El voto mayoritario en dos consultas populares establece claramente que el ambiente es más importante que la economía.
Más del 58% de los ecuatorianos votaron sí a que se deje indefinidamente el petróleo del bloque ITT (dentro del parque Yasuní) bajo tierra.
Esto a pesar de las alertas de instituciones como Petroecuador y el Banco Central del Ecuador (BCE), que presentaron estudios en los que se establecía que el Estado perdería entre $14.000 millones y más de $16.000 millones de ingresos durante los próximos 20 años.
Además, estas entidades alertaron sobre importantes pérdidas de empleo directo e indirecto y menores niveles de crecimiento económico y pobreza.
Estos temas pasaron a segundo plano, de acuerdo con la mayoría de los ciudadanos, frente a la defensa de una zona de alta riqueza en fauna y flora.
Así, más de 10 años después del primer intento de organizaciones como los Yasunidos, el Estado y el Gobierno de turno tendrán un año plazo, según el dictamen de la Corte Constitucional, para cerrar todos los pozos del llamado bloque 43.
Yasunidos declaró que el sí a favor de no explotar el ITT es “el triunfo de la utopía de los pueblos y nacionalidades y que el gran triunfador de las elecciones es el Yasuní”.
A su vez, los quiteños, dentro de una consulta popular de carácter local, también le dieron el sí a la prohibición de todo tipo de minería (desde la artesanal hasta la de gran escala) en el llamado Chocó Andino.
Más del 67% de los habitantes de la capital valoraron más la defensa de la Mancomunidad del Chocó Andino, que tiene una superficie de 124.296 hectáreas en noroccidente de Quito, en donde habitan más de 3.000 especies de plantas, 640 de aves, 150 de mamíferos, 90 de reptiles y 120 de anfibios.
¿Qué pasará con el Yasuní?
El actual gerente de Petroecuador, Ramón Correa Vivanco, ya había alertado, mucho antes de la consulta popular, que el plazo de un año para desmontar el bloque 43 es imposible de cumplir.
Las autoridades han establecido que, en el mejor de los casos, se necesitará entre $500 millones y $600 millones para desmontar toda la infraestructura petrolera. Esos miles de millones son necesarios actualmente para inversión en obra y seguridad.
A los problemas para desmontar el bloque, que podría demorar mucho más del año establecido por la Corte Constitucional, se suman críticas sobre si lo que se está haciendo realmente es proteger el Yasuní.
Carlos Andrés Vera, cineasta y activista, recalcó que uno de los mayores peligros de dejar de explotar ese campo petrolero es que queda abierta una carretera que ahora, sin el control de Petroecuador y las autoridades, será vía libre para el ingreso de mineros ilegales, traficantes de especies y madereros ilegales.
“Una zona que nunca debió explotarse, pero que ya se estaba explotando desde hace años, quedará con una carretera libre, sin vigilancia del Estado, para que entren todas las mafias especialistas en destruir el medio ambiente”, dijo.
Según Vera, ese campo abierto, que quedará luego de que se cierren todos los pozos petroleros, será por donde realmente se produzca una enorme destrucción en el Yasuní.
Vera también alerta que la pérdida de los ingresos que genera el ITT podría aumentar la presión del Gobierno de turno para acelerar la explotación minera.
Así, por un lado, no se lograría el objetivo de cuidar el Yasuní; y por el otro, se impulsaría otro tipo de extractivismo para reemplazar el ingreso petrolero.
¿Cómo queda el mapa minero en Quito?
Carolina Orozco, presidenta del directorio de la Cámara de Minería, ha alertado que el resultado de la consulta popular no puede frenar las 20 concesiones que actualmente están en fase de exploración en el Chocó Andino.
Esas concesiones están firmadas hace años y la voluntad de los quiteños no puede tener efecto retroactivo.
Desde la Cámara también se ha recalcado que los problemas de contaminación de agua (heces fecales por falta de alcantarillado), más de 80% de pobreza en 65 zonas pobladas y tala ilegal no se solucionarán prohibiendo la minería.
El exviceministro de Minas, Fernando Benalcázar, también alertó que se está creando un pésimo precedente para la inversión responsable y se abre la puerta a la minería ilegal.
Ecuador, según el último Annual Survey of Mining Companies, elaborado por el Fraser Institute de Canadá, es uno de los países con más potencial minero del mundo; pero la inseguridad jurídica y las prohibiciones impiden el desarrollo del sector.
Sin embargo, desde colectivos como Quito sin Minería se celebró el triunfo del sí a la prohibición de la minería en el Chocó Andino y se calificó la decisión de la mayoría de Quito como “un paso definitivo para salvar nuestros ríos, nuestros bosques de Quito, nuestra alimentación saludable y el agua limpia para las generaciones actuales y futuras que vivimos en este hermoso territorio”. (JS)
Puntos que quedan para el debate
El ITT representa alrededor del 13% de la producción y exportación anual de petróleo. La pérdida de ingresos obligará a reducir presupuesto de obra pública, Gobiernos locales y universidades
Actualmente, menos del 1% del Chocó Andino tiene concesiones mineras. Todavía no está claro cómo se ejecutará el resultado de la consulta popular en Quito.
Yasunidos ha convocado a una rueda de prensa para las 12:00 de este lunes 21 de agosto de 2023.