Por seguridad, información de los radares del país está bajo sigilo

CONTROL, La FAE interceptó una avioneta en una pista clandestina. (Foto: Archivo).

La Fuerza Aérea Ecuatoriana comparte información con otros países para detectar el tráfico de naves sospechosas. Aún así hay avionetas que evaden los controles.

Entre 2021 y lo que va de 2022, la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) ha interceptado siete tráficos aéreos no identificados, dedicados a realizar actividades ilícitas de organizaciones transnacionales al margen de la ley.

¿La FAE podría interceptar más avionetas que infringen el espacio aéreo?  “Primero debemos detectarlos, y luego actuar”, respondió Geovanny Espinel,  quien hasta el 5 de mayo se desempeñó como comandante general de la FAE, y hoy está  en servicio pasivo.

A través de un intercambio inter-agencial entre la FAE y fuerzas aéreas amigas se puede tener la información de algún tráfico no identificado, es decir, que no sigue una reglamentación aeronáutica que permite el control de los diferentes tráficos a escala mundial y nacional. Esta información pone en alerta a los diferentes países.

Los resultados obtenidos en estos últimos años por este sistema son importantes, dijo Espinel.  “Fueron capturas efectivas de avionetas que nunca más van a volar en el espacio aéreo nacional”, remarcó.

Al mismo tiempo reconoció que “es muy posible, en realidad, que pasen avionetas y nadie se dé cuenta”. Esto, porque no es factible contabilizar cuantas se pasan, porque “puede coincidir” que las condiciones meteorológicas que también ayudan para poder maximizar la detección del radar no fueron las mejores, o el vuelo que realizaron los pilotos fue a muy baja altura y “cuentan con tecnología para guiarse de manera adecuada”.

Oswaldo Domínguez, otro excomandante de la FAE recomendó que se debería tener un sistema de vigilancia hacia los accesos de las rutas marítimas hasta el continente.

 Sistema de Defensa Aérea

Geovanny Espinel, desestimó las críticas de que la provincia de Manabí esté desprotegida (por la falta de un radar) y recordó que en el proceso de control del espacio aéreo una de las aeronaves fue detectada en Manta.

“(Las críticas) han sido elevadas a un nivel que no corresponde”, agregó el militar, y aseguró que el Sistema de Defensa Aérea,  cuenta con radares militares que son los encargados de realizar la vigilancia del espacio aéreo.  En los centros de mando y control, estos sistemas interactúan con los equipos de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC).

La información de cada uno se centraliza en la dirección de mando y las torres de control de la Fuerza de Reacción Inmediata (FRI) que se encuentran en tierra y listos para despegar en caso de que exista alguna sospecha de un tráfico aéreo no identificado.

Los dispositivos electrónicos funcionan las 24 horas del día y están ubicados en diferentes lugares del país para mantener la vigilancia de los tráficos. Dentro de este esquema también se debe considerar los tráficos que sí son regulados por la DGAC como los vuelos comerciales.

¿Cuántos radares hay? Esta es una información que tiene un sigilo por seguridad, y revelarlo facilita el trabajo de organizaciones al margen de la ley, agregó el oficial.

Aeronaves interceptadas

El primero ocurrió el 18 de febrero de 2021.  Los radares lo identificaron a unas 80 millas; ingresó por Borbón (Esmeraldas) y aterrizó en un sembrío de palma cerca de las 02:00. Allí se halló cerca de media tonelada de droga.

El segundo evento se dio el 2 de marzo del año pasado, y llegó a Santa Elena.  En su interior se encontró casi un cuarto de tonelada de droga.

 La interceptación de dos avionetas ocurrió el 26 de abril de 2021. Geovanny Espinel, contó que, en esa ocasión, al hacer un barrido en la zona de Marcelino Maridueña junto al ingenio San Carlos, la FAE halló estas aeronaves.  Esto ocurrió entre las 02:00 y 03:00.

El Comando Operacional de la FAE, detalló que en este 2022 se han interceptado tres aeronaves.  La primera fue en el sector Tarifa (Yaguachi, Guayas), a inicios de abril.

La segunda fue el 24 de abril en el sector de Taguadaja (parroquia rural de Chanduy, Santa Elena). Allí se decomisaron 222 bloques de droga, combustible y dinero en efectivo.

La tercera fue en el sector de Naranjal (Guayas), también el 24 de abril.  (SC)

¿Existe un estimado de pistas clandestinas?

