considerado como “mordaza”.
“Garantizar la independencia”
Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, opinó que a María del Carmen Maldonado poco o nada le afectaría que la censuren porque la sanción que recibiría es que durante dos años no podrá ejercer ningún cargo público.
Pero los actuales vocales sí se verán afectados ante una destitución y serán reemplazados por sus suplentes (Elsy Celi, Yolanda Yupangui, y Jaime de Vintimilla) que podrían seguir la misma línea de trabajo que sus antecesores.
La Judicatura tiene la facultad de sancionar a jueces, y existen varios procesos que están pendientes por resolverse en las instancias judiciales. “Veo con preocupación que estas acciones podrían tener -aún no comprobado- un fondo político de intentar cooptar acciones pues la Judicatura es clave porque administra los concursos, etc”.
Por ello, Celi espera que los votos no se emitan “pensando en un botín” y que con cada voto se sustente un presunto incumplimiento de funciones, y así garantizar la independencia de la Función Judicial.
El Consejo de la Judicatura es clave porque administra los concursos, sanciones a jueces, presupuestos, etc.