Durante 40 años se ha mantenido un esquema en lugar de buscar productividad y menores costos.
Cada año, Ecuador pierde entre $200 millones y $300 millones por el contrabando de productos agrícolas que llegan de los países vecinos, como Colombia.
Durante 40 años, esa política de precios oficiales, llamados de sustentación, se ha implementado para supuestamente proteger a los agricultores y permitir el crecimiento y desarrollo del agro.
Sin embargo, la realidad es distinta. En ese periodo, las ganancias por cada hectárea de arroz sembrado, entre otros cultivos, se ha reducido más del 40%. Además, según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el ingreso promedio en el campo ha caído de $380 a $250 al mes.
Asimismo, el peso del agro en la economía se ha estancado en el 8%, aunque el potencial es de hasta el 20%.
Mal negocio como el subsidio los combustibles
En este contexto, los precios oficiales son equiparables al subsidio de los combustibles: otra política pública que apuntaba a favorecer a los más pobres, pero que solo representa un gasto para el Estado y pérdida de oportunidades para los ciudadanos.
En otras palabras, según Vicente Carrillo, mediano productor agrícola, el sector solo es prioridad en el discurso y se quiere mantener a la fuerza mecanismos ineficientes.
“El control de precios crea erróneamente la percepción de que cualquiera puede producir ciertos productos, porque la ganancia está asegurada a través de una orden estatal. Eso no crea incentivos para producir más y mejor y si los costos suben, solo se exige que suba el precio oficial”, dijo.
El resultado es que miles de personas siembran lo mismo, pero cada vez más caro. Eso perjudica a los pequeños agricultores y hace que el país sea cada vez menos competitivo.
Diez productos con control de precios
Actualmente, diez productos tienen precios oficiales establecidos desde el Estado: arroz de grano corto y largo, caña de azúcar, maíz amarillo duro, banano, plátano, soya, algodón, trigo y leche.
En el caso de los dos últimos, las siembras han decrecido y la producción es cada vez más ineficiente. La mayoría del consumo interno tiene que importarse.
Por su parte, uno de los sectores más conflictivos últimamente es el arrocero. Desde el 24 de mayo 2021, el Gobierno de Guillermo Lasso ha tenido que enfrentar tres jornadas de protestas en las calles, y se amenaza con una más para el 15 de septiembre.
Asimismo, se pide que se construyan silos para almacenar la creciente producción excedente. Es decir, más control e intervención estatal.
Sin embargo, la realidad apunta a que los cultivos ecuatorianos son hasta 30% menos productivos que los colombianos o peruanos; y a que el Estado ayudaría más entregando créditos baratos y efectiva asistencia técnica.
Más política que soluciones
El martes 7 de septiembre de 2021, la ministra de Agricultura, Tanny Vera, compareció ante el pleno de la Asamblea para supuestamente rendir cuentas sobre el fracaso en hacer cumplir el precio oficial del arroz.
Esa comparecencia no fue un debate. Los asambleístas de ciertos bloques -como Pachakutik, Izquierda Democrática, socialcristianos y Unes- llevaron escritos sus discursos.
Vera no se enfocó en justificar el no cumplimiento de los precios oficiales, sino que dijo que el modelo no ha dado resultados y no ha favorecido a los agricultores. “Este modelo es caduco. Ha encubierto una política pública clientelar que no ha garantizado el crecimiento del sector más importante de la economía. No se puede seguir estando aislado. Nuestros productores deben convertirse de una vez por todas en empresarios eficientes y competitivos”, aseguró.
Además, puntualizó que una de las raíces del contrabando es que los productos agrícolas ecuatorianos son en promedio 48% más caro que los peruanos y 28% más caro que los colombianos.
La respuesta de los legisladores ni siquiera llegó al análisis de los malos resultados del modelo, sino sólo a la discurso ya escogida desde antes: si no se impone el control estatal, la M debe renunciar.
Vera propuso una nueva política pública que abarate la producción mediante la tecnificación agrícola, el acceso al agua y el reparto de semillas. Asimismo, se reconoció que se debe trabajar en bajar más los aranceles para que el campo tenga insumos, materias primas y bienes de capital a mejor precio; también, se debe suprimir la tramitología y otorgar crédito barato y a largo plazo. (JS)
Entre contrabando, ineficiencia, baja de producción y otros, la política de precios oficiales provoca pérdidas de más de $500 millones al año.
