El 22 de enero de 2024, la CNJ desechó un recurso de casación interpuesto por la defensa de Pablo Romero y ratificó la sentencia a nueve años de prisión en su contra como autor del delito de secuestro del político Fernando Balda, ocurrido en Bogotá el 13 de agosto de 2012.
Karly Vargas, jueza de la Unidad Judicial del cantón San Jacinto de Yaguachi (Guayas), revocó las medidas cautelares que otorgó el exjuez Jhon Rodríguez Mindiola, a favor de Pablo Romero Quezada, ex secretario de inteligencia, y le dio un plazo de 24 horas para que se presente en el Centro de Rehabilitación Social Masculino Pichincha No.2.
“En caso de no presentarse se dispondrá su inmediata localización y captura”, dice el texto de una providencia fecha al 19 de marzo de 2024 suscrita por la jueza Karly Vargas, que circuló en redes sociales.
Vargas dispuso además que deberá presentarse en la secretaria del despacho judicial todos los días 15 y 30 de cada mes en el horario de labores del despacho de 08:00 a 17:00.
La jueza dispuso que se oficie al jefe de la Policía Nacional de Migración para que inserte en la base informática de dicha dependencia la prohibición de salida del país de Pablo Romero.
El 22 de enero de 2024, con el voto de mayoría, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) desechó -por no estar debidamente fundamentado- un recurso de casación interpuesto por la defensa de Pablo Romero, exfuncionario del gobierno del expresidente Rafael Correa, y ratificó la sentencia a nueve años de prisión en su contra como autor del delito de secuestro del político Fernando Balda, ocurrido en Bogotá (Colombia) el 13 de agosto de 2012.
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