Una pista puede ser cualquier lugar que tenga una dimensión de 1.200 metros, o 400 metros de ancho.  Incluso, se puede formar en la playa cuando baja el nivel del mar, o en la Costa una carretera media plana, una camaronera o bananera, agregó Espinel.

Oswaldo Domínguez, también opinó que estos grupos irregulares tienen dinero para preparar una pista en cualquier lugar sin problema. Son personas que no necesitan una pista como el aeropuerto de Quito o Guayaquil; ellos necesitan una pista no necesariamente pavimentada, sino con tierra que permita aterrizar y despegar y lo hacen en cualquier parte.

Negocio “redondo”

 El negocio de la droga es tan redondo que un paquete de un kilogramo de cocaína (en Ecuador) se puede comprar dependiendo de la calidad entre $1.500 a $2.000. Pero ese mismo paquete en Estados Unidos puede costar entre $25.000 a $30.000. En Europa puede estar valorado en $60.000, y hasta $300.000 en Australia, indicó el exjefe de la FAE.

222 bloques de sustancias sujetas a fiscalización, fueron decomisados en el operativo del 23 de abril de este año, reportó oficialmente las Fuerzas Armadas.
Las Fuerzas Aéreas de Ecuador y Colombia realizan ejercicios de interdicción. Finalizará este viernes en Manta y busca fortalecer estrategias para combatir el narcotráfico y frenar a grupos narcoterroristas.

Control al uso de motos en el cantón Esmeraldas

Durante esta semana a partir de la publicación de la reforma en la ordenanza al Registro oficial, las motos podrán circular solo con personas de diferente sexo
A una semana de cumplirse la aprobación en la normativa por parte del pleno del concejo cantonal de Esmeraldas, donde emiten la ordenanza sustitutiva que busca controlar el uso de las motocicletas en el cantón surgen comentarios a favor y en contra de dicha acción.

Problemática

La idea se da frente al clamor de la ciudadanía esmeraldeña y las estadísticas de delincuencia, las cuales apuntan que la mayor cantidad de robos y asesinatos en la urbe tienden a realizarse utilizando la modalidad de sujetos del mismo sexo a bordo de una motocicleta. Situación que abrió paso a una evaluación de estrategias para paliar la inseguridad por las calles de la urbe.
Paula Fernández, abogada en derecho penal y constitucional, indica que en cuanto a derechos ciudadanos, todos tenemos el derecho de libre circulación y por otro lado el derecho a la seguridad social y jurídica, sin embargo pareciera que tendríamos que escoger unos u otros.
“Lo único que cambiará es el modus operandi de este mal uso, ya que si me esta permitiendo dos personas en una moto, solo no tienen que ser del mismo sexo”, expresa Fernández.

Apoyo

Ante la situación existen dos puntos de vista, las personas que están a favor de la ordenanza y el sector motorizado dedicado a brindar el servicio como sustento familiar. Lisbeth, ciudadana, expresa que la medida es necesaria para combatir la inseguridad pese a que no todos los que andan en moto son delincuentes, sin embargo, la mujer de 40 años recalca sentirse un poco más tranquila si esta vez se logra efectuar y cumplir la disposición en bien de Esmeraldas.

En contra

Por otro lado, los que se dedican a dar servicio por las motos exhortan a no estereotipar el medio de transporte que surgió frente a la necesidad de trabajar para llevar un sustento económico a sus hogares. Mientras tanto las asociaciones que existen en el cantón se mantienen a la expectativa de la publicación de dicha ordenanza.

Disposiciones

Por unanimidad el concejo aprobó la ordenanza el pasado jueves, entre las disposiciones más relevantes se destaca que la normativa será ejecutada por los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Agentes Municipales de Tránsito. Pueden circular un hombre y una mujer, un hombre con un estudiante que lleve su uniforme, pero no podrán ir dos personas del mismo sexo en una motocicleta.
Mientras que los almacenes no podrán vender motos a menores de edad y las personas que adquieran un vehículo de estos, debe contar con su licencia tipo A. Además los locales tendrán que entregar un chaleco reflexivo con la placa de la motocicleta y un casco con su respectiva placa impresa.
Cualquiera de los miembros de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional podrán detener la marcha de las motocicletas sin presión, sin multas, solo retención de la misma.

