El Gobierno justifica que el proyecto cumple con el principio de unidad de materia. Este punto fue criticado antes de que se conociera su contenido. Hasta el 20 de octubre la Asamblea debe tomar una decisión.
Antes de la presentación del proyecto de la Ley Orgánica de Creación de Oportunidades, Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal hay quienes advertían sobre una posible inconstitucionalidad, al tener varias materias en un solo proyecto. Por eso, en el documento, presentado hoy, viernes 24 de septiembre de 2021, se redacta sobre sobre el cumplimiento del principio de unidad de materia y se señala que “cumple con el principio al perseguir como objetivo la reactivación económica del Ecuador que permita la generación de empleos de calidad por medio de la atracción de inversiones”.
Este es el ambiente a esta hora en la entrada del Salón José Mejía Lequerica de la @AsambleaEcuador . Se espera la llegada del presidente @LassoGuillermo para presentar la Ley Creando Oportunidades. Vía: @javialesua pic.twitter.com/nqQVhcHhMR
— La Hora Ecuador (@lahoraecuador) September 24, 2021
Además, cita un precedente de la era correísta en 2014, cuando el Código Orgánico Monetario y Financiero fue presentado como económico urgente y fue aprobado. Además, como consecuencia, derogó 31 leyes de diversa índole bajo la premisa que era necesario poner en orden el sistema financiero, en cuyo caso, la Corte Constitucional rechazó las acciones de inconstitucionalidad.
Entonces, ¿bajo esa justificación legal el proyecto de ley es constitucional? El constitucionalista André Benavides dice que el tema de unidad de materia se podrá determinar cuando se lea artículo por artículo y se verá si el tema laboral se compadece con los otros textos que tienen que ver con reforma económica y tributaria. “Por ejemplo, si establezco deducciones o exenciones en materia tributaria por un nuevo régimen laboral existiría algún tipo de conexidad”.
En todo caso, dice, el Ejecutivo hizo bien en fundamentarse en sentencias de la Corte Constitucional, con el antecedente de 2014, pero finalmente el que tiene la última palabra es el Consejo de Administración Legislativa (CAL). Al tratarse de una urgencia económica se tiene 30 días, es decir, hasta el 20 de octubre de 2021. (JG)