El acta final deberá concretarse hasta el 12 de octubre de 2022.
Los 90 días que se impusieron el Gobierno y la dirigencia de la Conaie, Feine y Fenocin para llegar a consensos en diez mesas de diálogo se quedaron cortos para tratar las temáticas consideradas “sensibles”.
Esto queda claro al revisar el mapa de avance de este proceso. Así, a 56 días de instaladas las primeras cinco mesas, solo en la comisión de la Banca pública y Privada se llegaron a acuerdos.
Entre la dirigencia indígena y campesina hay descontento por los “pocos resultados” registrados hasta este momento, pero también reiteran la voluntad de continuar dialogando.
Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), y artífice del paro de junio, declaró este martes 6 de septiembre de 2022, que cumplirán, hasta el último minuto, los compromisos incluidos en el Acta de la Paz firmada el 30 de junio que puso fin a un paro de 18 días. “Se agotará el diálogo durante los 90 días”. Luego se realizará una evaluación colectiva.
Así, el dirigente descartó que el movimiento indígena planifique levantarse de las mesas de negociación o que se piense en una nueva movilización.
“En las mesas que hay acuerdo con el Gobierno hay que firmar el acta, y en las que no hay consensos hay que cerrarlas definitivamente para ver otras alternativas, y seguimos adelante”, dijo Gary Espinoza, presidente de la Fenocin.
Primer cierre
De acuerdo con el cronograma trazado por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) -que actúa como mediadora en los diálogos- hasta este viernes 9 de septiembre de 2022 deberán quedar cerradas las mesas técnicas de focalización, control de precios, energía y fomento productivo.
En la suscripción del acta final se incluirá la mesa de banca pública y privada a la que se llegó a un acuerdo el 18 de julio. El documento de estas mesas deberá contener la siguiente información: acuerdos, desacuerdos, puntos pendientes, y proceso de seguimiento. (SC)
Subsidio a los combustibles
En esta mesa, que es la más sensible, se trata la principal exigencia del movimiento indígena en las movilizaciones. Hasta el momento hay planteamientos que siguen en discusión. El Gobierno propone liberar el precio de los combustibles y focalizar el subsidio solo a quienes lo necesiten. El movimiento indígena, en cambio, plantea un subsidio general, pero establece exclusiones a personas que no lo necesitan y propone un precio diferenciado para los que no requieren subsidio que pagarán el precio completo, el sector de transporte para el que se mantendrán los valores actuales ($2,40 gasolinas y $1,75 diésel), y el sector agrícola rural que pagará precios más reducido ($2,10 gasolinas y $1,50 diésel).
Control de precios
En esta mesa tampoco hay un acuerdo definitivo. Para atenuar los efectos de la inflación, el movimiento indígena plantea fijar precios para 44 productos de primera necesidad, incluidos servicios de electricidad y telefonía. Además, bienes industrializados como alimentos procesados, productos de limpieza y artículos de aseo personal. En este tema, el Gobierno ha informado que podría decidir fijar precios referenciales para 13 productos, definir tarifas sociales para los servicios de Internet, telefonía y electricidad. Además, levantar, a través del Censo de este año, una canasta básica para la ruralidad que permita definir políticas públicas, incrementar los controles para sancionar a los especuladores, crear observatorios público-privados de precios.
Energía y recursos naturales
En esta mesa, el movimiento indígena plantea una moratoria petrolera, auditoría a las actividades extractivas, consulta previa, reformas al Reglamento a la Ley Orgánica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. El ministro del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Gustavo Manrique, indicó que hay coincidencias, pero en temas puntuales. Mencionó, por ejemplo, la no extracción en áreas protegidas ni en áreas hídricas. Con relación a la consulta previa, libre e informada, señaló que eso lo tiene que aprobar la Asamblea Nacional.
Fomento productivo
En esta mesa se discuten cuatro ejes: el impacto de políticas de libre comercio en el sector agrícola, las políticas de fomento productivo a la agricultura familiar campesina, las intermediación y estructura de precios y el control de precios sobre las regalías de producción de flores.
También se debaten los acuerdos comerciales con México, Costa Rica, Corea del Sur y China, los cuales tienen distintos procesos de avance.
Hasta el momento no hay detalles de los planteamientos o posibles acuerdos, pero Bernardo Manzano, ministro de Agricultura, propone crear una comisión agrícola que pueda participar en las negociaciones y analice las afectaciones a la agricultura familiar campesina y al pequeño agricultor.
Banca pública
En esta mesa se lograron acuerdos el 18 de julio de 2022. Esa fecha, el Gobierno y el movimiento indígena firmaron un acuerdo definitivo para la condonación de créditos. Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, dijo que tras este acuerdo, se han colocado $77,4 millones en cooperativas de ahorro y crédito a través de la Corporación Nacional de Finanzas Populares; $94,7 millones entregados en créditos al 1% de interés y a 30 años plazo a través de BanEcuador; $58,8 millones entregados en condonación de 25.928 créditos irrecuperables a través de BanEcuador, y se ha instrumentalizado una política pública para que las entidades del sistema financiero estén en la capacidad de reestructurar y refinanciar las operaciones crediticias de los segmentos de microcrédito, crédito productivo, Pymes, etc.
Cinco mesas pendientes
Desde el lunes 12 de septiembre se espera que se abra el debate en las mesas de:
Derechos colectivos
Seguridad y Justicia
Acceso a salud.
Empleo y derechos laborales.
Educación superior.
Según el cronograma de la Iglesia, la firma del acta de acuerdo debe concretarse hasta el 12 de octubre de 2022 cuando se cumplirán los 90 días.