PARA SABER
Las parroquias rurales quedan exentas de la ordenanza
EL DATO
Con la ordenanza se pretende paliar el mal uso de la motocicleta por parte de antisocial

El pan sube de precio y baja la calidad

Situación. Panificadores aseguran que el incremento de los insumos obliga a subir el precio del pan

Varias son las denuncias de la ciudadanía en torno a la baja calidad del pan o por el incremento de su precio. Según los consumidores si bien no existe un precio establecido para el pan popular, muchos lugares han incrementado al menos a 15 centavos de dólar el valor del mismo.

Y si se encuentra a 12 centavos estos se han vuelto más pequeños y han perdido las características que antes tenían, pero definitivamente el pan popular de 10 centavos ha desaparecido.

 

Molestia

Para Ana Martínez, ama de casa, a pesar de que las autoridades aseguran que el precio del pan se mantiene y que no debe existir ningún incremento, nadie hace nada para que esto no ocurra y cuando antes compraba 10 panes en un dólar, hoy le alcanza para 8.

“No sé cómo pueden decir que el pan no sube de precio cuando todo mundo sabe que ya no encuentras pan de 10 centavos, y que incluso en varias panaderías se vende a 15, peor en las tiendas, allí está hasta en 18 centavos el tapado”, dijo.

Criterio similar es el que comparte Juan Peralta, quien aseguró que en su barrio aún se expende el tapado en 12 centavos, pero este ya es más pequeño.

“Antes daban un tapado grande y consistente, pero ahora son pequeños y llenos de aire nada más”, dijo al tiempo de asegurar que no culpa a los panaderos, pues ellos también se deben al precio de la materia prima que está por las nubes.

Carmen Veloz, propietaria de un restaurante, indicó que en su negocio acostumbra ofrecer a diario panes a sus clientes, pero si sube el costo deberá cambiar la opción.

“No podemos pagar más de 10 centavos, a diario compro entre 80 y 100 unidades, pero ahora se pide menos y nos toca diversificar entre tortilla de verde y otras opciones”, aseguró.

Abelardo C., panificador, explicó que los costos de los insumos se incrementaron considerablemente, situación que obliga a tomar acciones, como el de subir el precio.

Aseguró que solo el quintal de harina subió de 35 dólares a más de 45, de igual forma el aceite, la manteca y la levadura que son la materia prima para la elaboración del pan. “Y nadie hace control a ese incremento, pero a los panificadores sí”, dijo.

Para Carmen T., propietaria de una panadería, el aumento en los costos de la materia prima le han llevado a cambiar la receta de su producto, con el fin de no subir el precio del pan.

“Ya no se puede poner los mismos ingredientes de antes porque están muy caros, tenemos que ver las alternativas para no subir el costo porque a nosotros nos controlan, pero las autoridades no entienden que todo está más caro”.

 

El Dato
Varios insumos se han incrementado en un 15 a 20%.

 

Autoridad

Alex Manzano, intendente general de Policía, manifestó que los operativos se desarrollan constantemente por lo que “se ha verificado que el pan sigue costando 12 centavos, lo que pasa es que le siguen haciendo más pequeño”, dijo.

Según el Intendente, personalmente ha verificado que en realidad se está elaborando un pan más pequeño o se utiliza menos insumos de los normales con el fin de reducir costos.

“También existe pan de 15, 17 y 20 centavos de acuerdo a la necesidad de los usuarios”, dijo al asegurar que los operativos de control continuarán. (FCT)

Abogados dispuestos a colaborar en el control de irregularidades, pero con reglas claras

Los abogados piden que la norma contra el lavado de activos no dé lugar a la discrecionalidad.

Los abogados del país ya colaboran en el control del lavado de activos. Sin embargo, las nuevas reglas -dicen- deben alejarse de la discrecionalidad.

Casi dos semanas después de que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) emitiera una resolución que pondría en riesgo el secreto profesional en el ejercicio del derecho, los abogados piden a la entidad su derogatoria por ser inconstitucional.

José Alomía, presidente de la Federación de Abogados, remitió a la UAFE, el 18 de abril de 2022, una carta en la que expone que la nueva normativa no puede entrar en vigencia por ser inconstitucional, pues obliga a violar el secreto profesional y el secreto de nuestros clientes. “Nadie, ninguna autoridad, ni la Fiscalía, ni la UAFE nos pueden exigir entregar esa información. La relación entre cliente y abogado no se puede romper”, manifestó.

Aclaró que esto no significa que no quieran colaborar en el control, pero argumentó que las reglas deben quedar claras. “Nosotros somos de la idea de no negociar los principios y el secreto del cliente, más que el del abogado, porque el momento que se revela el secreto se deja de ser abogado”.

