Conformación del CAL dificulta calificación de Ley de Oportunidades

El presidente Guillermo Lasso anunció el contenido del proyecto
El presidente Guillermo Lasso anunció, en cadena, el contenido de la Ley de Oportunidades.

El primer obstáculo será sortear la calificación por parte del Consejo de Administración Legislativa (CAL).  El Gobierno tiene minoría en el organismo.

El proyecto de Ley de Creación de Oportunidades, que se presentó hoy, viernes 24 de septiembre de 2021, en la Asamblea con el carácter de urgente, deberá sortear varios obstáculos al interior del Legislativo. El primero es su calificación por parte del Consejo de Administración Legislativa (CAL), organismo encargado de establecer si la propuesta cumple con los requisitos de Ley previo a que pase a una de las comisiones especializadas permanentes.

El organismo administrativo deberá revisar, por ejemplo, que el proyecto de Ley se refiera a una sola materia, con la suficiente exposición de motivos, el articulado que se proponga y la expresión clara de los artículos que con la nueva Ley se derogarían o se reformarían. «Si el  proyecto no reúne estos requisitos no se tramitará», reza el  artículo 135 de la Constitución.

Justamente este primer requisito es el que está siendo cuestionado por sectores políticos, que adelantan que el proyecto es inconstitucional porque la propuesta se referiría a varias materias; esto es, tributaria, laboral e inversiones, entre otras.

Pero no es el único problema que afrontará en el CAL. También está su conformación. Hay dos asambleístas de Pachakutik (Pk): Guadalupe Llori y Darwin Pereira; dos  independientes: Javier Saquicela y Bella Jiménez; está Johanna Moreira, de Izquierda Democrática (ID); Ronny Aleaga, de Unión por la Esperanza (UNES), y solo Nathalie Arias, de CREO.

Esto generaría problemas al Ejecutivo para obtener los votos necesarios puesto que el movimiento Pachakutik, se ha distanciado del acuerdo que hizo con CREO a inicios del periodo. Tanto la dirigencia de la agrupación política, así como los asambleístas han mostrado su desacuerdo con la política económica y laboral que ha anunciado el Gobierno.

El asambleísta José Chimbo (PK), por ejemplo, dijo que no están de acuerdo con el proyecto del Gobierno, el cual -a su juicio- crea impuestos y tienen visos de inconstitucionalidad.

En tanto, que desde Unes (un representante en el CAL) adelantaron que el proyecto de Ley tiene visos de inconstitucionalidad, por lo que ven con dificultad que el tema pase en el CAL.

El asambleísta de ese bloque Juan Cristóbal Lloret señaló: «La propia Constitución habla de la especificidad de la Ley; no se puede poner diversos temas y en la propuesta se ven temas laborales, tributarios, inversión, económico; eso es contrario a lo que establece la Constitución”.

Lloret asegura que esa no sería la única inconstitucionalidad del proyecto. Dice que otro punto controversial es la pretensión -a su juicio- de establecer dos códigos de trabajo. Bajo este modelo, los trabajadores regidos por el actual código, que representan apenas el 30% de la Población Económicamente Activa (PEA), seguirán con las reglas anteriores. Y el 70% restante, quienes aspiran a un empleo adecuado, tendrían derechos distintos.

«No se puede pensar en un país que tenga ciudadanos de primera con más derechos y ciudadanos de segunda, con menos derechos; eso es inconstitucional porque es discriminatorio», afirmó Lloret.

En la Izquierda Democrática (ID) son más cautos. El jefe de bloque, Alejandro Jaramillo, dijo que quieren tener el proyecto de Ley en sus manos para hacer una revisión completa de su contenido; sin embargo, dijo que del anuncio que hizo el Presidente Lasso en la cadena nacional, hay aspectos que estarían en contra de la normativa constitucional, como es el hecho de que la propuesta verse sobre varios temas.

El legislador señaló que es necesario que el CAL, en donde tienen su delegada, revise a profundidad estos temas. “Hay que observar que el proyecto cumpla de manera clara con lo que dispone la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa”.

Posición del Ejecutivo

Sin embargo, el proyecto de Ley de Oportunidades intenta despejar las dudas sobre su constitucionalidad. Así cita jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia: «una concepción estricta del principio de unidad de la materia no es constitucionalmente adecuada». Y plantea que puede existir cierta conexión entre las materias siempre que estén relacionadas al espíritu de la ley que se presenta.

Además, cita un precedente de 2014 cuando el correísmo presentó una ley con carácter de económico urgente y con ello derogó 31 leyes de diversa naturaleza para -en teoría- poner en orden el sistema financiero. Por ello -se añade en el proyecto– este cumple con el principio de unidad de la materia porque tiene como objetivo la reactivación económica del país, que permita la creación de empleos de calidad mediante la atracción de inversiones. (RR)

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