El BID aprueba crédito por $250 millones para Ecuador

El Ministerio de Economía destacó el apoyo de los multilaterales al Gobierno y al país.

Está previsto que el préstamo fortalezca programas sociales de equidad de género y aporte a la generación de empleo.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito de apoyo presupuestario para Ecuador por 250 millones de dólares, financiación que busca fortalecer la calidad de los programas sociales y respaldar la recuperación del empleo, informó este 27 de abril de 2022 el Ministerio de Economía.

El programa de asistencia incluye una «innovadora Iniciativa de Paridad de Género, cuyo objetivo es identificar y reducir las barreras que impiden a las mujeres acceder a oportunidades laborales en igualdad de condiciones», precisó el Ministerio en un comunicado.

Además, el plan supone la aplicación de una nueva estrategia para impulsar la generación de empleos formales en los sectores considerados claves para la transición hacia una economía de cero emisiones de carbono, sostenible con la protección del ambiente.

«Este nuevo financiamiento del BID reconoce los esfuerzos realizados para proteger a las poblaciones vulnerables de los efectos económicos adversos asociados con la pandemia (del COVID-19), apoyar la creación de empleo con especial enfoque en la equidad de género y en el empleo vinculado a objetivos ambientales», destacó el ministro ecuatoriano de Economía, Simón Cueva.

El Ministerio remarcó que, además de recibir cooperación de organismos multilaterales como el BID, el Gobierno ecuatoriano prevé obtener recursos de apoyo técnico no reembolsable de agencias de cooperación como la de Japón (JICA) y la de Francia (AFD). EFE

BID aprueba préstamo de $400 millones para Ecuador

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó ocho operaciones financieras para Argentina, Brasil, Ecuador, Haití, Honduras y Uruguay por un valor de 1.650 millones de dólares.

Las operaciones a las que irán destinadas tienen como objetivo fortalecer las finanzas públicas, reactivar la economía y mejorar los servicios de salud, agua y saneamiento, y transporte.

Asimismo, se espera que estos fondos contribuyan a mejorar la resiliencia ante desastres naturales, la seguridad alimentaria, el clima de negocios y la conectividad en zonas rurales, entre otros ámbitos, informó el BID en un comunicado.

Dentro de este paquete de ayudas hay dos préstamos para Argentina por un total de 500 millones. El primero busca financiar el acceso a servicios salud pública para la población de la Provincia de Buenos Aires, y el segundo para mejorar la seguridad de las redes viales de la misma zona.

El préstamo para Ecuador se eleva a 400 millones y servirá para financiar un programa para fortalecer el marco institucional y regulatorio para mejorar el clima de negocios, fomentar el comercio internacional y mejorar la estabilidad financiera y el acceso al financiamiento.

Para Brasil se aprobó un préstamo por 80 millones de dólares para mejorar la cobertura de agua potable y saneamiento en Manaos, así como para proyectos de urbanización, transformación digital e inclusión de género y diversidad.

Para Haití, el BID ha planeado una financiación no reembolsable por 60 millones de dólares que mejorará la seguridad alimentaria de los hogares rurales, incluidos agricultores, pescadores, comerciantes de productos del mar y trabajadores rurales del país, mediante la promoción de la productividad rural y la conectividad a los mercados.

Este proyecto proyecto será cofinanciado con 18,3 millones del Programa Global de Agricultura y Seguridad Alimentaria.

En el caso de Honduras, el crédito de 400 millones ayudará a afrontar desastres naturales y de salud pública y permitirá amortiguar el impacto que un desastre natural o un evento de salud severo o catastrófico pueda tener sobre las finanzas públicas.

Finalmente, el BID aprobó dos préstamos para Uruguay por un total de 210 millones. El primero, de 145 millones para impulsar la recuperación económica y fiscal pospandemia, con medidas para la protección del ingreso de los hogares vulnerables y el incremento de la liquidez de las micro, pequeñas y medianas empresas.

El segundo préstamo para Uruguay, de 65 millones, se destinará a invertir en la rehabilitación de diferentes tramos viales.EFE

El Gobierno gestiona un préstamo para la crisis carcelaria

Una de las medidas ha sido reforzar la presencia militar y policial en la ‘Penitenciaría del Litoral’.

El ministerio de Economía busca un crédito con el BID por $45 millones y otros $10 millones se transferirán directamente del presupuesto estatal.

La crisis carcelaria, que suma tres grandes matanzas solo en 2021, necesita decisiones para enfrentarla; pero también recursos para realizar mejoras y cambios en el sistema.

A través de un comunicado, el ministerio de Economía anunció este 17 de noviembre 2021 que se destinará un total de $55 millones para concretar esos propósitos.

De acuerdo con la cartera de Estado, actualmente se está gestionando un préstamo de $45 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esos recursos servirán para mejorar los servicios de rehabilitación social y de seguridad, a través de un programa de inversión que será ejecutado por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI) y la Corte Constitucional.

Por otro lado, el Ministerio aseguró que se han asignado $10 millones de recursos provenientes del Presupuesto General del Estado (PGE). Esos fondos servirán para atender los temas más urgentes de la emergencia carcelaria, de acuerdo con «los requerimientos realizados por las entidades correspondientes».