Resolución debe ser mejorada

Alomía comentó que la UAFE tiene un concepto “muy estrecho” de la actividad o patrocinio profesional y asimila el patrocinio como sinónimo de juicio civil, penal o laboral. “Pero un tema es el juicio y otro es la consulta que hace el cliente al abogado; la consulta le obliga al abogado a un comportamiento profesional y a guardar el secreto”, explicó. Cree que estos temas deberían ser aclarados por la entidad.

Insistió que la Federación siempre ha colaborado con la UAFE en la transparencia, la vigilancia, la ética. La Federación espera una respuesta a su pedido de la Unidad de Análisis Financiero, de lo contrario estarían obligados a demandar su inconstitucionalidad.

Tres normas legales

En un oficio de tres páginas, la Federación expuso ante la UAFE que el artículo 335 Código Orgánico de la Función Judicial impide a los abogados revelar el secreto de sus clientes.

Asimismo, el artículo 179 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), sobre la revelación del secreto profesional, señala que: “la persona que, teniendo conocimiento por razón de su estado u oficio, empleo, profesión o arte de un secreto cuya divulgación pueda causar daño a otra persona y lo revele, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año”. Finalmente, la Federación de Abogados hace hincapié en el artículo 66, literal d) de la Constitución que ordena que ninguna persona puede ser obligada a hacer algo prohibido en la Ley.

En otros países

¿Cómo se aplica esta norma en países de Europa, y en el caso de América Latina, en Colombia? José Alomía subrayó que el secreto profesional es un derecho universal que está contemplado en varios instrumentos internacionales y convenciones de derechos humanos para garantizar el debido proceso. “El debido proceso no solo se aplica en los juicios, sino en los trámites administrativos”.

Entre los instrumentos internacionales concernientes a Iberoamérica mencionó el que se aprobó durante el VIII Congreso de Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, en La Habana 1990.

“El Principio básico 22 tiene que ver con la Función Social de los Abogados y que dice: Los gobiernos reconocerán y respetarán la confidencialidad de todas las comunicaciones y consultas entre los abogados y sus clientes, en el marco de su relación profesional».

Frente a las críticas, la UAFE defendió la resolución y aclaró que los abogados en materia civil, penal, laboral y administrativa no están obligados a realizar un reporte de actividades presuntamente inusuales. Pero esto abriría el espacio para la discrecionalidad.

Estándares internacionales para el control de lavado

En febrero de 2012, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó los “Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”. Entre otros temas, recomienda a los abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes y contadores que reporten las operaciones sospechosas, pero en un caso específico. Únicamente, cuando, en nombre de un cliente o por un cliente, se involucran en una transacción financiera con relación las actividades como compra y venta de bienes inmuebles; administración del dinero, valores u otros activos del cliente; administración de las cuentas bancarias, de ahorros o valores; organización de contribuciones para la creación, operación o administración de empresas; creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, y compra y venta de entidades comerciales.

El abogado Salim Zaidan observó que la GAFI ha realizado esta y otras recomendaciones, pero aclaró que no necesariamente la UAFE debería acogerla porque la Constitución está sobre reglamentos y las recomendaciones, y prevalece.

Es deber ciudadano denunciar actos de corrupción

Agustín Acosta, abogado especialista en control de corrupción, cree que la UAFE debe aclarar a qué se refiere con un mandato a “los profesionales del derecho”. “¿Quiénes serán otros profesionales del derecho que no sean los abogados? Un notario, un juez, un procurador judicial…”.

No obstante, recordó que la Constitución dispone que es deber de todos los ciudadanos reportar y denunciar los actos de corrupción, y el lavado de activos es un delito contra la administración pública.

Impedimento constitucional o legal

El asambleísta Ricardo Vanegas, exdirigente de la Federación de Abogados, presentó el 18 de abril a la Asamblea un proyecto de ley reformatoria a la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos”. Esta norma, precisamente, tiene la facultad para determinar personas que puedan y deban reportar las actividades de sus clientes.

El legislador plantea que “no podrá incorporarse como sujetos obligados a reportar a quienes tienen impedimento constitucional o legal o por estar amparado por el secreto profesional”, y añade que “cualquier disposición que contradiga lo dispuesto en esta ley carecerá de eficacia jurídica”. (SC)

Chile mantiene control militar migratorio en su frontera

Una migrante venezolana muestra su identificación a un militar chileno.

El gobierno decidió no renovar el estado de excepción en la zona norte, pero autorizó al Ejército a seguir controlando el ingreso de extranjeros.

