Acción Ecológica pidió a la Corte Constitucional que active una fase de seguimiento para verificar si se está cumpliendo el mandato popular. Para estos colectivos, el ITT debe cerrarse este 31 de agosto del 2024 y en el Chocó Andino no debe haber actividad minera, aunque sea de concesiones entregadas antes de la consulta.
Los miembros de Acción Ecológica, que incluye a Yasunidos y Quito Sin Minería, pidieron a la Corte Constitucional que active mecanismos para verificar el cumplimiento de los resultados de las consultas populares sobre la explotación petrolera en el ITT y la minería en el Chocó Andino.
El pasado 20 de agosto de 2023, más del 58% de los ecuatorianos votaron sí a que se deje indefinidamente el petróleo del bloque ITT (dentro del parque Yasuní) bajo el subsuelo. Mientras, más del 67% de los habitantes de Quito votaron sí a la prohibición de todo tipo de minería (desde la artesanal hasta la de gran escala) en el llamado Chocó Andino.
Los ecologistas, además de que se active la fase de seguimiento para verificar si se está cumpliendo el mandato popular; también le piden que la Corte Constitucional que inicie procesos para determinar responsabilidades, y si es el caso, que se destituya a todos los funcionarios públicos «que estén intentando incumplir» los resultados de la consulta popular.
Ramiro Ávila, exjuez de la Corte Constitucional (CC), citó el artículo 106 de la Constitución, según el cual una consulta popular es un pronunciamiento de obligatorio e inmediato cumplimiento.
Agregó que a pesar de que el mandato es no promover las actividades extractivas mineras y petroleras se siguen dando licencias y se hacen consultas de forma arbitraria.
Inty Arcos, del grupo Quito Sin Minería y de la mancomunidad del Chocó Andino, hizo un llamado a entidades estatales para que se revisen concesiones mineras entregadas de “manera inconsulta” y sin tomar en cuentas marcos legales.
En el caso del ITT, la misma ministra de Energía, Andrea Arrobo, ha declarado que «No es que se va a incumplir la sentencia de la Corte. La sentencia se la va a cumplir. Lo que hay que hacer es modularla. El cierre total no se puede hacer de una manera tan inmediata«.
Esto debido a que no se cuenta con el dinero suficiente para cerrar y desmontar toda la infraestructura petrolera. Además, la pérdida de ingresos petroleros netos para el Presupuesto General del Estado (PGE) sería, en el mejor de los casos, de entre $600 millones y $800 millones.
En el caso del Chocó Andino, María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, ya había alterado que la sentencia de la Corte Constitucional, que dio paso a la consulta popular, claramente establece que los efectos de la consulta popular regirán a futuro.
«Eso significa que quienes hoy por hoy tienen el título minero concedido por el Estado ecuatoriano podrán seguir trabajando porque el título minero no es que se da a un concesionario para que haga una u otra de la fase de la minería; sino que le faculta para hacer todas las fases de la minería», puntualizó.
Sin embargo, los grupos ecologista consideran que toda actividad minera debe acabarse, independientemente de cuánto se otorgó la concesión. (JS)
¿Es aplicable el resultado de la consulta que ordena el cierre del ITT?