LA HORA consultó el archivo judicial del caso que ya tiene fecha para una nueva audiencia, tras cumplirse la instrucción fiscal.
Ha pasado un mes y siete días desde que un accidente en Guayllabamba enlutó a Quito. Fueron tres muertos, 19 heridos (dos niños), y cerca de 24 vehículos afectados por la colisión de un trailer.
El hecho ocurrió el 27 de mayo de 2023 y un día después se formularon cargos contra Arturo Alexander S., conductor del vehículo pesado que no huyó del lugar.
Por el hecho, la Fiscalía pidió prisión preventiva contra Arturo Alexander S., procesado por el presunto delito de muerte culposa. El juez concedió la medida y el hombre de oriundo de Carchi, pero domiciliado en Quito, cumple esta medida desde entonces.
Cumplida la instrucción fiscal
Una vez cumplidos los 30 días de instrucción fiscal, en la página de la Función Judicial se refleja un acta de oficio, emitida el 29 de junio de 2023, en donde se detalla que: para el 7 de julio de 2023, se desarrollará la audiencia oral pública de prueba y juzgamiento «por procedimiento expedito por la presunta Contravención de Tránsito impugnada, en la que se concentrará y practicará toda la prueba de cargo y de descargo» la audiencia será presencial. En inicio, esta audiencia se iba a dar el 5 de julio, pero se difirió «por única vez», señala el portal.
Presunta falla en los frenos
Durante la formulación de cargos, el fiscal de turno explicó que el procesado – que manejaba el trailer que prestaba servicios de una empresa embotelladora– habría embestido a los otros vehículos, aparentemente, por una falla en los frenos. Sin embargo, por la magnitud del accidente, la Fiscalía consideró que existe una alta probabilidad de que el acusado no cumpliera con arresto domiciliario. De hecho, en el acta de esta audiencia consta que el chofer del trailer no pudo detallar el sector en el que se encuentra domiciliado, en la capital. (AVV)
DATO:
La muerte culposa representa una pena privativa de libertad de uno a tres años y la suspensión de la licencia de conducir por seis meses una vez cumplida la pena privativa de libertad
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