SANTIAGO. Chile puso fin al estado de excepción para la Macrozona Norte prorrogado en tres ocasiones tras una grave alteración de orden público en las provincias de Arica, Parinacota, Tamarugal y El Loa. Sin embargo, el Gobierno mantendrá al Ejército en el control fronterizo.

Así lo anunció el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, quien aseguró que seguirá en vigor el Decreto 265, por el cual se permite mantener a las Fuerzas Armadas en el control de la frontera, que se verá «absolutamente inalterado».

«Efectivamente el 16 de abril terminó el estado de excepción, pero entró a regir el Decreto 265, que es un decreto que emite el Ministerio del Interior y que permite mantener el apoyo de las Fuerzas Armadas para tareas que la Policía hace en el control fronterizo«, detalló Monsalve, subrayando que no habrá ninguna reducción de control en la frontera.

La última prórroga, ya con Gabriel Boric como presidente, fue aprobada por el Congreso de Chile el pasado mes de marzo y culminó el viernes pasado. (EUROPAPRESS)

Ojo a los vehículos estatales en el feriado

Imagen referencial de controles del uso de vehículos públicos en feriados.

La Contraloría recordó que durante el feriado de Semana Santa habrá operativos de control para vehículos públicos.

Los vehículos de las entidades públicas no pueden ser usados en días feriados, a menos que los conductores cuenten con un salvoconducto que se dan en caso de que los vehículos cumplan funciones específicas y cuenten con los permisos pertinentes.

Para el feriado de Semana Santa, la Contraloría General del Estado ha implementado un operativo nacional. Desde hoy (jueves 14 de abril) y hasta el domingo 17 se controlará el uso de automotores públicos.

Habrá agentes especializados en peajes y ciudades del país revisando los salvoconductos.

Los ciudadanos también pueden ser parte activa en la vigilancia de los bienes púbicos reportando casos de uso incorrecto a través de la página web de la Contraloría o comunicándose a la línea telefónica 1800-ETICOS. (GVL)

Los controles de precios son fuego para el incendio de la alta inflación

La actual crisis tiene que ver con el impacto de los costos de producción en la economía familiar.

Esas medidas restrictivas pueden bajar precios por decreto en el corto plazo, pero luego llegan a provocar desabastecimiento, menos oferentes y más inflación.

Desde el año 2021, el nivel de precios en las economías a escala mundial se ha disparado a niveles no vistos en las últimas dos décadas. Esa alta inflación despierta la tentación de pedir a los gobiernos que establezcan controles de precios para detener el encarecimiento de productos y servicios que van desde los alimentos hasta los seguros privados de salud.

Sin embargo, poner precios oficiales o techos de lo que se puede cobrar a los consumidores no soluciona el problema, solo lo encubre. Por ejemplo, en el sector agrícola los costos de los fertilizantes y otros insumos básicos se han disparado entre 40% y más de 100% en el último año.

Si las autoridades ponen valores máximos de venta para bienes que cada vez son más caros producir se generan dos cosas: por un lado, los problemas de costos y cadenas de distribución no se tocan; pero se obliga a agricultores e industriales a que produzcan ganando poco o a pérdida. Esta situación, en última instancia, puede dar como resultado que un buen porcentaje de oferentes dejen el mercado porque ya no es rentable y se produzca escasez. Esa escasez, como una serpiente que se muerde la cola, genera más encarecimiento de precios.

Por otro lado, ante la imposibilidad de cobrar un precio que les permita cubrir sus costos y tener un margen razonable, muchos productores optan por reducir las cantidades y la calidad de los bienes.

En una nota publicada por Diario LA HORA el 10 de febrero de 2022, Christian Wahli, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas (Anfab), explicó que desde el año pasado esa industria ha tenido que ir sacrificando rentabilidad y calidad antes que subir los precios en la misma medida que se les han incrementado los costos.

“Con consumidores con menos ingresos, no hay mucho espacio para cubrir los altos costos mediante precios. Los productores han tenido que jugar con el margen para evitar traspasar todo el impacto al consumidor”, dijo.

Diego Olmedo, economista y empresario, comentó que antes que poner precios o techos oficiales, el Gobierno debe poner el foco en los problemas estructurales de las cadenas productivas. Uno de esos problemas es la intermediación, donde » existen verdaderas mafias» que pagan poco a los productores y luego venden más caro a industriales y comerciantes.

