Diana Salazar, fiscal general del Estado, vinculará a seis exfuncionarios del régimen de Rafael Correa al caso Reconstrucción de Manabí.
Una nueva ola de golpes judiciales enfrenta el correísmo en los tribunales del país. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, vinculará a seis exfuncionarios del régimen del expresidente Rafael Correa, al caso Reconstrucción de Manabí.
Los exministros de Transporte y Obras Públicas; Walter Solís y Boris Córdova; los exsubsecretarios de Obras Públicas, Omar Chamarro y Franklin Bernal; el exdirector de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), Milton Maldonado; y, del Servicio de Contratación de Obras (SECOB), Víctor Jaramillo, son sospechosos de presunto peculado.
Ellos se suman a otros tres exfuncionarios que ya enfrentan cargos como el exvicepresidente Jorge Glas, quien desde el 17 de diciembre de 2023 permanece refugiado en la embajada de México, y tiene orden de prisión. Además, el exsecretario del Comité de la Reconstrucción, Carlos Bernal; y el exgerente de Ecuador Estratégico, Pablo Ortiz.
Según la investigación fiscal, Glas y los demás procesados habrían desviado $367 millones recaudados mediante la Ley de Solidaridad, que debían usarse solo en obras prioritarias para los afectados por el terremoto de 2016.
Según la teoría fiscal, aprovechando la emergencia habrían evitado el trámite de una licitación regular y habrían destinado los fondos al arreglo de parques y aeronaves. De acuerdo con la Fiscalía, también habría sobreprecios en la adquisición de hospitales móviles e irregularidades en los reasentamientos para damnificados.
La audiencia de vinculación por este caso estaba prevista para las 14:00 de este 1 de abril de 2024, e iba a ser instalada por la jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Rita Bravo, quien asumió el despacho del exjuez Luis Rivera, pero se difirió para otra fecha.
Relación con caso Metástasis
A este proceso judicial se añade otro relacionado con el caso Metástasis y las revelaciones de los testimonios anticipados en torno a que el narcotraficante Leandro Norero habría hablado desde su celda en la cárcel de Latacunga (Cotopaxi), con Correa, actualmente prófugo en Bélgica.
En el mismo caso de presunta corrupción también está involucrado Ronny Aleaga, exasambleísta de la Revolución Ciudadana, desafiliado del movimiento el 27 de marzo de 2024. El 15 de marzo, en una diligencia en la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía lo acusó de formar parte de una presunta red de delincuencia organizada. (SC)
El caso de Pablo Romero, exsecretario de la Senain
El 19 de marzo de 2024, Karly Vargas, jueza de la Unidad Judicial del cantón San Jacinto de Yaguachi (Guayas), revocó las medidas cautelares que otorgó el exjuez Jhon Rodríguez Mindiola a favor de Pablo Romero Quezada, exsecretario de Inteligencia. En esa ocasión, la jueza le dio un plazo de 24 horas para que se presente en el Centro de Rehabilitación Social Masculino Pichincha No.2.
Vargas dispuso además que debía presentarse en la secretaría del despacho judicial todos los días 15 y 30 de cada mes en el horario de 08:00 a 17:00, pero hasta el momento no se ha informado oficialmente si se ha dado cumplimiento a la orden de la magistrada de Yaguachi.
La jueza dispuso que se oficie al jefe de la Policía Nacional de Migración para que inserte en la base informática de dicha dependencia la prohibición de salida del país de Romero.
El 22 de enero de 2024, con el voto de mayoría, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) desechó -por no estar debidamente fundamentado- un recurso de casación interpuesto por la defensa de Pablo Romero, exfuncionario del régimen de Rafael Correa, y ratificó la sentencia a nueve años de prisión en su contra como autor del delito de secuestro del político Fernando Balda, ocurrido en Bogotá (Colombia) el 13 de agosto de 2012.
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