Ya está inventada la fórmula para salir del alto déficit fiscal y el endeudamiento insostenible. Hay ejemplos internacionales; pero Ecuador repite sus mismos errores.
El problema de falta de recursos, alto déficit (más gastos que ingresos) y una millonaria cuenta de atrasos, no es temporal, ni comenzó hace unos pocos meses. Ecuador tiene un problema estructural, con crecientes gastos y unos ingresos estancados o en declive desde hace varios años como ya reseñó LA HORA.
En 2023, se cerró con más de $4.500 millones de atrasos con proveedores, IESS y gobiernos locales; pero en los últimos 16 años, incluso en los mejores momentos, las cuentas atrasadas sumaron $2.000 millones al cierre del año fiscal.
Por eso, las soluciones que actualmente se necesitan no pueden ser temporales porque el resultado serán más desequilibrios y una mayor crisis económica.
Espejismos
Para entender la situación actual del país resulta esclarecedor analizar por qué el déficit fiscal pasó de $1.750 millones en 2022 a $5.750 millones en 2023.
Durante el primer año completo de Gobierno de Guillermo Lasso (2022), Ecuador vivió el espejismo de los ingresos temporales por dos vías.
Por un lado, las contribuciones especiales sobre empresas y personas inyectaron liquidez adicional, junto con la reforma que incrementó el pago del impuesto a la renta de los que ganan más de $2.000 mensuales.
Por otro lado, la guerra en Ucrania disparó los precios del petróleo y tapó las ineficiencias del sector hidrocarburífero.
Así, se tuvo momentáneamente más dinero en la caja y, a la par, se multiplicaron las exigencias de más gastos desde sectores políticos, sociales y empresariales.
El Gobierno de Lasso se convenció de que el “orden fiscal” debía sentirse en las calles y aflojó la mano con el gasto e incluso revirtió el aumento del impuesto a la renta (convirtiéndolo en otra medida temporal).
El resultado es que en 2023 se perdió casi por completo el efecto de los ingresos temporales, pero los compromisos de gasto se mantuvieron iguales o aumentaron.
El año pasado cayeron los ingresos por impuestos en -$950 millones y los ingresos petroleros se redujeron en -$1.900 millones. Por otro lado, el gasto en sueldos aumentó en $550 millones y los intereses de la deuda pública subieron en $800 millones, entre otros compromisos en aumento con gobiernos locales y el IESS.
El enorme hueco fiscal de más de $5.000 millones se repetirá en 2024 si no se toman medidas de fondo.
“Por más de 15 años el déficit fiscal del PGE (Presupuesto General del Estado) superó el 5% del PIB, aumentando el endeudamiento para pagar gastos mayores que ingresos. Aumento del IVA y eliminación (o focalización) de subsidios no desaparece el déficit, lo vuelve manejable. Pensarlo como tema temporal, es miopía y sordera”, dijo Fausto Ortiz, exministro de Economía.
La misma piedra
El 11 de enero de 2024, el presidente de la República, Daniel Noboa, envió la Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica a la Asamblea. En esa norma se planteó la subida del IVA del 12% al 15%.
Esto provocó una reacción positiva de los mercados internacionales, bajó el riesgo país e incluso se abrió la posibilidad de la firma de un acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Esto fue resultado de que se leyó la medida como un intento de poner soluciones permanentes y estructurales al problema fiscal del país.
Sin embargo, en la Comisión de Desarrollo Económico se intenta aprobar un informe para primer debate de Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica, donde se cambia sustancialmente la propuesta original de Noboa.
Se incluyen impuestos temporales contra “grandes fortunas” y bancos; además de una fórmula donde el IVA sube al 13% de manera permanente y al 15% solo hasta 2026.
Al respecto, el exministro de Economía, Fausto Ortiz, puntualizó: “No entienden nada. No es solo plata para el conflicto, es plata para los sueldos, para el bono, para los GAD, para el 40% que debe asumir el estado de las jubilaciones en el IESS. A prepararse para los racionamientos, ya no de luz, de pagos”.
Noboa, durante una entrevista con Teleamazonas, se mostró de acuerdo con la mayoría de los cambios hechos en la Asamblea (menos impuesto sobre el patrimonio) y aseguró, sin dar detalles, que habrán recortes por $1.000 millones en gastos “muchos de ellos administrativos”.
Andrea Burbano, economista e investigadora, puntualizó que el gran problema del país es que los políticos, y gran parte de la élite económica y empresarial, rehúyen de las medidas estructurales.
“Ecuador necesita más ingresos permanentes y no parches; además de todo un paquete de medidas o reformas. No existen soluciones mágicas o intercambiables. Se debe recortar el gasto improductivo, pero también cambios tributarios que no caduquen cada uno o dos años”, puntualizó.
Cambios radicales
A lo largo de los años, varios países, tanto de ingresos bajos, medios o altos, se han visto en la necesidad de hacer cambios radicales para bajar un descontrolado déficit fiscal y un endeudamiento caro y difícil de pagar.
En todos los casos de éxito, la solución vino de un paquete de medidas desde varias vías. Así, por ejemplo, el Perú de la década de 1990 eliminó y redujo subsidios de todo tipo, implementó un plan de privatizaciones, realizó reformas para desregularizar la economía (laboral, financiera y apertura comercial), aumentó impuestos, entre otros.
En el caso de Portugal, a partir de 2011, a las medidas de austeridad en el gasto se sumó una reforma laboral y de pensiones, congelación de sueldos en el sector público, aumento de impuestos, entre otros.
Existen otros casos como el de Suecia en la década de 1990, Canadá en 1990, Estonia tras la caída del comunismo, Australia entre 1980 y 1990, Brasil en la segunda mitad de 1990, Argentina desde finales de 2023 con Milei, entre otros, que tienen en común lo siguiente:
1 Se incrementaron los ingresos permanentes del Estado, vía aumentos de las tarifas de ciertos impuestos y medidas de desregulación para impulsar el empleo y la inversión privada.
2 Se redujeron o eliminaron subsidios de todo tipo, no solo para liberar recursos para destinos más eficientes de gastos, sino también para sincerar los precios en la economía y evitar distorsiones que impulsan los negocios ilícitos y el contrabando.
3 Se impulsó un proceso de recorte del gasto público, incluyendo privatizaciones y eliminación de duplicidades.
4 Se acordaron reformas al sistema de pensiones, debido a que el subsidio estatal se vuelve cada vez más insostenible en el tiempo. (JS)
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