El Consejo de Seguridad Pública y del Estado determinó las acciones tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio
El Presidente Guillermo Lasso tras culminar el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) informó que las elecciones presidenciales del próximo 20 de agosto siguen en firme y anunció la firma de dos decretos como respuesta ante el asesinato de Fernando Villavicencio.
El primer decreto establece el duelo nacional por tres días en memoria del periodista y político. Y el segundo declara el Estado de Excepción a nivel nacional durante los próximos 60 días.
Remarcó que a partir de este momento las Fuerzas Armadas se movilizarán para garantizar la seguridad de la ciudadanía y las elecciones democráticas del 20A.
Lasso precisó que el Gabinete de Seguridad, junto a las autoridades Judiciales y Electorales se reunieron luego de “conocer el repudiable asesinato del candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio”.
El mandatario precisó que el ataque se produjo alrededor de las 18:15 minutos de la tarde y provocó el enfrentamiento entre los asesinos y los efectivos que resguardaban la vida de Villavicencio.
Explicó además que los asesinos lanzaron una granada para cubrir su huida, pero está no detonó. Por lo que las autoridades hicieron una detonación controlada del artefacto.
Lasso reiteró que “aplicaremos todo el rigor de la ley para que los responsables materiales e intelectuales paguen con la máxima pena”.
Advirtió que las instituciones del Estado no descartan que este hecho tuviese como objetivo sabotear la realización de las elecciones del próximo 20 de agosto.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, expresó: “como función Electoral y como parte del Estado, repudiamos y condenamos este acto criminal y expresamos nuestras condolencias a familiares, amigos, coidearios y al movimiento político”.
Atamaint sentenció que las elecciones generales previstas para el 20 de agosto, “se mantienen inalterables en cumplimiento del mandato constitucional y legal, así como todas las actividades planificadas en el calendario electoral”.
Destacó que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional redoblarán los esfuerzos en todo el territorio nacional y en los recintos electorales para que los ecuatorianos puedan “elegir libremente, en paz y con seguridad”.
Para finalizar, Guillermo Lasso envió un mensaje claro, “a quienes buscan amedrentar al Estado, que no vamos a retroceder, el Estado está firme y la democracia no claudica ante la brutalidad de este asesinato. No le vamos a entregar el poder y las instituciones democráticas al crimen organizado, aunque esté disfrazado de organizaciones políticas”.
Hizo un llamado a desterrar el odio y la violencia de las prácticas políticas.
¿Cómo afecta el decreto la rutina de la ciudadanía?
El estado de Excepción por 60 días tiene como objetivo precautelar la seguridad de la ciudadanía y de los derechos consagrados en la Constitución.
El plazo de 60 días se fundamenta en la necesidad de mantener reforzada la presencia de los Cuerpos de Seguridad en todo el territorio nacional y «limitar los escenarios de violencia en contra de las personas y bienes públicos y privados».
En el decreto se dispone «la movilización en todo el territorio nacional de todas las entidades de la Administración Pública Central e Institucional, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas». Pide a los cuerpos de seguridad que coordinen sus esfuerzos en el marco de sus respectivas competencias para «ejecutar las acciones necesarias para mantener el orden público».
Aclaran el decreto que las Fuerzas Armadas participarán en el restablecimiento del orden público de forma complementaria con la Policía Nacional y según «los protocolos aplicables a las Fuerzas Armadas».
El decreto dispuso la suspensión y limitación de algunos derechos entre los que destacan la libertad de reunión y la inviolabilidad del domicilio.
En cuanto a la limitación a la Libertad de Reunión se detalla que «la fuerza pública queda facultada para impedir y desarticular reuniones en espacios públicos donde se identifiquen posibles amenazas al orden público y la seguridad ciudadana».
Sobre el derecho a la inviolabilidad de domicilio, se limitará a la «posibilidad de realizar inspecciones y requisas por la fuerza pública, tendientes al hallazgo de espacios de almacenamiento de sustancias sujetas a fiscalización, armas y explosivos».
La medida será de «carácter excepcional y necesaria para prevenir posibles atentados y actos violentos derivados no solo del enfrentamiento entre grupos delincuenciales, sino también del ejercicio propio de la delincuencia».
Así mismo, el decreto dispone que los funcionarios de los cuerpos de seguridad deberán «observar el estándar del uso legítimo de la fuerza y los principios aplicables». (ILS)