Intereses contrapuestos y agendas particulares habrían llevado a la crisis que hoy enfrenta la función judicial

PUGNA. Las autoridades de la Corte Nacional de Justicia, Consejo Judicatura y Fiscalía General del Estado han denunciado intereses contrapuestos.
PUGNA. Las autoridades de la Corte Nacional de Justicia, Consejo Judicatura y Fiscalía General del Estado han denunciado intereses contrapuestos.

El Colegio de Abogados del Azuay pidió a la Judicatura que suspenda el concurso de jueces nacionales.

Intereses contrapuestos y agendas particulares son los factores que han provocado la actual crisis que enfrenta la Función Judicial y que, según un sector del gremio de abogados, “ha tocado fondo”.

En los últimos cuatro años, la Justicia ha estado plagada de disputas, escándalos, denuncias de corrupción, y enfrentamientos que han ido minando la credibilidad ciudadana.

El actual Consejo de la Judicatura (CJ) nació del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (Cpccs-T), que lo eligió en enero de 2019 de ternas enviadas por la Corte Nacional de Justicia (CNJ, la Fiscalía General del Estado (FGE), la Defensoría Pública, la Presidencia de la República y la Asamblea Nacional.

Desde entonces, el CJ entró en pugna con la Corte Constitucional (CC) que le puso límites. Con un fallo de 2022, prohibió a la expresidenta del CJ María del Carmen Maldonado emitir sanciones disciplinarias de forma individual. Esto provocó su renuncia, y se produjo poco después de que la CC calificó como inconstitucional la destitución de 26 jueces y conjueces de la CNJ ejecutada por la Judicatura en 2019.

Con la salida de Maldonado, la Judicatura y la CNJ entraron en una nueva batalla. El vocal alterno de la presidenta saliente era Álvaro Román y debía asumir la presidencia, pero en su lugar el Pleno del CJ nombró al vocal Fausto Murillo.

Casi once meses después, la CNJ logró que se designara a Wilman Terán como su delegado en la Judicatura. Precisamente, Iván Saquicela, titular de la Corte Nacional; y Wilman Terán, son dos de los protagonistas del más reciente escándalo.

Los vocales de la Judicatura, Maribel Barreno y Juan José Morillo, también enfrentan un proceso por el presunto delito de tráfico de influencias, luego de filtrarse un audio en el que los vocales habrían negociado un fallo a favor de Guadalupe Llori, expresidenta de la Asamblea Nacional.

Este caso llegó a manos del juez Walter Macías, a quien Barreno intentó retirar del proceso a través de una recusación, y que luego fue destituido por la Judicatura.

El 29 de agosto de 2023, la fiscal general del Estado, Diana Salazar pidió día y hora para formular cargos contra los vocales de la Judicatura, incluido el presidente Wilman Terán.

Presuntos intereses

La Federación Nacional de Abogados del Ecuador, a través de su vocero, José Alomía, opinó que, al parecer, el “interés obvio” de Iván Saquicela y “que puede ser legítimo”, es que sea la CNJ la que dirija la Judicatura.

Sin embargo, su proyecto se habría visto frustrado cuando Wilman Terán llegó con agenda propia. “Terán no consulta con nadie, hace y dice lo que él quiere e inicia una política inquisidora contra los jueces”, añadió Alomía. “La Función Judicial ha tocado tanto el fondo que solo falta que se peguen”, expresó el jurisconsulto.

Cree que la Fiscalía ingresó en “la pelea” porque la Judicatura se habría constituido en una traba para su gestión, al cederle cero autonomía. “Al parecer, hay un interés legítimo en la Fiscalía para que eso cambie, y por eso su denuncia de obstrucción a la justicia”. (SC)

 Que intervenga la Corte Constitucional

“El sistema judicial ha tocado fondo; es totalmente caótico, no hay visos de una credibilidad del sistema de justicia”, alertó Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Pide a los vocales de la Judicatura que renuncien, y que sea la Corte Constitucional (a falta de una Asamblea Nacional) la que, eventualmente, proceda a una destitución en caso de que se determine un incumplimiento de funciones.

Mientras tanto, el Colegio de Abogados del Azuay, a través de un comunicado pidió a la Judicatura que suspenda el concurso de jueces nacionales que la Judicatura lleva adelante, pues tendría “vicios insubsanables de la convocatoria” porque no se precisa la sala de la CNJ para la que participarán, como tampoco el periodo, lo cual afecta el principio de la justicia especializada y la seguridad jurídica.

A pesar de esta solicitud, el Consejo de la Judicatura anunció que luego de la verificación de cumplimiento de requisitos, un equipo multidisciplinario determinó que 201 profesionales del derecho que participan en el concurso para la selección y designación de jueces de la CNJ cumplieron con todos los requerimientos solicitados durante la fase de postulación. De esta forma se encuentran habilitados para continuar a la fase de méritos que inicia el 5 de septiembre de 2023.

44 postulantes que no cumplieron con los requisitos pueden solicitar la reconsideración hasta este 31 de agosto de 2023.