El colectivo Acción Jurídica Popular cree que el proyecto de revocatoria del Concejo de Quito es posible, aunque los tiempos para ello son cortos.
El colectivo Acción Jurídica Popular, integrado por 25 profesionales de distintas áreas, pone un nuevo tema a debate en Quito: la posibilidad de revocatoria del mandato de todo el Concejo Metropolitano, incluido el alcalde, Jorge Yunda.
El primer paso que dieron fue solicitar al Consejo Nacional Electoral (CNE) copias certificadas de los 22 planes de trabajo de los ediles. «Esperamos que a más tardar el miércoles (18 de agosto de 2021), el CNE no estregue esta información», dice David Paz, vocero de este colectivo que también impulsó la revocatoria de mandato de José Bolívar Castillo (Loja) y el trámite que no prosperó en el caso de Mauricio Rodas (Quito).
Con la documentación en la mano iniciarán el proceso de verificación. «Habrán planes que aún pueden ser cumplidos y otros que por el paso del tiempo ya no será posible», sostiene Paz. Agrega que «el panorama está claro», pero que saben que se «enfrentan a un poder político» que pretenderá frenar este proceso.
¿Es posible una revocatoria colectiva?
Daniel González, abogado y experto en materia electoral, menciona que este pedido es viable siempre y cuando se lo haga de forma individual por cada edil y no en «combo»; es decir, se tiene que verificar autoridad por autoridad si incurrió en una de las tres causales de revocatoria: incumplimiento del plan de trabajo, violación a disposiciones relativas a la participación ciudadana; o si incumplió alguna de las disposiciones determinadas en la Constitución, vigente desde 2008, o en otras normativas.
Esteban Ron, director de la escuela de derecho de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), coincide con este criterio y agrega que el trabajo del Colectivo será «encasillar a cada uno de los concejales en un incumplimiento específico del plan de trabajo».
González y Ron mencionan que la recolección de firmas debe ser también individualizada. El reglamento para el Ejercicio de la Democracia Directa establece que, en el caso de Quito, donde el padrón electoral supera los 300.000 electores, se debería recoger el 10% de firmas.
Esto quiere decir que se necesitarían 4’440.260 firmas si el proceso determina que la revocatoria de mandato procede para los 22 ediles debido a que en la elecciones seccionales de 2019 el padrón electoral en Quito estaba integrado por 2’018.291. Una persona podría firmar, sin inconveniente, los 22 formularios.
No obstante, para Ron, esta sería una tarea prácticamente «imposible» de conseguir puesto que también se tienen que tomar en consideración los tiempos que hay que cumplir.
Paz, ante la consulta sobre que tipo de infraestructura tienen para este cometido, afirmó que «habrá gente que les apoye en todo sentido» para la recolección. «No tenemos una infraestructura económica«, acotó.
¿Quién quedaría a cargo del Municipio?
González asegura que no existiría un «vacío de poder» al interior del Municipio, puesto que una vez que se efectivizaría la revocatoria de mandato, los que asumen los puestos son los concejales alternos.
El mismo Código de la Democracia establece un orden de sucesión para que una vez que una autoridad principal es revocada, asuman ese puesto «los siguientes en las listas» acorde al número de votos conseguidos.
Un proceso de revocatoria puede tomar, desde el momento que el CNE admite la solicitud, hasta nueve meses. Para González, los «tiempos son un poco justos» pero están dentro de lo que la norma establece.
«La revocatoria debe estar aprobada antes que inicie el último año de gestión» y el proceso electoral se puede llevar adelante en el transcurso del último año de gestión. «Eso sucedió en Loja con José Bolívar Castillo«, señala. (AS)
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