La Secretaría de Inversiones Público-Privadas deja proyectos para aumentar la generación en 800 megavatios a corto plazo y en 3.400 megavatios a largo plazo.
En medio de la crisis eléctrica, parte de las críticas contra el Gobierno de Guillermo Lasso apuntan a que no se han concretado grandes proyectos de inversión para aumentar la generación hidroeléctrica y de fuentes renovables no convencionales (eólica, solar, entre otras).
Desde la Secretaría de Inversiones Público- Privadas, su titular, Roberto Salas, aseguró que se ha hecho un trabajo desde cero, en medio de inestabilidad política, crisis económica, bloqueos legales y consultas, para dejar 13 proyectos de generación renovable no convencional ya adjudicados o con contrato firmado.
Estos proyectos aumentarán la capacidad de generación en 800 megavatios y el inicio de obras puede concretarse desde 2024, con lo que la entrada en operación sería en 2026.
“El único paso que falta en este bloque de proyectos es la consulta ambiental”, aseguró Salas. Sin embargo, la Corte Constitucional tiene frenado todo desde que admitió a trámite una demanda de inconstitucional auspiciada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).
Los tres proyectos con contratos firmados son El Aromo, Villonaco III y Conolophus (Galápagos). Los otros diez son parte de una licitación sacada en 2023 de un bloque de 500 megavatios.
Por otro lado, entre los proyectos de mayor envergadura, que ya están estructurados y con informes de factibilidad y prefactibilidad, se encuentran las hidroeléctricas Santiago (2.400 megavatios) y Cardenillo (600 megavatios). También está el bloque termoeléctrico de ciclo combinado (400 megavatios).
“En el caso de las dos hidroeléctricas, el próximo Gobierno puede seguir impulsando los procesos, hacer los estudios que faltan, y lanzar las licitaciones a finales de 2024. La construcción demorará entre 4 y 6 años”, acotó el secretario de Inversiones Público-Privadas.
¿Faltó una gestión ágil?
Salas reconoció que son comprensibles los reclamos por una gestión más rápida de los proyectos; pero recordó que es la primera vez que en Ecuador se trata de impulsar la inversión público-privada en infraestructura eléctrica.
“Todos los proyectos medianos y grandes que se han hecho antes, tanto en generación hidroeléctrica como en generación térmica, fueron netamente públicos con presupuesto del Estado o deuda. Para atraer capitales privados, se tuvo que partir de cero y hacer desde la normativa hasta las guías técnicas”, aseveró.
Uno de los mayores problemas de Ecuador es que todavía le falta hacer camino, y probar con proyectos que terminen todo en proceso exitosamente, que el país puede ser confiable y rentable como destino para los inversionistas.
Se deja un trabajo hecho con el nuevo reglamento de las Alianzas Público-Privadas (APP); con modelos de contratos y con procesos ya levantados para que los proyectos futuros se puedan estructurar, licitar y adjudicar en menor tiempo.
Además, se ha tenido que solucionar problemas como el de los fideicomisos eléctricos centralizados, que eran requeridos por los inversionistas para asegurar los pagos, pero que han tenido una fuerte oposición de las empresas distribuidoras de electricidad.
Esto retrasó el avance de los tres proyectos con contratos firmados; pero de acuerdo con Salas, ya se han encontrado otras figuras legales para dar confianza a los inversionistas.
Además, en el caso de Villonaco III, El Aromo y Conolophus se tuvo que elaborar un tipo de contrato específico que cumpla con todas las especificaciones de organismos internacionales y bancos. Esto con el fin de que pueda fluir el financiamiento.
Por otro lado, la muerte cruzada y la inestabilidad política cobraron factura en la licitación del bloque termoeléctrico de ciclo combinado, que se declaró desierto porque los interesados se bajaron del proceso ante la incertidumbre sobre el futuro del país.
“Este bloque de ciclo combinado a gas se puede relanzar en diciembre de 2023 o más tardar en febrero de 2024. Todo depende de lo que decida el nuevo Gobierno”, acotó Salas.
¿El Gobierno de Lasso fracasó en atraer inversión privada?