El detalle de la distribución y destino es el siguiente:

  •  $8’829’353 para el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI). El objetivo es mantenimiento de edificios y obras civiles; adquisición de equipos y materiales para el control y vigilancia de los centros de privación de la
    libertad en todo el país; adquisición de vehículos y materiales para control; pagos de servicios básicos, entre otros.
  • $1’200.000 para la Policía Nacional. Los recursos irán a la dotación de combustible; y mantenimiento, repuestos y accesorios del parque automotor para aumentar el
    patrullaje a escala nacional.
  • $57.500 para Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El objetivo es la compra de repuestos y accesorios del parque automotor para trasladar a personal médico forense a la ciudad de Guayaquil y otros gastos de viaje. (JS)

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Precios oficiales para productos agrícolas son tan ineficientes como el subsidio a los combustibles

REALIDAD. Los pequeños productores son los más perjudicados por el sistema.

Durante 40 años se ha mantenido un esquema en lugar de buscar productividad y menores costos.

Cada año, Ecuador pierde entre $200 millones y $300 millones por el contrabando de productos agrícolas que llegan de los países vecinos, como Colombia.

Durante 40 años, esa política de precios oficiales, llamados de sustentación, se ha implementado para supuestamente proteger a los agricultores y permitir el crecimiento y desarrollo del agro.

Sin embargo, la realidad es distinta. En ese periodo, las ganancias por cada hectárea de arroz sembrado, entre otros cultivos, se ha reducido más del 40%. Además, según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el ingreso promedio en el campo ha caído de $380 a $250 al mes.

Asimismo, el peso del agro en la economía se ha estancado en el 8%, aunque el potencial es de hasta el 20%.

Mal negocio como el subsidio  los combustibles

En este contexto, los precios oficiales son equiparables al subsidio de los combustibles: otra política pública que apuntaba a favorecer a los más pobres, pero que solo representa un gasto para el Estado y pérdida de oportunidades para los ciudadanos.

En otras palabras, según Vicente Carrillo, mediano productor agrícola, el sector solo es prioridad en el discurso y se quiere mantener a la fuerza mecanismos ineficientes.

“El control de precios crea erróneamente la percepción de que cualquiera puede producir ciertos productos, porque la ganancia está asegurada a través de una orden estatal. Eso no crea incentivos para producir más y mejor y si los costos suben, solo se exige que suba el precio oficial”, dijo.

El resultado es que miles de personas siembran lo mismo, pero cada vez más caro. Eso perjudica a los pequeños agricultores y hace que el país sea cada vez menos competitivo.

Diez productos con control de precios

Actualmente, diez productos tienen precios oficiales establecidos desde el Estado: arroz de grano corto y largo, caña de azúcar, maíz amarillo duro, banano, plátano, soya, algodón, trigo y leche.

En el caso de los dos últimos, las siembras han decrecido y la producción es cada vez más ineficiente. La mayoría del consumo interno tiene que importarse.

Por su parte, uno de los sectores más conflictivos últimamente es el arrocero. Desde el 24 de mayo 2021, el Gobierno de Guillermo Lasso ha tenido que enfrentar tres jornadas de protestas en las calles, y se amenaza con una más para el 15 de septiembre.

Asimismo, se pide que se construyan silos para almacenar la creciente producción excedente. Es decir, más control e intervención estatal.

Sin embargo, la realidad apunta a que los cultivos ecuatorianos son hasta 30% menos productivos que los colombianos o peruanos; y a que el Estado ayudaría más entregando créditos baratos y efectiva asistencia técnica.

Más política que soluciones

El martes 7 de septiembre de 2021, la ministra de Agricultura, Tanny Vera, compareció ante el pleno de la Asamblea para supuestamente rendir cuentas sobre el fracaso en hacer cumplir el precio oficial del arroz.

Esa comparecencia no fue un debate. Los asambleístas de ciertos bloques -como Pachakutik, Izquierda Democrática, socialcristianos y Unes- llevaron escritos sus discursos.

Vera no se enfocó en justificar el no cumplimiento de los precios oficiales, sino que dijo que el modelo no ha dado resultados y no ha favorecido a los agricultores. “Este modelo es caduco. Ha encubierto una política pública clientelar que no ha garantizado el crecimiento del sector más importante de la economía. No se puede seguir estando aislado. Nuestros productores deben convertirse de una vez por todas en empresarios eficientes y competitivos”, aseguró.

Además, puntualizó que una de las raíces del contrabando es que los productos agrícolas ecuatorianos son en promedio 48% más caro que los peruanos y 28% más caro que los colombianos.

La respuesta de los legisladores ni siquiera llegó al análisis de los malos resultados del modelo, sino sólo a la discurso ya escogida desde antes: si no se impone el control estatal, la M  debe renunciar.

Vera propuso una nueva política pública que abarate la producción mediante la tecnificación agrícola, el acceso al agua y el reparto de semillas. Asimismo, se reconoció que se debe trabajar en bajar más los aranceles para que el campo tenga insumos, materias primas y bienes de capital a mejor precio; también, se debe suprimir la tramitología y otorgar crédito barato y a largo plazo. (JS)

Entre contrabando, ineficiencia, baja de producción y otros, la política de precios oficiales provoca pérdidas de más de $500 millones al año.

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