Los sistemas de control del SRI se quedaron varios pasos por detrás de las acciones de los evasores.
Según el más reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los ingresos tributarios en Ecuador representan el 19,1% del Producto Interno Bruto (PIB). Ese porcentaje está por debajo del 21,9%, que es el promedio de América Latina para 2022.
Ese nivel de recaudación se queda corto con unos gastos que solo en el Gobierno Central superan el 33% del PIB. Para cerrar esa brecha, antes que aumentar la presión a los pocos formales que pagan, la solución debería venir de la tan anunciada lucha contra la evasión de impuestos, que le cuesta más de $7.000 millones anuales al país. Con eso se llegaría a unos ingresos tributarios casi del 30% del PIB.
En octubre de 2021, cuando se iniciaron las investigaciones por los ‘Pandora Papers’, el presidente de la República, Guillermo Lasso, aseguró que pronto se sabría “quiénes son los verdaderos evasores de impuestos, aquellos que viven como ricos y tributan como pobres, aquellos glosados, digo aquellos osados que pretenden escudriñar en un patrimonio honestamente bien ganado y públicamente conocido, frente a una actitud de aquellos que esconden el origen de su vida, de su patrimonio”.
Esas declaraciones, que parecían ir en la línea de acciones firmes, no se han concretado en una lucha real contra la evasión.
Lasso, incluso, ha tenido que pedir cuentas, porque no se auditaron operaciones relacionadas con sonados casos de corrupción en Petroecuador y otras instancias públicas; o de excandidatos presidenciales como Xavier Hervas.
Esa dificultad de pasar del discurso a los hechos esconde problemas estructurales en el manejo del Servicio de Rentas Internas (SRI).
Controles rezagados
Javier Bustos, abogado tributario y docente universitario, explicó que el evasor sabe qué procesos maneja el SRI y también cómo salir de ese radar. El poder de control de la institución se limita básicamente al cruce de información, a través de un número limitado de sistemas y plataformas
“Si se sabe que se cruzan datos con el sistema financiero, normalmente se opta por hacer todo en efectivo o hacerlo por partes, para evitar rebasar los límites que generan sospechas. Se hacen controles de escritorio, pero se necesitan más auditorías de campo, de operaciones de investigación e inteligencia. Es decir, acciones propias de una especie de policía tributaria, para echarle el guante a gente que incluso maneja millones de dólares y no paga nada de impuestos”, dijo.
La abogada corporativa y tributaria Rosa María Salas recalcó que los mecanismos actuales se quedan cortos ante la creciente informalidad y el contrabando. Además, hay todo un universo de transacciones, a través de redes sociales, a las que tampoco se les sigue la pista de cerca.
Solo para fortalecer la gestión de cobro, aparte de otras inversiones, se necesitaría contratar a no menos de 800 personas.
Lo que sí ha funcionado bien es la creación de un departamento para dar seguimiento específicamente a los grandes contribuyentes, es decir, los grupos económicos como bancos, supermercados o petroleras
“Eso está bien, pero es mejorar los controles a los mismos formales de siempre. El problema es que quedan fuera otros que mueven grandes ingresos y no están bajo el radar de las autoridades. Ahí hay desde contrabando hasta quienes tienen contratos con el Estado, pero usan mecanismos para evitar pagar impuestos”, puntualizó Bustos.
Cifras opacas
Según información proporcionada por el SRI, entre 2019 y 2021 se han recuperado por acciones de cobro persuasivas y coactivas un total de $2.505,61 millones. En lo que va de 2022 (enero – marzo), en cambio, se han recuperado $167 millones.
En promedio, eso significa que cada año se rescatan un poco más de $800 millones, que representa alrededor del 11% de lo que se va por todos los mecanismos de evasión y elusión tributaria.
Bustos considera que esas cifras deberían transparentarse y desglosarse de mejor manera. “Es decir, compartir la casuística: cuánto se recuperó en facturas falsas, en contratos inexistentes, en pagos al exterior, en sobreprecios”.
Explicó que eso permitiría entender qué se está haciendo en temas de control o si solo se aumenta la recaudación por los nuevos impuestos y el movimiento normal de la economía.
Marcas de recaudación
Desde el año pasado, las autoridades tributarias dan a conocer cifras récord de recaudación. Salas, sin embargo, recalcó que la gente está interesada en saber cómo se gastan los recursos, más que sobre el aumento de los ingresos para el Estado. En otras palabras, mientras no se ve que lo que se paga se traduce en mejoras en los sistemas de seguridad, justicia y salud, se multiplican los discursos de evasión y de pagar lo mínimo necesario.
“De lo contrario se vuelve hasta molestoso que se anuncien constantes aumentos de recaudación. Primero porque no sabemos si están pagando todo lo que debería y en qué medida lo están haciendo. No es suficiente con decir que $800 millones viene del control de la evasión, porque eso es decir mucho y al mismo tiempo nada”, acotó.
En este sentido, se podría implementar propuestas como anunciar que se recuperaron tantos millones y, a la par, establecer a dónde van a ir esos recursos: recuperación de escuelas, compra de medicinas, entre otros. (JS)
$3.000 millones de deudas tributarias están en procesos judiciales, los cuales pueden durar años.
Más de la mitad de la economía, y alrededor del 67% del empleo, están en la informalidad en Ecuador.