El presidente Lasso busca normar la consulta previa a las comunidades, controlar la minería ilegal y transparentar las cifras del sector.
El presidente Guillermo Lasso emitió el decreto No 151 la noche del 5 de agosto de 2021. Con el documento busca establecer una nueva política minera. La meta es transparentar la explotación y operaciones; además, quiere frenar la creciente actividad minera ilegal.
La minería ha sido la principal fuente de inversión extranjera durante los últimos años. En 2020, en medio de la pandemia, se exportaron más de $1.000 millones. Durante este 2021, las exportaciones han seguido creciendo.
Sin embargo, la actividad minera tiene fuerte oposición de sectores políticos y ambientalistas. En Cuenca, por ejemplo, la victoria de una consulta popular antiminera pone en riesgos a proyectos en marcha como Loma Larga.
Por su parte, en Quito, la Corte Constitucional cerró paso a un primer intento de consulta para prohibir la explotación.
Consulta previa
A través del Decreto, el presidente Lasso dispone que en el plazo de 100 días, a partir del 5 de agosto 2021, se realicen todas las acciones necesarias para que se pueda aplicar los procesos de consulta previa, libre e informada a los pueblos y nacionalidades indígenas.
Andrés Ycaza, abogado con experiencia en el sector minero y ex vocero de la Cámara de Minería, comentó que el anterior Gobierno incumplió el pedido expreso de la Corte Constitucional de que se presente a la Asamblea una Ley Orgánica para ese tipo de consultas.
Además, desde 2014, un proyecto de esa normativa «duerme el sueño de los justos» en los archivos del legislativo.
Según Ycaza, al no haber ley, las mineras no saben cómo aplicar la consulta previa, por lo que la práctica común es llegar a acuerdos directos con las comunidades.
Los sectores ambientalistas y políticos en contra de la minería han argumentado siempre, como uno de los principales sustentos para pedir consultas populares, que las compañías con concesiones mineras no han cumplido con la consulta previa.
El catastro minero se vuelve a abrir
En máximo 90 días, el Ministerio de Energía debe implementar un plan de acción que permita desarrollar una herramienta tecnológica para manejar la información del sector.
En concreto, se debe generar una plataforma que facilite el acceso y administración de todos los datos sobre derechos mineros, inversiones, pago de impuestos, entre otros.
Una vez se cumpla ese plan, se dispondrá la reapertura del Catastro Minero conforme los parámetros establecidos en la Ley de Minería y su Reglamento General.
Transparencia de información y procesos
Dentro de los mismo 100 días de plazo, se ordena que se transparente la información de operaciones, contratos y actividades dentro de la actividad minera a escala nacional. Ese proceso de transparencia incluye varios puntos:
Difundir las condiciones reales de la explotación; publicar qué beneficios económicos y de otro tipo reciben las comunidades aledañas; cuánto pagan en tributos las empresas mineras, como se utilizan esos recursos y cuál es la rentabilidad para el Estado; visibilizar las condiciones de los contratos y las concesiones.
Auditoría de concesiones otorgadas
La Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables tiene tres meses para presentar al presidente Lasso un informe detallado de todos los derechos mineros y concesiones otorgadas bajo los regímenes de gran minería, mediana minería, pequeña minería y minería artesanal.
Ese informe deberá contener lo siguiente: concesiones de minería metálica y no metálica; permisos de minería artesanal; autorizaciones de libre aprovechamiento; autorizaciones de plantas de beneficio; contratos de operación; contratos de explotación; licencias de comercialización, y/o cualquier otro derecho minero que corresponda, con el detalle de registro en el catastro minero, fechas de vigencia u otra información que se considere relevante.
A la par, se tiene que puntualizar que condiciones técnicas, económicas y jurídicas se necesitan para abrir el catastro minero en el futuro.
Control de la minería ilegal
En el plazo de un mes, el Ministerio de Gobierno debe convocar a la Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal (Cecmi). El objetivo es establecer un plan para intervenir de manera urgente y prioritaria en las zonas don de ha detectado actividades de minería de este tipo.
El plan de acción también se coordinará con las Gobernaciones provinciales y gobiernos locales.
En 20219, la ex directora de la extinta Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), explicó que se habían identificado 500 puntos de minería ilegal en el país; pero que la cifra real podría ser de más del doble.
Durante 2020, en medio de la pandemia, los controles contra esa actividad ilícita se redujeron.
Trabajo público-privado
El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables tienen plazo de un mes para que envíe a la Presidencia de la República un proyecto de conformación del Consejo Consultivo Minero Público-Privado.
El objetivo principal de ese consejo es, según el decreto, «promover la participación de la sociedad civil en la construcción organizada de la gobernanza pública minera«.
Además, se busca que se transparenten todos los procesos de concesión minera; y se cumpla con los compromisos del país al ser miembro de la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI).
Formalización de mineros artesanales
En el plazo de cuatro meses contados se debe elaborar e implementar un plan de formalización de los mineros artesanales. Ese plan debe tomar la elaboración de nueva normativa, la cual garantice la seguridad jurídica de los derechos mineros preexistentes.
En otras palabras, se busca que los mineros puedan seguir con su actividad sin que se vea afectados las concesiones que han venido explotando.
El plan deberá ser remitido al Presidente de la República, Guillermo Lasso.
Actualmente, más del 60% de la actividad corresponden a minería pequeña y artesanal.
Destrabar los trámites represados
En el plazo de dos meses, el Ministerio del Ambiente y el de Energía tendrá que revisar todos los procesos de otorgamiento de permisos, autorizaciones, registros, auditorías, licencias y demás actos administrativos.
La meta es determinar cuáles se encuentran en trámite y están pendientes de ser atendidos, con el fin de destrabar los procesos y su resolución sea considerada como prioritaria.
De acuerdo con el Decreto, se debe despachar esos pendientes en máximo tres meses.
A la fecha, existen trámites hasta de más de un año que no han recibido respuesta de las autoridades.
Nuevo reglamento para permisos ambientales
En el plazo de dos meses, el ministerio de Ambiente debe establecer un nuevo procedimiento para el otorgamiento «eficiente y oportuno» de permisos ambientales y de agua.
Ese procedimiento deberá cumplir la normativa ambiental y de agua vigentes; además, se tendrá que optimizar los tiempos de emisión y priorizar los controles ex-post.
Cambios en el instructivo para concesiones mineras
El Ministerio de Energía tiene tres meses para modificar el Instructivo de Otorgamiento de Concesiones Mineras. El principal objetivo es establecer nuevas condiciones para el otorgamiento de concesiones mineras metálicas y áreas caducadas o que hayan sido devueltas o revertidas al Estado.
El presidente Lasso busca que existan condiciones que garanticen el trato justo y equitativo para la participación de actores nacionales e internacionales en el sector minero. Asimismo, se apunta a evitar la duplicidad innecesaria de trámites administrativos. (JS)
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