Si se aceptan los pedidos de la Conaie, se afectará a alrededor de 200.000 empresas, miles de empleos y a los consumidores.
Desde el inicio de los diálogos entre el Gobierno y el movimiento indígena, desde varios sectores se alertó de que una de las estrategias de Leonidas Iza era hacer pedidos imposibles e inviables, para luego justificar nuevas medidas de hecho u otras acciones.
La economista Carla González comentó que con esto se proyecta la imagen de que se busca defender el bolsillo de los ciudadanos, poniéndole límites a lo que cobran los empresarios. Pero, por el otro lado, se exigen precios justos o más altos para los productos agrícolas (incluyendo prohibición de que esos productos sean incluidos en acuerdos comerciales y los precios de sustentación que ya han fomentado la informalidad en sectores como el lechero).
“Este tipo de propuestas son la receta para el desastre porque ahonda en lo que no necesita el sector productivo ecuatoriano. Se debe trabajar en optimizar costos; reducir tramitología, cargas arancelarias e impuestos; abrir mercados. Si el Gobierno acepta los pedidos del movimiento indígena creará más problemas, más inflación; pero si no lo hace será la excusa perfecta para decir que el diálogo fracasó y volver al caos”, puntualizó.
Afectación
Christian Wahli, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas (Anfab), puntualizó que lo único que consiguen los controles de precios es parar la producción y lo que toma la posta son las actividades informales, tanto de productos frescos como procesados. “Se crea un mercado negro como se vive en Cuba o Venezuela. Los controles de precios son inútiles”, afirmó.
Por el lado industrial, los pedidos de la dirigencia indígena podrían afectar a más de 200.000 empresas, que actualmente generan más de tres millones de empleos.
De acuerdo con Wahli, el país está más desorganizado. “El campo cada vez es menos competitivo. Falta conocimiento y tecnología. Además, la fuerza laboral en el campo cada vez está más envejecida”, añadió.
Las soluciones van por lo opuesto al control de precios. En la página web https://ecuadoragroalimentario.com/ , la industria ha planteado un plan claro para desarrollar industrias locomotoras del desarrollo, encadenamientos productivos, y la creación de cooperativas productivas.
En el país existen experiencias exitosas, como las de Cervecería Nacional con su programa de fomento de la cebada, en el cual, desde una gran empresa, se puede articular todo un ecosistema hasta los campesinos más pequeños. Sin embargo, esto no se toma en cuenta en los diálogos.
“El Gobierno, en el tema del control de precios, habla sin nosotros. Era muy simple crear una especie de cuarto adjunto para el sector privado, pero no se hizo. No sé porque en Ecuador no se impulsa el cooperativismo productivo. Ese mecanismo salvó a Europa de la hambruna después de las dos guerras mundiales”, concluyó Wahli. (JS)
Principales factores externos para el aumento de costos
- La guerra entre Rusia y Ucrania alteró los mercados internacionales de materias primas para la producción de alimentos, en temas como cereales y fertilizantes.
- Desde 2021, el cambio climático empezó a mostrar sus efectos impactando especialmente la producción de cereales y leguminosas, con un efecto directo en los costos.
- Otro de los factores incontrolables es la crisis de salud que atraviesa China, la cual encareció y complicó el mercado internacional de varios productos e insumos.
- Asimismo, un paro indefinido del mayor productor finlandés de papel y cartón del mundo ha hecho que esa materia prima, esencial para la cadena agroalimentaria, sea casi inalcanzable.
- El alto valor del petróleo ha influenciado el valor de los combustibles, del transporte y de los insumos derivados del crudo.
Con corte a julio de 2022, el índice de precios al productor llegó al 7,6%; mientras que el índice de precios al consumidor se ubicó en el 3,9%.
¿Qué intereses están detrás del pedido de no cobro de regalías florícolas?
Dentro de los pedidos del movimiento indígena, en la llamada mesa de diálogo sobre control de precios, se incluye el no cobro de regalías a un grupo de pequeños y medianos productores florícolas.
Estos productores, que son informales y tendrían más de 500 hectáreas de siembra, necesitarían este beneficio para “tener garantía de sustentación y continuar produciendo».
Los floricultores formales explican que está detrás de todo esto: «Hay aproximadamente más de 500 hectáreas de cultivos florícolas piratas e informales de personas relacionadas con grupos indígenas. No solo que no pagan regalías, pues roban las yemas de variedades a las plantaciones formales, sino que no pagan salarios dignos, no aportan al IESS, no pagan impuestos y no cumplen con ninguna medida medio ambiental».
Estos cultivos ilegales van desde media hectárea hasta dos hectáreas. Incluso, los empresarios del sector han denunciado que se han creado cooperativas que venden rosas piratas hasta en el exterior; y compran insumos robados a las plantaciones formales.