Según la Alcaldía de Quito, este proceso permitirá un fácil proceso de identificación. Además, la vicealcaldesa explicó las diferencias con propuestas anteriores.
El alcalde Pabel Muñoz ha presentado una propuesta de ordenanza con el objetivo de regularizar y supervisar los servicios de entregas y repartos a domicilio (delivery) en Quito.
No obstante, la inclusión del requisito de antecedentes penales para la habilitación de los prestadores de este servicio ha suscitado preocupaciones, especialmente entre la comunidad de repartidores extranjeros.
Según la propuesta, es obligatorio presentar un certificado de antecedentes penales emitido por las autoridades ecuatorianas, o debidamente apostillado si es emitido en el extranjero, para el registro de prestadores.
Este requisito podría resultar complicado para ciertos extranjeros, como los venezolanos, ya que obtener y legalizar este documento en Venezuela no es un proceso sencillo y podría dificultar su participación en el servicio de delivery en Quito.
En Venezuela, la solicitud de antecedentes penales es un proceso digital, pero la página web funciona mediante el número de cédula y tiene un número limitado de cupos diarios.
Además, la apostilla de documentos también se realiza de forma digital, presentando desafíos para aquellos que intentan acceder a la página debido a bloqueos o la falta de un usuario registrado.
En algunos casos, los venezolanos se ven obligados a pagar por servicios externos para poder completar estos trámites.
Cabe destacar que la regulación propuesta se aplicaría a personas naturales que realicen entregas de forma autónoma o a través de plataformas digitales, así como a empresas cuyo giro de negocio se centre en la mensajería y delivery. La jurisdicción de aplicación sería en todo Quito.
Requisitos e identificación para repartidores
Según la propuesta del Municipio de Quito, para iniciar el proceso de regularización, las personas interesadas deberán completar un formulario de solicitud, ya sea de forma física o electrónica, a través de los canales designados por la Agencia de Coordinación Distrital de Comercio.
Entre los requisitos exigidos se incluye la copia digitalizada de la cédula de identidad o pasaporte para acreditar la identidad.
Adicionalmente, se exige la presentación de la licencia de conducir vigente, la matrícula vehicular, una foto digital de frente y perfil, comprobante de servicio básico del lugar de residencia con un máximo de dos meses de antigüedad, indicación de dirección domiciliaria y teléfono de contacto.
La Agencia de Coordinación Distrital de Comercio, encargada del registro, emitirá un certificado de registro de prestadores en un plazo de ocho días, junto con una credencial que incorporará un código QR. Este código permitirá la verificación rápida y segura de la identidad del prestador, constituyendo así la habilitación necesaria para el desarrollo de la actividad de entrega a domicilio.
El certificado de registro contendrá elementos esenciales, como el número de registro, fotografía del prestador, nombre completo, número de identificación, código QR, fecha de obtención y fecha de caducidad. Estos elementos aseguran una identificación clara y un control efectivo sobre los prestadores autorizados.
Es importante destacar que el certificado de registro tendrá una vigencia de un año y deberá ser renovado anualmente, con un plazo de 30 días para realizar este proceso, previa actualización de la información.
Este certificado tendrá un costo, el cual será fijado por la Agencia de Coordinación Distrital de Comercio y será de uso exclusivo y personal para cada solicitante.
Concejala Racines opina sobre la regulación de deliverys
La vicealcaldesa de Quito y presidenta de la Comisión de Movilidad, Maria Fernanda Racines, compartió su perspectiva sobre la propuesta de ordenanza presentada por el alcalde para regularizar los servicios de delivery en Quito.
La concejala destacó que el proyecto, ingresado el 14 de febrero de 2024, ya está siendo evaluado por la Comisión de Movilidad, que ha iniciado el proceso para abocarse al conocimiento y trámite de la propuesta.
En comparación con la propuesta anterior de la concejala Analía Ledesma, Racines señaló diferencias significativas.
Por ejemplo, mientras la propuesta de Ledesma se enfoca en regularizar la relación laboral entre repartidores y plataformas, el proyecto del alcalde propone condiciones de uso, un censo y registro, así como una identificación mediante un carné.
Racines aclaró que el objetivo no es oponerse al trabajo autónomo, sino establecer un registro para garantizar la seguridad de la ciudadanía.
Además, confirmó que se ha acordado dar prioridad al proyecto, esperando tener el informe para el primer debate en la primera semana de abril y el segundo debate a principios de mayo. (EC)
Sanciones por incumplimientos:
Infracciones leves:
- No llevar consigo la credencial de prestador de servicio de entrega o delivery.
- No notificar los cambios de datos personales, como domicilio y/o vehículo.
- No retirarse el casco al entregar y/o recibir paquetes.
* Estas infracciones leves serán sancionadas con el 10% del salario básico unificado (SBU). En caso de reincidencia, la multa será del 20% del SBU.
Infracciones graves:
- Prestar el servicio de entrega sin realizar la renovación del Registro de Prestador de Servicio de D
* La sanción por infracciones graves será del 20% del SBU, pero en caso de reincidencia se incrementará al 30% del SBU.
Infracciones muy graves:
- Ejercer la actividad de servicio de entrega a domicilio sin el respectivo registro y credencial por más de dos ocasiones.
- Prestar el servicio con un registro o credencial que no le corresponda.
- Prestador de servicio de entrega que preste o alquile su credencial.
- Ejercer el servicio con una credencial falsa, adulterada o que no cumpla con las especificaciones técnicas.
* Estas infracciones muy graves conllevan una sanción del 50% del salario básico unificado (SBU) y la inhabilitación en el registro por seis meses. La reincidencia en estas infracciones será sancionada con el 100% del SBU y la inhabilitación en el registro por seis meses.
Las posibles sanciones con multas económicas por incumplir los requisitos de la regulación serán desde $46 hasta $460