Durante mucho tiempo, diferentes gobiernos han creído equivocadamente que se puede manejar la política petrolera a escondidas. Insistentemente, se ha creído que es posible gestionar el sector lejos del debate público, tras un manto de discreción, y que las ganancias seguirían fluyendo. El resultado ha sido desastroso. La producción petrolera lleva diez años en picada, sin las inversiones considerables, como el ITT o el OCP, que se veían en décadas pasadas. Revertir este escenario requeriría inversiones y reformas que, por su magnitud, solo podrían llevarse a cabo por medio de un amplio consenso político y social; sin embargo, la clase política se resiste a discutir el tema.
Lo que otrora fue un ejemplo de progreso y desarrollo, produciendo técnicos de clase mundial incluso, hoy agobiza frente a la desidia de la política oportunista.
No se trata apenas de miedo o de displicencia. Este espiral descendente, producto de la falta de conocimiento técnico y planificación, ha engendrado un orden en el que hay silenciosos ganadores. Mientras el Estado insiste en mirar a otro lado y postergar necesarias decisiones, un nuevo sector rentista que dificulta cualquier transformación se ha consolidado.
Ya no es momento para conjuras o intrigas. Si el Ecuador opta por mantenerse en la senda petrolera, debe hacerlo de forma transparente, ordenada y técnica. De lo contrario, en el caso de renunciar definitivamente a esta fuente de energía es necesario proponer alternativas viables y replantear el modelo de energía barata que ha primado durante medio siglo.
Lo que ya no es tolerable es este proceder hipócrita, en el que se deja morir a un área estratégica de la economía y se promete a la sociedad mantener privilegios imposibles de pagar, mientras solo se benefician un puñado de vivos.