Cpccs: casi quince años de sucesivos escándalos políticos y la destitución de cinco presidentes

INSTITUCIÓN. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha tenido un cambio constante de autoridades.
INSTITUCIÓN. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha tenido un cambio constante de autoridades.

El Consejo de Participación se creó con la Constitución de Montecristi, la cual fue aprobada en referéndum el 28 de septiembre de 2008 y entró en vigencia el 20 de octubre del mismo año.

El 20 de octubre de 2023 se cumplen 15 años desde que entró en vigencia la Constitución de Montecristi que permitió la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) durante el régimen de Rafael Correa, actualmente prófugo de la justicia.

En los textos de la Carta Política se incorporó al Cpccs con el argumento de que sería el organismo mediante el cual la ciudadanía controlaría a los políticos a través de participación social, pero su labor ha estado marcada por sucesivos escándalos políticos, denuncias de presuntos actos de corrupción y la destitución de cinco presidentes del Cpccs.

El desprestigio que se ha ganado en 15 años este organismo ha hecho que actores y líderes políticos sugieran que la atribución de designar autoridades de control esté a cargo de la Asamblea Nacional, como planteó el presidente Guillermo Lasso en el referéndum del 5 de febrero de 2023, pero que fue rechazada en las urnas.

Institución polémica

Rodrigo Jordán, director del Centro Latinoamericano de Manejo de Crisis y Comunicación (CLMC), por ejemplo, recordó que el proyecto de Montecristi obedeció a una visión ideológica de quienes en ese momento ostentaban el poder.

Con el transcurso de los años se ve a un Cpccs de poca utilidad porque se supone que el espíritu del Consejo era despolitizar la designación de las autoridades de control y de fiscalización del Estado, pero en la práctica, el organismo adolece de una falta de transparencia, confrontaciones y la politización en la designación de autoridades.

El Ecuador, según Jordán, no aguantará otros 15 años más de confrontaciones y polémicas en un Cpccs que ha fomentado prácticas de corrupción.

Para el analista, el presidente de la República que resulte electo, entre Luisa González o Daniel Noboa, o la nueva Asamblea Nacional que asumirá funciones en diciembre, tienen en sus manos repensar en un nuevo sistema para elegir a las autoridades de control, alejado de la politización y de los intereses del Gobierno de turno y la oposición.

Para la ciudadanía, el Cpccs ha incumplido su función. Además, las constantes tensiones y polémicas hacen que la opinión pública tenga desconfianza en cuanto al trabajo de un Consejo que renueva autoridades internas cada cierto tiempo.

Jordán señala que después del último pronunciamiento de la Corte Constitucional, que derivó en la destitución de Alembert Vera, el Cpccs pasó a convertirse en una institución que ya no le sirve a la democracia. “El Cpccs está muerto y a un muerto no se le puede pedir resultados. Creo que el Cpccs es un cadáver que tenemos que reestructurarle y cambiarle”.

La Constitución fue aprobada en referéndum el 28 de septiembre de 2008 con el 63,93% de votos a favor, y entró en vigor el 21 de octubre del mismo año en el Registro Oficial. (SC)

 Consejeros escriben nueva historia

El nuevo Cpccs que se instaló este 11 de octubre de 2023, tras la destitución de Alembert Vera por parte de la Corte Constitucional, resolvió por unanimidad dejar sin efecto todas las actuaciones emitidas en el Cpccs que constituyeron un incumplimiento del dictamen de la Corte Constitucional del 7 de mayo de 2019.

Al mismo tiempo desestimó toda posibilidad de conformar una veeduría para revisar la designación de jueces constitucionales efectuada por el organismo transitorio de Julio César Trujillo, que operó entre 2018 y 2019, y tampoco continuarán con el expediente que se abrió en la administración de Alembert Vera, quien junto a sus colegas correistas (Yadira Saltos y Augusto Verduga) encabezaba una denuncia del colectivo Acción Jurídica Popular (AJP) que señalaba a la fiscal Diana Salazar de un supuesto plagio en su tesis de grado.

Los presidentes destituidos del Cpccs

Carlos Tuárez fue destituido 14 de agosto de 2019 por la Asamblea Nacional por presunta arrogación de funciones.

Christian Cruz, fue destituido por la Asamblea Nacional el 13 de octubre de 2020 por presunta falta de probidad y arrogación de funciones.

Sofia Almeida fue removida del cargo por el Cpccs el 9 de febrero de 2022.

Hernán Ulloa  fue destituido del cargo el 23 de enero de 2023 por la Corte Constitucional.

Alembert Vera fue destituido por la Corte Constitucional el 6 de octubre de 2023.

LOS ESCÁNDALOS EN EL CPCCS

Carlos Tuárez y los consejeros Walter Gómez, Victoria Desintonio, Rosa Chalá, cercanos al correismo intentaron desconocer un fallo de la Corte Constitucional que blindaba las actuaciones del Consejo Transitorio de Julio César Trujillo. Fueron acusados de falta de probidad notoria.

Christian Cruz se vio involucrado en una polémica que lo cuestionaba por la obtención y el uso del carné que lo calificaba con el 81% de discapacidad visual y auditiva, y la obtención de su licencia tipo E que le permitía conducir vehículos pesados.

Este caso se trasladó incluso a la Corte Nacional de Justicia, cuando la consejera María Fernanda Rivadeneira, entonces vicepresidenta del Cpcc fue demandada, en octubre de 2020, por Christian Cruz por presunta calumnia cuando ella lo acusó de haber obtenido de manera irregular un carnet de discapacidad visual y auditiva.

La exconsejera del Cpccs fue condenada a seis meses de prisión por un tribunal de la CNJ. Rivadeneira apeló la decisión y la sentencia se revirtió el 3 de mayo de 2022.

El 23 de enero de 2023, la Corte Constitucional destituyó a Hernán Ulloa, Francisco Bravo, Juan Javier Dávalos, David Rosero, Sofía Almeida, Ibeth Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira,  por “incumplimiento deliberado y sistemático” de la sentencia de septiembre de 2022 que dispuso el nombramiento del presidente (titular) del Consejo de la Judicatura.

Yadira Saltos, vocal cercana al correísmo comentó que la Corte Constitucional debería proceder con el cierre definitivo del proceso de verificación iniciado el 13 de octubre de 2023.