Según Roberto Salas, secretario de Inversiones Público-Privadas, Ecuador recién tiene dos años intentando implementar un modelo que le dé más protagonismo a los privados.
A países como Chile, Perú y Colombia les tomó mucho tiempo romper las barreras que impiden atraer Inversión Extranjera Directa (IED).
“Por ejemplo, en el caso chileno, les tomó cinco años, después de implementar el modelo liberal en 1973, para romper el umbral del 1% del PIB en atracción de Inversión Extranjera Directa”, puntualizó Salas.
Ecuador ha estado atascado en ese umbral durante los últimos 16 años. En 2023, y de la mano de la incertidumbre, la IED cayó a mínimos.
En el caso de Perú, que ha logrado atraer inversiones sobre todo en minería y gas, les tomó más de 10 años “tomar viada” hasta llegar a niveles altos. Además, en ese país se garantiza estabilidad contractual a las inversiones privadas desde la Constitución.
“Nosotros asumimos la Secretaría en noviembre de 2021, es decir, vamos a los dos años. Pero, en dos años, ninguna oficina de APPs genera un proyecto, porque los tiene todavía en incubación. Partimos de cero sin dinero ni para estudios”, acotó Salas.
Actualmente, con apoyo de organismos internacionales, se deja en funcionamiento un fondo de $30 millones para hacer estudios de prefactibilidad y factibilidad. (JS)
Las declaraciones del secretario Salas no convencen y se piden precisiones
José Alvear, empresario y recientemente denunciante de presuntos actos de corrupción en compras estatales de última hora en medio de la crisis energética, explicó que las declaraciones del secretario Salas generan varias interrogantes y exigen precisiones.
En primer lugar, Alvear apunta a que gran parte de la responsabilidad de la inestabilidad política y la crisis económica, que habrían impedido un mayor desarrollo de la inversión privada, recae en el mismo Gobierno de Guillermo Lasso como consecuencia de sus malas decisiones e ineficiencias en la gestión.
En segundo lugar, asegura que son irreales los plazos para la ejecución de los 13 proyectos adjudicados o con contrato firmado.
Salas dice que se pueden comenzar a construir en 2024 y entrar en operación en 2026, pero Alvear responde que «si no tenemos permisos ambientales y no está estructurado el fideicomiso, es imposible que se realicen en estos tiempos».
En tercer lugar, sobre los grandes proyectos hidroeléctricos de Santiago y Cardenillo, Alvear puntualizó que los estudios de factibilidad y prefactibilidad ya estuvieron listos en el Gobierno de Lenin Moreno. Además, añadió que el plazo de 4 a 6 años para la construcción es «una falacia», y un periodo más realista sería 10 años.
En cuarto lugar, sobre la licitación declarada desierta para el bloque termoeléctrico de ciclo combinado, Alvear apuntó a que nada tuvo que ver la inestabilidad política, sino que la realidad es que «ninguna de las empresas precalificadas presentó ofertas. Las recomendaciones que realizaron los participantes para cambios de las bases no fueron consideradas y el precio de reserva que puso la Agencia de Regulación y Control no hacia viable el proyecto para poder financiarlo».
Durante la entrevista con LA HORA, Salas sí hizo referencia a que se pudo haber establecido un precio de reserva más atractivo para los inversionistas. El tema de la inestabilidad política solo fue uno de los componentes, pero no explican completamente el resultado.
Sobre el hecho de que en 2 años no se pueden sacar proyectos de Alianzas Público-Privadas, Alvear recalcó que eso no es exacto.
«El Ecuador es el único país de América Latina que no tiene gas natural para la matriz productiva porque el reglamento actual no lo hace atractivo para los inversionistas. Señor Salas con un poco de buena voluntad en 30 días el país podría tener un reglamento que garantice a los inversionistas que quieran montar una terminal para la importación de gas natural que llevaría a la sustitución de combustible líquidos y le ahorrarían al país alrededor de 2.000 millones de dólares», detalló Alvear.
En definitiva, Alvear consideró que la falta de gestión, e incluso «incompetencia», están detrás de los escasos resultados en la atracción de inversiones. Asimismo, negó que en el país no hayan existido inversiones privadas previas en proyectos hidroeléctricos, solares y térmicos.