Tras la sentencia de la jueza de la Unidad de la Familia de Pichincha, el Ministerio de Economía aún no entrega recursos al Consejo de la Judicatura. Las negociaciones continúan.
El 21 de junio de 2023 se cumplen dos meses desde que la jueza de la Unidad de la Familia de Pichincha, Cecilia Pareja, aceptó parcialmente una acción de protección interpuesta -a título personal- por Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), y declaró la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.
La jueza también dispuso la entrega al CJ de un presupuesto “óptimo”, que para la Función Judicial asciende a $265’650.998 para solventar las necesidades del sector, incluyendo valores para la jubilación, para los servidores judiciales, homologación, restituciones de jueces, y para partidas que no cuentan con un fondo económico.
Para ello, la administradora de justicia ordenó que el Ministerio de Economía y la Judicatura, en un plazo de 30 días, debían generar una solución presupuestaria a través de la conformación de mesas técnicas.
Cecilia Pareja dictó el fallo el 21 de abril de 2023, pero su sentencia aún no se cumple y podría considerarse como causal de destitución del ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, dijo el asesor del CJ, Gonzalo Cifuentes, en entrevista con LA HORA.
En su resolución, la jueza dispuso que las mesas técnicas debían trabajar en tres áreas: talento humano, bienes y tecnología.
Pero “sorpresivamente” el Ministerio de Economía, afirmó Cifuentes, ha tomado una posición en la que únicamente se puede conversar respecto de los temas que estén vinculados con proyectos de inversión, a pesar de que la decisión de la jueza fue distinta.
El punto medular de la acción de protección que interpuso Terán, el 3 de abril de 2023, fue que, para que las personas accedan a un eficaz servicio de Justicia, se necesita incrementar el número de jueces.
El Consejo requiere de al menos 600 jueces, de los cuales existen 300 partidas que están vacantes, pero no tienen financiamiento. Para el CJ, es imperioso que el Ministerio de Economía pueda revertir esta postura que a juicio de las autoridades de esta institución es “incorrecta”.
Defensoría acepta pedido
La última semana, el Consejo de la Judicatura exhortó a la Defensoría del Pueblo para que proceda a elevar un pedido a la jueza de garantías constitucionales, Cecilia Pareja, en torno a que aclare el alcance de su fallo del 21 de abril.
En uso de sus facultades establecidas en el artículo 9, literal a) de Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, la Defensoría es accionante y tiene la disposición de cumplir con el rol y realizar un seguimiento para que la sentencia se cumpla. La Defensoría del Pueblo aceptó el pedido de la Judicatura este 14 de junio de 2023.
Desde 2013, cuando el Ecuador tenía menos población, el CJ tenía $200 millones más de presupuesto. Para Gonzalo Cifuentes, esto no tiene sentido: si la población aumenta, el presupuesto de la Función tiene que incrementarse para poder garantizar el servicio.
Solo para ciertos gastos de inversión
Dos semanas después de que la sentencia de la jueza Pareja fue notificada por escrito al CJ, al Ministerio de Economía y a la Defensoría del Pueblo, equipos técnicos de estas instituciones se instalaron en mesas de trabajo.
A Wilman Terán le preocupa el tratamiento que se está dando en medio del debate de las mesas técnicas, donde la intención del Ministerio de Economía solo es aportar a ciertos gastos de inversión, y que, a su vez, el CJ financie $5 millones para los casos prioritarios de jubilación. La cuantía total para el pago de este rubro supera los $30 millones
Por estas consideraciones, Terán cree que es necesario un acercamiento con el Ministro de Economía, Pablo Arosemena, pero hasta el momento no se ha concretado.
Por lo pronto, el CJ entregó al Ministerio de Economía 30 proyectos. De estos, solo han sido aceptados 17, de los cuales se excluyen los valores para el pago de nómina.
La función judicial, al prestar un servicio, su mayor inversión está en el gasto corriente, más no en una obra pública. (SC)
A pesar de la falta de recursos, Wilman Terán intenta “surfear” en medio de la resistencia del Ministerio de Economía que “abrió las puertas a 17 proyectos, pero cerraron 13”.
Uno de los proyectos aprobados será para la implementación de tecnología para el soporte del expediente electrónico, inteligencia artificial, archivos en la nube, automatización e interconexión. Para esto se requiere $12 millones.
Gonzalo Cifuentes, defiende la sentencia constitucional emitida por Cecilia Pareja. Existen causas represadas en los juzgados que impiden que los menores cobren sus pensiones alimenticias de forma oportuna o para que los trabajadores puedan tener sus sentencias laborales de manera digna y oportuna. Estas demoras generan una verdadera tortura para los usuarios del sistema, señaló Cifuentes.
De los $2,7 millones que se presupuestó para la evaluación y selección (jueces y fiscales), el rubro disminuyó al 10%.