» En el país se debe entender cuál es realmente el modelo económico que se busca y apostar a la competitividad, con más tecnología e innovación. Eso, lamentablemente tiene efectos a mediano y largo plazo, por lo que a corto plazo se debe impulsar la reducción de costos (aranceles e impuestos), la diversificación de mercados y el fomento políticas de cooperativismo para que pequeños productores se unan para reducir el impacto de insumos y materias primas más caras», apuntó.

En el caso de los seguros privados de salud también ocurre lo mismo. En las últimas semanas, los clientes ha sido contactados por las aseguradoras para anunciarles subidas, en promedio, del 10% en las cuotas mensuales que les cobran mensualmente.

Si se establecen control de precios, la consecuencia directa es que las empresas ajustaran en los niveles de coberturas y pagos por enfermedad. Es decir, se puede bajar por decreto las cuotas, pero al final el cliente pagará más porque el seguro cubrirá menos enfermedades y tratamientos.

El problema real es que el mercado asegurador ecuatoriano es muy pequeño. El porcentaje no supera el 5% de las personas. Y, por eso mismo, hay poca competencia que permita abaratar costos y proveer opciones más económicas a los usuarios.

Carla Rivas, economista y emprendedora, puntualizó que el impacto de mercados más competitivos se puede ver en la evolución reciente de los pasajes en el sector aéreo. » La llegada de nuevos actores provocó que aerolíneas que no habían hecho rebajas en varios años, ahora las estén haciendo porque el consumidor no está irremediablemente condenado a usar solo sus servicios», añadió.

La clave es tomar medidas para bajar costos de producción

La tentación para establecer controles de precios también llegó hasta el presidente de la Republica, Guillermo Lasso. En una entrevista del pasado 5 de abril de 2022 dijo que “Tenemos que ponerle un techo al precio del pan, y para eso está el Gobierno y vamos a tomar decisiones”.

Esas declaraciones prendieron todas las alarmas dentro del mismo Gobierno, por lo que un par de días después el Ministerio de Producción salió a decidir que ese tipo de medidas restrictivas son contraproducentes y que se están estudiando vías para reducir los costos de producción.

Esas vías incluyen eliminar o disminuir al mínimo aranceles relacionados con insumos y materias primas

Asimismo, se analiza reducciones adicionales al Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) para abaratar el costo de los fletes, otro de los factores que ha empujado al alza el incremento de precios.

Lasso dispuso la reducción progresiva de la tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) en un cuarto de punto porcentual (0.25%) por trimestre durante 2022, hasta llegar a una tarifa del 4%.Se espera que las autoridades y diferentes sectores se reúnan en los próximos días para definir las medidas frente al alza de precios.

En países como Perú, que tiene combustibles completamente liberalizados, una medida implementada para reducir el impacto de los altos precios internacionales fue la eliminación de ciertos impuestos y cargas. (JS)

 

Número de captadoras ilegales de dinero creció más de 10 veces en cinco años

La promesa de grandes ganancias provoca la entrega de recursos a estafadores.

Apenas el 1% de las denuncias terminan en sentencias condenatorias. Las alertas de los organismos de control llegan tarde.

En 2017, la Superintendencia de Bancos, y otros organismos de control, detectaron alrededor de diez entidades financieras falsas, dedicadas a estafas piramidales y captación ilegal de dinero.

Durante todo 2021, el número detectado de ese tipo de negocios fraudulentos superó los 110. En otras palabras, esas actividades ilegales crecieron más de 10 veces en los últimos cinco años, en medio de la crisis económica profundizada por la pandemia de COVID-19.

Esas cifras reflejan solamente lo que ha podido evidenciarse bajo la lupa de la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

Rodolfo Rivas, economista e investigador en fraudes financieros, explicó que esas instancias no tienen ningún tipo de responsabilidad directa y legal sobre ese creciente “submundo” de economía informal e ilegal.

“Su papel solo se remite a poner alertas de entidades falsas, luego de un monitoreo en internet y redes sociales. Lamentablemente, esas alertas, en la mayoría de casos, llegan a destiempo; cuando las estafas se vuelven muy visibles y ya hay una cantidad importante de perjudicados”, dijo.

Esto último ha sido notorio en sonados casos como IX inversors en Loja, publicado por Diario La Hora el 6 de enero de 2022 (varios días antes de la alerta de la Superintendencia de Bancos); o el más reciente de Fortunario Activos Digitales en Quito.

A mediados de 2021, en Quevedo, también estalló, luego de muchos meses de funcionamiento, la estafa de Big Money.

