El Gobierno plantea ocho preguntas en tres ejes: seguridad, cambios institucionales y ambiente.
El presidente de la República, Guillermo Lasso, relevó las preguntas de la consulta popular. Para el Gobierno el eje principal es el combate a la inseguridad.
En el parque de Carapungo, en la parroquia de Calderón, en el norte de Quito, y acompañado de varios ministros de Estado, dijo que esta iniciativa está alejada de los partidos políticos y que busca favorecer al país.
“Con esta consulta ganaremos todos, las familias de las víctimas que esperan Justicia, ganan los barrios que quieren vivir en paz. Gana nuestra Fuerza Pública que estará respaldada. Los ecuatorianos estarán mejor representados, los pequeños emprendedores podrán reactivarse con confianza y los ciudadanos encontrarán empleos por la seguridad. Gana la naturaleza, nuestra tierra”, dijo Lasso.
Las preguntas y sus detalles llegaron a la Corte Constitucional. El documento tiene 470 páginas en las que están los detalles de cada pregunta más los anexos. Lasso y su equipo elaboran una justificación, fundamentos para el cambio, legislación relacionada, incluso contexto internacional. Las preguntas y los anexos.
La Corte Constitucional, apenas avoque conocimiento de la propuesta (para esta etapa no hay tiempo establecido), tiene 20 días para emitir un dictamen. Si hay observaciones, estas pueden subsanarse.
Si se aprueban las preguntas, el Consejo Nacional Electoral tiene 15 días para convocar a votaciones y, desde la convocatoria, no pueden pasar más de 45 días para el sufragio. Las cuentas indican que pudiera ser antes de las elecciones seccionales del 5 de febrero o, incluso, para ese mismo día.
A continuación, conozca las justificaciones de Guillermo Lasso para cada una de las ocho preguntas de la consulta. Él asegura que no hay cambios significativos en la Constitución.
1. P. ¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, enmendando la Constitución de conformidad con lo previsto en el Anexo 1?
Según el texto, hay 25 grupos delictivos organizados pertenecientes a diferentes organizaciones criminales. El valor monetario de la droga decomisada en Ecuador en los últimos cinco años ha sido de $1.360 millones. Para lo que va de 2022, el valor total es de $261 millones, el cual ya ha superado al valor de los años 2017, 2018, 2019 y 2020. Para mejorar el control se requiere salir de los estados de excepción y tener mejor coordinación. La aprobación de esta pregunta cambia el artículo 158 de la Constitución.
2. P. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, a través de procesos que respeten los derechos y garantías, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 2?
El texto que llegó a la Corte dice que la extradición es un mecanismo regulado para combatir la impunidad. Una de las justificaciones es la insuficiencia de las instituciones públicas ecuatorianas para combatir el crímen organizado. Hay conexiones de los delincuentes con Colombia, México y Venezuela. Preocupa, dice Lasso, el tráfico de armas, el tráfico de cocaína, el tráfico de personas y el blanqueo de activos. Con la aprobación, la Asamblea debe reformar la Ley de Extradición. Hasta tanto se lo hará con acuerdos ministeriales desde la Cancillería, 45 días luego de la publicación de los resultados de la consulta.
3. P. ¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado, para que esta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 3?
El pedido de consulta popular señala que existe una garantía constitucional que busca que cada órgano de la Función Judicial esté libre de injerencias internas y externas en sus funciones relacionadas a la administración de Justicia. Pero, en el caso de la Fiscalía, interviene el Consejo de la Judicatura lo que afecta su autonomía e independencia, dice el texto enviado a la CC. Esto abona a la desconfianza ciudadana. Hay un déficit de 602 fiscales en el país. El cambio propuesto crea un Consejo Fiscal, integrado por siete personas. Con la aprobación se reforma artículo 181, se agrega un artículo innumerado para el Consejo Fiscal y se declaran desiertos todo lo procesos de selección que estén en curso. La Fiscalía debe enviar una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial y esta debe ser aprobada en un máximo de un año. Hasta tanto, la Fiscalía conformará el Consejo Fiscal en 30 días. Sobre esta pregunta, la propia Fiscalía mostró su inconformidad y planteará observaciones ante la Corte.
4. P. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios: 1 asambleísta por provincia y 1 asambleísta provincial adicional por cada 250.000 habitantes; 2 asambleístas nacionales por cada millón de habitantes; y 1 asambleísta por cada 500.000 habitantes que residan en el exterior, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 4?
