El Comité estará conformado por cuatro ministros y el gerente de Petroecuador, con el objetivo de establecer un plan de acción y cronograma para el cierre progresivo del bloque petrolero 43 o ITT.
A través del decreto 257, el presidente de la República, Daniel Noboa ordena la creación del Comité de Ejecución de la Voluntad Popular Yasuní – ITT (CEVP Yasuní – ITT).
Este Comité tiene el objetivo de «cumplir la voluntad popular con respecto al retiro progresivo y ordenado de toda la actividad relacionada a la extracción de petróleo en el Bloque 43«.
Estará conformado por por cinco miembros: los ministros de Energía y Minas , Ambiente, Economía, Mujer y Derechos Humanos y el gerente de Petroecuador.
El Comité tendrá como principal tarea la elaboración de un plan de acción con los lineamientos y cronogramas para con la «voluntad popular», que implica el cierre del bloque petrolero. Esto como resultado de la consulta popular de agosto de 2023, donde más del 58% de los ecuatorianos votaron sí a dejar el petróleo en el subsuelo.
El decreto de Noboa dispone que el plan de acción que salgan del Comité (no pone un plazo para elaborarlo) deberá ser remitido a la Corte Constitucional. Además, cada mes se tendrá que informar sobre los avances del cumplimiento del plan de acción, según el cronograma.
Las medidas que ordena el presidente Noboa se dan a un poco más de 3 meses de que se cumpla el plazo establecido por la Corte Constitucional del 31 de agosto de 2024 para el cierre definitivo del bloque petrolero que está entre los cinco más productivos del país con más de 52.000 barriles de crudo al día.
No queda claro cuál realmente es la estrategia del Gobierno sobre cómo y cuánto tiempo tomará dejar de explotar y cerrar el ITT (incluye, según lo establecido por la Corte, dejar el terreno como si nunca hubiera existido la infraestructura petrolera).
En su momento, la exministra de Energía, Andrea Arrobo, llegó a decir que se necesitarían al menos cinco años para cumplir con todo el proceso. Incluso el mismo presidente Noboa aseguró que se pediría a la Corte Constitucional una prorroga de uno o dos años como mínimo.
Según cálculos del Banco Central del Ecuador (BCE), se perderán ingresos de más de $17.000 millones en diez años con el cierre del ITT. En 2024, si se parara la explotación en la última parte del año, se dejaría de ingresar alrededor de $800 millones.
Solo el desmontaje de la infraestructura puede costar alrededor de $2.000 millones.
En medio de la crisis económica y fiscal, y todavía contando con la producción del ITT, los ingresos petroleros para el Presupuesto General del Estado (PGE) sigue a la baja mientras desde el ministerio de Energía y Minas, que actualmente está más preocupado del tema eléctrico, no se explica si se tiene una estrategia para revertir la caída de producción y el golpe que representará dejar de contar con el ITT. (JS)