Cada vez más estafas locales

Hasta hace cinco años, casi todos los esquemas de captación ilegal de dinero se promocionaban a través de redes sociales, pero sus centros de operación y páginas webs estaban en países de Centroamérica, Medio Oriente y Asia. Esos sistemas eran investigados por unidades especializadas de la Fiscalía y la Policía.

El panorama cambió a partir de 2018 y ahora los esquemas piramidales y fraudulentos están ideados y ejecutados íntegramente dentro de territorio ecuatoriano.

A breves rasgos, los investigadores judiciales y policiales rastrean por redes sociales las promociones de inversiones y grandes ganancias, luego verifican dónde están ubicadas y envían un equipo para identificar a los responsables.

Esos procesos no son tan ágiles como se esperaría. En la mayoría de casos, todo se activa cuando las estafas son notorias y los daños están hechos. Eso se debe a la falta de personal especializado en el país y el escaso presupuesto para estas causas. Así, alrededor del 1% de las denuncias sobre estos delitos llegan a sentencia.

Magdalena Rodas, abogada penalista, puntualizó que entre 2014 y mediados de 2021 se presentaron 673 denuncias por captación ilegal de dinero. Apenas 8 llegaron a una sentencia condenatoria.

El 91% de los casos se mantuvo en una fase de investigación previa y el resto en otras etapas. En promedio, todo el proceso judicial dura entre 3 y 4 años. Además, ninguna entidad pública está obligada a indemnizar a los perjudicados.

Desde la segunda mitad de 2021 y hasta abril de 2022, se condenó a cárcel a los principales involucrados en la estafa conocida como el ‘Telar de la Abundancia’, la cual se detectó en Cañar durante 2017.

También, en diciembre de 2021, se dictó cárcel, por un máximo de 32 meses, a seis involucrados en la fraudulenta empresa de inversiones KRC, que se constituyó en Ambato.  (JS)

El Art. 323 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona el delito de captación ilegal de dinero con pena privativa de libertad de cinco a siete años.
Más de la mitad de las nuevas empresas financieras fraudulentas se enfocan en supuestas inversiones en criptomonedas.

Los impactos

Estafas financieras

Las estafas financieras proliferan en época de crisis y profundización de la informalidad laboral. En promedio, provocan una pérdida del 60% del patrimonio de los inversionistas engañados.

Efecto social y económico: En la mayoría de los casos se presenta pérdida de patrimonio de entre el 15% y 85%, quiebras, empeoramiento en la calidad de vida, pérdida de la vivienda, impacto comercial por falta de dinero de las personas para adquirir bienes, servicios, vestido y deudas bancarias que hacen que las personas se sacrifiquen totalmente. En este último punto, a la estafa financiera se une el acceso desesperado a los préstamos ilegales (chulco).

Efecto en el sistema financiero: Competencia que no cumple con los requerimientos y controles que las entidades financieras si tienen que cumplir, generando una especie de competencia desleal. Así, las empresas formales pueden perder hasta 15% de ingresos.

Efecto económico: Como país, estas organizaciones delincuenciales generan un grave impacto a la economía, pues las fuentes económicas se obtienen por medio de métodos de captación no convencionales, y vinculados al lavado de activo, narcotráfico y otros delitos.

Señales de alerta

Aprenda a detectar estafas financieras

1.- Únicamente las entidades autorizadas por la Superintendencia de Bancos y por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, pueden realizar captación de recursos de los ciudadanos. Las listas se pueden consultar en las páginas web de esos dos organismos.

2.- Desconfiar de promesas de rentabilidad sobre depósitos o inversiones cuando estas sean muy altas, así como las que ofrecen bajo o nulo nivel de riesgo. Ganancias diarias o mensuales de más del 5% son una clara alerta de estafa

3.- Evitar las solicitudes que reciba por correo electrónico o que se desplieguen en páginas web.

4.- No hay un mecanismo de transición claro sobre cómo se pagarán las ganancias fruto de la inversión que se realice.

5.- La magnitud de personas que desean participar del proceso de inversión sugiere la existencia de comisiones por ingreso de nuevos miembros.

6.- Muchos de las empresas falsas tiene documentos legales de constitución como RUC, por lo que la única forma verificación efectiva son los listados autorizados de los organismos de control. El rastreo de movimientos ilícitos, a través de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) toma tiempo porque hay muchas formas de encubrir el origen de los fondos.

Gobierno confirma 19 muertos y 10 heridos en cárcel de Turi

Más de 800 policias y militares se han movilizado al sitio para controlar la situación.

