Temas ambientales causan suspensión de 25 concesiones mineras

El Gobierno asegura que no se permitirá operación de minas que dañen el ambiente

Contaminación de agua y deficientes acciones de remediación son algunas de las principales incumplimientos. El 76% de las suspensiones está en el Oro.

Desde julio 2021 hasta la fecha, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición
Ecológica reporta que se han suspendido 25 concesiones mineras en cinco provincias del país: El Oro (19), Zamora Chinchipe (2), Azuay (2), Morona Santiago (1) y Napo (1).

Esta decisión se tomó luego de que se identificaron varias afectaciones ambientales como: descarga de agua de mina sin tratamiento previo; disposición de material estéril sobre el suelo; uso de mercurio; incorrecta rehabilitación de áreas intervenidas; desvío de cauces de ríos, entre otras infracciones detalladas en los informes de inspección.

Los titulares mineros de cada concesión ya recibieron la notificación de suspensión de actividades. En un plazo de 15 días, esos titulares deberán presentar un plan de acción con medidas correctivas y preventivas.

Si no se cumple con eso, las consecuencias podrían escalar hasta sanciones penales.

Gustavo Manrique, ministro de Ambiente, dijo que «el compromiso con el Ecuador, la
ciudadanía y los recursos naturales nos obliga a ser rigurosos en el estricto cumplimiento de la ley y frente a toda actividad productiva».

Según el funcionario, el control y seguimiento constante de los proyectos y concesiones
mineras se hace en coordinación con la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, gobiernos locales y la ciudadanía en general, a través de sus denuncias públicas.

Estas últimas suspensiones fue el resultado de la revisión de un total de 39 concesiones a nivel nacional; y se sustentan en la Disposición General Quinta de la Ley de Minería.

El 5 de agosto 2021, a través del decreto ejecutivo 151, el presidente de la República, Guillermo Lasso, estableció un plazo de 100 días para concretar una política minera a largo plazo. Esa política busca mejorar los controles ambientales y normar, de una vez por todas, el proceso de consulta previa a las comunidades. (JS)

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