La presidenta de la Cámara de Minería aseguró que se debe respetar la decisión mayoritaria en la consulta popular del Chocó Andino; pero no se puede desprestigiar a la actividad formal e impedir el desarrollo de concesiones ya entregadas legalmente. Los efectos de la consulta son a futuro.
Durante la última rueda de prensa convocada por el colectivo Quito sin Minería, el abogado de ese colectivo, Fred Larreategui, como uno de los miembros de la Mancomunidad de Chocó Andino, Inti Arcos, aseguraron que todo tipo de minería, incluso la de las dos grandes mega minas que tiene el Ecuador, son ilegales.
Más allá del triunfo del sí para prohibir la minería en el Chocó Andino, desde el sector formal se han encendido todas las alarmas porque existen intentos por desprestigiar la actividad en todo el país y poner todo en el mismo saco.
Así, María Eulalia Silva, durante una entrevista con LA HORA, explicó que este tipo de declaraciones son terriblemente alarmantes.
«No solamente son aseveraciones inexactas, son tendenciosas y yo creería que son peligrosas en el corto y mediano plazo. No es posible equiparar a la minería legal con la ilegal. No nos pueden decir que somos lo mismo. Eso es temerario e incluso creo podría generar una fragmentación del tejido en el corto y mediano plazo», puntualizó.
Según Silva, no se puede decir que toda la minería en el Ecuador es ilegal porque no se ha dado la consulta previa libre e informada.
» El Estado ecuatoriano no ha sido capaz de generar la normativa correspondiente para que se implemente esa consulta. Eso no le compete a la empresa minera. Eso le compete al Estado ecuatoriano. Hay que ser responsable con lo que se dice porque lo que se dice podría traer a futuro consecuencias que no queremos tener ni en lo económico, ni tampoco en lo social», apuntó la presidenta de la Cámara de Minería.
Silva dijo que que la consulta debe darse solo en zonas donde existan pueblos y nacionalidades. Es decir, donde, a través de parámetros establecidos nacional e internacionalmente, se puede probar la ancestralidad.
En este sentido, los mineros legales argumentan que no en todo proyecto minero se debe aplicar consulta de manera automática, sino cuando se cumplan lo establecido en la ley.
Además, también aseguran que la consulta se puede hacer cuando hay información sobre el proyecto. Antes de eso es inútil porque solo después de varios años de exploración se puede decir si se tiene o no se tiene un yacimiento explotable.
Esto aplica, por ejemplo, para las 12 concesiones otorgadas en el Chocó Andino y que actualmente están en fase de exploración.
¿ Qué pasará con las concesiones ya otorgadas en el Chocó Andino?
Tanto Arcos como Larreategui aseguraron que, con base en la decisión mayoritaria de los quiteños, todas las concesiones, incluso las ya otorgadas, deben quedar sin efecto porque todo tipo de minería es ilegal en el Chocó Andino. Desde colectivos como Quito sin Minería se anunció que estarán vigilantes para que eso se cumpla.
Sin embargo, Silva recalcó que la sentencia de la Corte Constitucional, que dio paso a la consulta popular, claramente establece que los efectos de la consulta popular regirán a futuro.
» Eso significa que quienes hoy por hoy tienen el título minero concedido por el Estado ecuatoriano podrán seguir trabajando porque el título minero no es que se da a un concesionario para que haga una u otra de la fase de la minería; sino que le faculta para hacer todas las fases de la minería», añadió
Silva afirmó que se debe respetar el voto mayoritario de los quiteños; pero no se puede ir más allá de lo que dice la ley y el dictamen de la Corte Constitucional.
En este contexto, lo que efectivamente pasará es que se cierra completamente la puerta a nuevas inversiones y proyectos mineros en el Chocó Andino.
Desde Quito sin Minería se asegura que eso no importa porque ya existe una pujante economía agrícola y turística en la zona. Se pone como ejemplo la producción de panela que estaría generando ingresos de $5 millones al año y dando empleo a entre 1.000 y 2.000 personas.
Pero, desde el sector minero se apunta a que los niveles de pobreza superan el 80 % en los 65 centros poblados de Chocó Andino. El 60% de esos poblados tienen escuela primaria, el 12% de ellos tiene un colegio secundario y el 70% tiene algún sistema de recolección de basura.
Silva lamenta que se le cierre la puerta al desarrollo de nuevas concesiones y proyectos de minería legal que tiene un gran potencial de generar empleo e ingresos.
» No se puede impedir que se desarrollen las concesiones que ya están otorgados, como tampoco se pueden hacer acusaciones de daño ambiental sin sustento. Las generalizaciones o las acusaciones infundadas terminan siendo temerarias. Nosotros decimos categóricamente están teniendo una actitud discriminatoria contra una industria legítima como la minería», acotó Silva.
Un llamado a no exacerbar los ánimos
Al interior de la cámara de Minería del Ecuador se está evaluando la situación actual y cuáles podrían ser las repercusiones de posturas que buscan dejar sin piso todo tipo de minería y no hacen distinción entre legal e ilegal.
» Nos preocupa sobremanera este tipo de de aseveraciones que lejos de llamar a la paz están exacerbando los ánimos. Nos parece que es nefasto», aseveró Silva.
Los mineros formales buscarán acercamientos con los dos binomios presidenciales que pasan a la segunda vuelta electoral. La intención que se no se desperdicie el potencial minero que tiene Ecuador y se establezcan las medidas para que la minería legal tenga controles e incentivos; y por el otro lado se combata la minería ilegal. (JS)