Los incidentes en el centro de reclusión iniciaron pasadas la 01:00 de la madrugada de este 3 de abril de 2022. La cifra de fallecidos es preliminar.

Patricio Carrillo, ministro del interior, durante una rueda de prensa desde Cuenca (Azuay), confirmó que hasta el momento se han detectado 19 muertos en la cárcel de Turi.

Sin embargo, puntualizó que todavía no se ha podido hacer un revisión de los posibles fallecidos en los interiores de ese centro de detención.

Según el funcionario, los incidentes, que iniciaron en la madrugada de este 3 de abril de 2022, partieron del pabellón de máxima seguridad. La hipótesis inicial apunta a que los enfrentamientos se dieron entre facciones rivales en busca del control de la cárcel.

Al anochecer de este domingo se conoció que los responsables de los desmanes son alias ‘Ariel’ y alias ‘Anchundia’.

«De parte del presidente Guillermo Lasso expreso las condolencias a los familiares de las víctimas. Vamos a hacer los esfuerzos que corresponda con todas las instituciones. La primera lucha es contra la corrupción con la cantidad de medios que se utilizan en los centros carcelarios», dijo.

Asimismo, lamentó que no se puedan dar mayores detalles, pero aseguró que «cada dos horas estaremos informando»

Por su parte, el director de Servicio de Rehabilitación (SNAI), explicó que se evacuaron a 90 Personas Privadas de Libertad (PPL). De ese total, 10 estaban heridas y fueron atendidas en cinco ambulancias ubicadas en las afueras de la cárcel de Turi.

La Secretaria de DD.HH. Bernarda Ordóñez, expresó también sus condolencias a las familias de los fallecidos; y puntualizó que esa dependencia pública está hecho cargo del levantamiento de los cuerpos y la provisión de los féretros,.

Las autoridades negaron las versiones de que presos se hayan dado a la fuga en medio de los incidentes.

Cronología de la respuesta del Gobierno

Ante los incidentes en la CPL Azuay Nº 1, El Turi, registradas la madrugada de este domingo 3 de abril de 2022, cerca de las 1:30, el Gobierno Nacional activó los protocolos de seguridad y se coordinó la intervención de Policía Nacional (PN) y Fuerzas Armadas (FF. AA.) para mantener la seguridad interna y externa del centro.

A las 04:30, se activó el Puesto de Mando Unificado desde Cuenca. Y cerca de las 07:30, la Policía y Fuerzas Armadas desplegaron unidades especializadas en el CPL Turi, en coordinación con SNAI para ejecutar acciones de control en el centro.

El ministro del Interior, Patricio Carrillo, condenó la violencia suscitada en el CPL Turi y dispuso de todos los esfuerzos estatales para mantener el orden y la seguridad en el sistema penitenciario.

Desde las 06:00 se desplegó al equipo de Loja de la Secretaría de Derechos Humanos para activar el protocolo de emergencias en el sistema penitenciario, movilizando ataúdes de inmediato.

A partir de las 08:00, la Secretaría se activó brindando apoyo psicológico en los exteriores del CPL: y se brinda atención médica a personas privadas de libertad que sufrieron heridas. Se creó un puesto de atención móvil en coordinación con Cruz Roja y Ministerio de Salud.

Desde las 09:00. Fuerzas Armadas  desplegó aviones de la Fuerza Aérea para movilización del personal de la Policía Nacional.

En total, más de 800 efectivos policiales y militares se movilizaron hasta la cárcel de Turi.

A partir de las 11:00, se instaló un puesto de mando unificado para enfrentar la emergencia. este puesto de mando se conformó con la participación varias autoridades: Patricio Carrillo, ministro del Interior; Matías Abad, gobernador Azuay; representantes del SNAI; Comandantes de las F.F.A.A. y Policía Nacional zonales en este momento se encuentran reunidos en el Puesto de Mando Unificado. Además, al momento se desplazan al sitio el ministro de Defensa. Luis Hernández; la Secretaria de DD.HH. Bernarda Ordóñez, el secretario de Comunicación, Eduardo Bonilla y el director de SNAI, Pablo Ramírez. (JS)

TOME NOTA. Según datos oficiales del Servicio de Rehabilitación (SNAI), hasta febrero de este 2022, en ese centro estaban recluidas 1.708 personas.

TOME NOTA. El 23 de febrero de 2021 dos bandas se enfrentaron en la cárcel de Turi y dejaron 34 reclusos fallecidos, fueron decapitados, desmembrados e incinerados.