Para el Gobierno hay un deficiente modelo de representatividad y proporcionalidad de la conformación de la Asamblea. Además, hay falta de credibilidad. Esto por la asignación automática de escaños sin tomar en cuenta la densidad poblacional y la división por circunscripciones que genera unidades electorales disminuidas. Para esto se propone un asambleísta por provincia, eliminar escaños fijos para circunscripciones en el exterior, en distritos metropolitanos y regiones. Así se pasará de 116 a 72 legisladores provinciales y pasar de 15 a 28 nacionales, así se reducen de 137 a 100 parlamentarios. Aquí se propone el cambio del artículo 118 de la Constitución. Si es aprobada la pregunta, la Asamblea debe aprobar, en un año, la ley para eso. Además, se hará un registro de la población ecuatoriana en el extranjero desde la Cancillería. Y hay una disposición en el caso de que existan elecciones anticipadas de asambleístas se utilizaran los datos que proporcione la Cancillería sobre los ciudadanos en el exterior.
5. P. ¿Está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1,5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 5?
Lasso asegura que esta pregunta sirve para enfrentar la baja calidad de las organizaciones políticas, la fragmentación y dispersión, la vulneración del principio de igualdad y la falta de un registro confiable en el CNE. Por ejemplo, ahora mismo hay movimientos, con menos de 100 miembros, que pueden proponer candidatos para prefectos y viceprefectos. Hay cifras de representación que son “ridículas”, dice el texto del Presidente. En 80 cantones se requiere de menos de 10 miembros para un partido o movimiento. Esta dispersión ha costado al país $122 millones, entre 2013 y 2021, para el fondo de promoción electoral. Ya no quiere más adherentes sino solo afiliados. Para los cambios se prevé un régimen de transición para que no haya organizaciones automáticamente eliminadas. Un año tendrán los partidos nacionales para elaborar su registro y 180 días los movimientos seccionales. Con la aprobación se reforman los artículos 109 y 112 de la Constitución. Las agrupaciones que no cumplan serán eliminadas. Además, otorga 180 días al CNE para que se habilite la plataforma para consulta del estado de afiliación de todos los ciudadanos.
6. P. ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Cpccs e implementar procesos que garanticen meritocracia, escrutinio público, colaboración y control de diferentes instituciones, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el Cpccs y a sus consejeros, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 6?
Uno de los problemas más serios, según el texto del Presidente, es que a través del Consejo de Participación se pueden controlar tres de las cinco funciones del Estado: Electoral, Justicia, Transparencia. Y más el Procurador, que incide en la elección de jueces constitucionales. Si un Presidente, dice el texto, llega a tener mayoría en la Asamblea y en el Consejo “virtualmente se elimina el Estado de derecho”. Por eso busca limitar su poder de designación. La propuesta busca que este pase a la Asamblea, con proceso de selección por méritos, y se reduzcan los tiempos para designaciones. Detalla los procesos para cada autoridad. Incluso se declaran desiertos los concursos que estén en proceso. Se prevén cambios en 19 artículos de la Constitución. Se agrega dos secciones, con 16 artículos, hay cambios en la Ley orgánica de la Función Legislativa. Las autoridades que no hayan sido reemplazadas serán prorrogadas, y las que se ausenten definitivamente por algún motivo, mientras no se aprueben la reformatorias a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, serán reemplazadas por el Presidente hasta que concluya el nuevo proceso de designación.
7. P. ¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 7?
El Gobierno considera que hay una ausencia de modelo de gobernanza, financiamiento y sistemas de participación en la implementación de protección para el agua. Por eso, hay peligro de desabastecimiento de recursos hídricos y susceptibilidad al mercado criminal. Por tanto, dice el texto entregado a la CC, para fortalecer los derechos reconocidos a la naturaleza y las fuentes de agua, es necesaria la protección del derecho al agua por medio de que las áreas de protección hídrica sean consideradas “parte de los subsistemas del sistema nacional de áreas protegidas del Ecuador”. Para esto propone cambiar el artículo 405 de la Constitución. La Asamblea tiene un plazo de un año para reformar el Código Orgánico del Ambiente. Hasta tanto el Ministerio de Ambiente aplicará la enmienda a través de acuerdos ministeriales.
8. P. ¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado, por su apoyo a la generación de servicios ambientales, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 8?
Según el pedido de consulta, hay enormes desafíos en conservación del medio ambiente y su vínculo con la economía. Además, hay la necesidad de reforzar y aplicar los instrumentos internacionales sobre el tema. Y el mercado de carbono requiere de mayor relevancia. Para esto se establecen Pagos por Servicios Ambientales, bajo reconocimiento internacional y que ya cuenta con 550 esquemas probados de varios países de América. Uno de los fines es que las poblaciones más necesitadas y que tiene a cargo el cuidado de la naturaleza puedan beneficiarse económicamente. La propuesta, dice el texto, permitirá la emisión de incentivos financieros y retribuciones por la protección, mantenimiento, uso y aprovechamiento de los servicios ambientales y promoverá estos derechos de la naturaleza. Que no siempre son dinero. Para esto la propuesta cambia el artículo 74 de la Constitución. Además, la Asamblea tiene un año para reformar el Código del Ambiente. Hasta tanto el Ministerio del Ambiente aplicará la enmienda a través de acuerdos ministeriales. (JC)