El Ingeniero Hernán Poveda explica que el dictamen de la Corte Constitucional, y la pregunta de la Consulta popular donde ganó el sí no son aplicables e incluso son inconstitucionales. El desmontaje tomaría entre tres y cinco años.
«No es aplicable el resultado de la consulta popular. Primero por la pregunta misma. El dictamen de la Corte Constitucional dice que se debe mantener el petróleo del bloque 43 debajo del subsuelo. Los minerales como oro, cobre y petróleo están en el subsuelo. Debajo del subsuelo no hay exploración ni explotación petrolera»
Ingeniero Hernán Poveda, experto petrolero y exfuncionario de Petroecuador, duranta una entrevista en el espacio Veraz, explicó que todo el proceso para llegar al dictamen de la Corte Constitucional (CC) fue «bien enredado». y la consulta popular estuvo plagado de ilegalidades e inconstitucionalidades.
La pregunta, que ganó con el sí con más del 58%, es inaplicable y ya lo advirtieron los tres jueces que salvaron su voto mientras otros cinco jueces constitucionales aprobaron el dictamen que dio vía libre a la consulta popular.
Esos tres magistrados (Richard Ortiz, Carmen Corral y Enrique Herrería) establecieron en su voto salvado que el proceso fue ilegal e inconstitucional.
Entre las causas de inconstitucionalidad, apuntaron, por ejemplo, a que la consulta debió ser circunscrita al área de influencia, es decir, a las provincias de Napo. Orellana y Sucumbíos.
Es decir, que se debería haber aplicado la misma lógica que se estableció con la consulta sobre la minería en el Chocó Andino, que se dio solo en el distrito metropolitano de Quito.
Además, Poveda recalcó que el dictamen de la Corte está lleno de contradicciones y exigencias imposibles de concretar hasta el próximo 31 de agosto de 2024.
El dictamen de la Corte obliga a dejar todo el terreno como si nunca hubiera existido el campo petrolero: reforestado y remediado todo
Pero para eso, de acuerdo con Poveda, no solo se debe dejar de producir, sino también sacar la infraestructura de cada pozo (250), evacuar el líquido que queda en cada pozo (petróleo, líquido, entre otros) y poner un tapón de cemento, entre otras acciones.
«Tomando en consideración equipos de suelda, torres de reacondicionamiento, equipo pesado, grúas, gabaras y la chatarrización de facilidades que están produciendo (campamentos, oficinas, planta de procesamiento de crudo), se necesitan $1.800 millones. Tomaría entre tres y cinco años. Todo dependerá de la cantidad de equipos que se tengan que meter», afirmó.
El país se enfrentar al dilema de chatarrizar $2.800 millones en infraestructura que se ha venido montado desde 2016.
«No hay un registro en el mundo de que se haya cerrado un campo en plena producción. Mucho más, un campo que significa un recurso económico importante de ingresos para el país», añadió.
Lo contradictorio, según Poveda, es que la Corte Constitucional manda a hacer todo eso; pero al mismo tiempo su dictamen limita o prohíbe a Petroecuador celebrar contratos que tengan que ver con el ITT.
Es decir, Petroecuador no podrá contratar más torres de reacondicionamiento; no podrá contratar más equipos de servicios, entre otros. Esto impide en los hechos cumplir con el cierre del bloque petrolero.
«Llamo la atención de los Yasunidos y les pido que tengan una actitud ecuatoriana, que se duelan del país. Acepten que se equivocaron y no midieron las consecuencias que iba a tener el sí«, añadió Poveda.
Asimismo, recordó que el ITT hay como seis o siete procesos de control ambiental. «El ITT es un modelo de control ambiental. Yo pienso que los Yasunidos nunca conocieron esto», recalcó.
El Gobierno ha dicho que está preparando un plan para pedir a la Corte que aplace el cierre del ITT por cinco años; pero uno de los principales problemas es que sectores como Yasunidos y la Conaie ya han advertido que eso podría provocar la destitución del presidente Daniel Noboa.
Petroecuador convertirse en una empresa
El tema del ITT solo abona a una situación crítica del sector petrolero, como ya analizó LA HORA. De acuerdo con Poveda, si no se hace nada para cambiar a Petroecuador e impulsar proyectos 14 de inversión que están varados desde 2024, la pérdida de producción se estima entre 45.000 y 50.000 barriles al año.
Entre esos 14 proyectos que no han avanzado desde 2022 están el reacondicionamiento de 100 pozos cerrados; la perforación de 100 pozos adicionales entre todas las empresas que tienen campos y operan bloques (500 barriles por pozo); el aprovechamiento gas de los mecheros en la Amazonía.
El problema de fondo es que «Petroecuador no se maneja como una empresa, sino como un ente burocrático.
Hay una contabilidad, pero no hay una contabilidad de costos que sea una herramienta gerencial. Poveda dijo, por ejemplo, que cuando estuvo de superintendente de la Refinería de la Libertad encontró que ni siquiera se sabía cuánto le cuesta a la petrolera estatal cada barril refinado.
«Hay varios motivos por los que los proyectos no se ejecutan. El principal es que hay gente interesada en que no se ejecuten (importadores de combustibles)«, aseveró Poveda.
La fusión entre Petroecuador y Petroamazonas nunca se terminó de concretar y quedaron varios cabos sueltos y se desataron problemas adicionales como los más de 2.000 juicios por homologación de salarios
» Petroecuador es una empresa, a mi modo de ver, maltratada y que ha ido declinando su calidad gestión. Sin embargo, su activo más importante es su talento humano altamente capacitado. Existe grupos que han sido corrompidos por las empresas transnacionales de servicios, pero no son todos los empleados», expresó.
Poveda aseguró que no es necesario una privatización de Petroecuador, sino que se pueden tomar como modelo a las empresas estatales que son exitosas en el mundo. Por ejemplo, Ecopetrol en Colombia y Enap en Chile. (JS)