Sostienen que deben buscarse medidas alternativas que permitan a la población retomar sus actividades, mientras que las instituciones responden con políticas y estrategias de Estado a la solución del principal problema que afecta a la nación.
El estado de excepción y toque de queda que el presidente de la República, Daniel Noboa, estableció el 09 de enero de 2024, a través del decreto 110, en todo el país está afectando a sectores productivos que piden una focalización de las restricciones que se dan de 23:00 a 05:00 en todo el país.
Aunque la medida adoptada por el Gobierno buscaba precautelar la seguridad de la ciudadanía tras los actos terroristas registrados la semana pasada, la presidenta de la Cámara de Industrias, María Paz Jervis, durante una entrevista concedida a Ecuavisa, indicó que los sectores productivos del Ecuador no pueden darse el “lujo” de paralizar su actividad frente a la crisis de inseguridad que vive el país. También indicó que el Gobierno debe propiciar medidas que permitan proteger y promover la generación de empleos.
Jervis abogó por el desarrollo de un toque de queda focalizado que permita, a través de los servicios de inteligencia, determinar cuáles son los sectores más vulnerables y, de esta manera, no paralizar toda la actividad económica, ni la “vida cotidiana” de la población.
El experto en temas de seguridad y docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), Daniel Pontón, indicó que las medidas adoptadas por Noboa son como un “déjà vu” de los estados de excepción decretados por el expresidente Guillermo Lasso en el pasado reciente.
Advirtió que si bien la medida puede tener algunos efectos en lo inmediato, con el tiempo “se diluyen por la presión misma de la gente, este país está alicaído y requiere la actividad económica”.
“Entonces, el punto central del Gobierno es hasta cuándo puede aguantar un toque de queda tan drástico, en función de la supuesta estabilización del combate contra el crimen”, cuestionó Pontón.
En el mismo orden de ideas, la analista y experta en temas de seguridad, Saudia Levoyer, destacó que “no podemos tener el toque de queda eternamente, es como tratar de tener a las Fuerzas Armadas indefinidamente patrullando en las calles”.
Para Levoyer lo necesario es buscar nuevas alternativas para la ciudadanía, “que las mismas instituciones mejoren su seguridad, su propia seguridad, como lo estamos viendo ahora en centros comerciales que hay más control, por ejemplo”.
Dejó claro que “no puedes encerrar a la población porque no es normal, no es natural. Sabemos que hay violencia, pero deja de ser normal que la gente pueda circular”.
Terrorismo o delincuencia común
Daniel Pontón, experto en temas de seguridad, también advirtió que es importante revisar cuáles son los parámetros con los que el Gobierno y las Fuerzas Armadas están midiendo las actividades terroristas, indicando que por el momento no estaría bien definido.
Destacó que “el problema es que lo que el Gobierno llama terrorismo,no está muy bien definido. Dentro del concepto clásico, el terrorismo se refiere a una acción con un efecto en la política y aquí estamos hablando de acciones criminales”.
El experto indicó que es el Estado el que debe delimitar con mayor cuidado que es un acto terrorista, “según la realidad que vive y de acuerdo a la visión que se tenga de terrorismo en ese país”.
Pontón advirtió que es necesario trazar líneas claras en la definición de lo que el Gobierno de Ecuador plantea como acciones terroristas, para evitar “se puedan producir excesos”. Agregó que esta es una de las razones por las cuales el accionar contra el terrorismo es afectado por la lógica de los derechos humanos.
Acotó que uno de los grandes problemas en el análisis de los grupos criminales es que “la gente habla del mundo criminal, sin conocerlo, es un mundo que opera en la clandestinidad, con unas lógicas de muy corto plazo, a veces, la gente quiere darle categorías estables, a algo que por naturaleza es caótico”, puntualizó Pontón. (ILS)
Acciones de Estado
Para la experta en temas de seguridad y académica, Saudia Levoyer, el punto central en el combate a la delincuencia se encuentra en las políticas y las acciones que el Estado pueda desarrollar, no solo desde lo militar, sino en el resto de sus instituciones.
“El tema es que es una cuestión estructural bien amplia, porque finalmente los militares se tendrán que retirar en 60 días, hay que ver qué dice la Corte Constitucional sobre estas declaratorias, porque es la Corte quien decide en el ámbito constitucional si es correcto o no para que se mantenga vigente”, advirtió.
Para Levoyer, la opción es poder apoyar al Gobierno “para que atienda el requerimiento más sensible del país, que es la seguridad, pero al mismo tiempo sin que esto deje de apresurar el trabajo que tienen que hacer las demás instancias del Estado para ir dándole un camino, una viabilidad que obviamente debería ser una estrategia de Estado”.
Dejó claro que esta no es de corto plazo, “esto implica el largo plazo, no es una cuestión gubernamental, no es de medidas electorales o de cualquier otra naturaleza”, sentenció.
Operaciones
Los resultados
20.849 operaciones conjuntas han realizado las FF.AA. y la Policía Nacional.
55 acciones se ejecutaron contra agrupaciones calificadas como terroristas.
1.975 personas fueron aprehendidas.
158 detenidos estarían vinculados a grupos terroristas.
728 armas de fuego de diversos calibres y 21.198 municiones se decomisaron.
736 armas blancas y 521 explosivos fueron incautados.
Fuente: Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.